En las guerras comerciales solo hay perdedores.

Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, decidió establecer aranceles extraordinarios a las importaciones de acero (25%) y de aluminio (10%) y, con su acostumbrado desenfado, declaró que “las guerras comerciales son buenas y pueden ser ganadas”.

La medida afecta a los principales suministradores de estos productos en el mercado estadounidense, sin embargo, el más importante de ellos en ambos productos es Canadá, el cual goza junto a México, por ahora, de las ventajas del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) que aún no ha sido desmontado y cuya renegociación está empantanada. Con lo que parece que no cuenta Trump es que esta decisión afectará a las industrias norteamericanas que usan ambos productos como insumos, cuyos costos de producción se elevarán y su competitividad internacional se verá afectada.

En el caso del acero, los principales suministradores en 2017 fueron: Canadá (18,3%), Brasil (10,2%), Rusia (9,2%) y Corea del Sur (4,9%), mientras que la Unión Europea, en conjunto, suministró el 18,9% del total. En el caso del aluminio, fueron: Canadá (36,3%), China (15,1%), Rusia (7%), Emiratos Árabes Unidos (6,5%) y México (4,3%), y la Unión Europea que, en su conjunto, aportó el 8,1% del total. En principio, estos aranceles tampoco afectarían las exportaciones colombianas que en 2017 alcanzaron un valor de 159 millones de dólares para los productos de aluminio y 41,3 millones para el caso de productos de la fundición de hierro y acero ya que Colombia también cuenta con un acuerdo de libre comercio. Por otra parte, llama la atención que en 2017 las importaciones de acero representaron el 1,2% del total de importaciones de Estados Unidos y en el caso del aluminio, solo el 1,0%. Es decir, no constituyen productos que participen de forma importante en el abultado déficit comercial norteamericano que el año pasado alcanzó 862 mil millones de dólares.

La decisión ha provocado reacciones negativas tanto internas como externas. En el frente doméstico, condujo a la renuncia de su asesor económico Gary Cohn, y el desacuerdo explícito del líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan. En el externo, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, declaró que una medida de esa naturaleza encontraría una respuesta recíproca de la Unión Europea, que afectaría a diversos productos estadounidenses. Es decir, sería el inicio de una guerra comercial que enfrentaría a dos de los principales actores del comercio internacional pero que afectaría a la economía mundial en su conjunto, dados los altos niveles de internacionalización de los procesos productivos.

La experiencia histórica muestra que las guerras comerciales tienen efectos nocivos no sólo sobre el comercio sino también sobre el crecimiento y el empleo. Las políticas de “empobrecer al vecino” han terminado empobreciendo a todos, porque generan costos excesivos e ineficiencia. En las décadas de los años 80 y 90 del siglo XIX, las sucesivas guerras comerciales entre las diversas potencias europeas enrarecieron el clima internacional que, unido a sus apetitos imperialistas, condujo a la Primera Guerra Mundial de 1914-18. La promulgación en EE. UU. de la Ley Arancelaria Smooth-Hawley en 1930, en medio de la Gran Depresión, desató una guerra arancelaria con los países europeos que agravó la contracción de la economía mundial, generando solo perdedores y ningún ganador.

Finalmente, las medidas aislacionistas de Trump podrían conducir a la pérdida de liderazgo de Estados Unidos en las relaciones económicas internacionales, cediendo espacio, sobre todo, a China y a la Unión Europea, cuyas políticas económicas externas favorecen una posición más orientada al multilateralismo que inspira el sistema económico internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con ello, no hace más que desconocer las enseñanzas de la teoría económica y de la historia.

Publicado por El País de Cali, 14 de marzo de 2018.

http://www.elpais.com.co/economia/opinion-en-las-guerras-comerciales-solo-hay-perdedores.html

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Elecciones de 2018 en Cuba. Un viejo sistema en medio de nuevas realidades. Contribución al debate sobre reformas necesarias.

Han tenido lugar en Cuba las elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, integrada por 605 diputados para un período de cinco años; así como a las Asambleas Provinciales de las 15 provincias, para un período de dos años y medio.

El sistema electoral cubano establece que los electores de cada municipio eligen sus diputados dentro de una lista cerrada que es construida por una Comisión Nacional de Candidatura a partir de las propuestas de las Asambleas Municipales, así como del Partido Comunista de Cuba (PCC) y las diversas “organizaciones de masas”. Así las cosas, ningún ciudadano cubano puede presentarse como candidato a diputado de forma independiente, mucho menos representando a otro tipo de partidos u organizaciones sociales que no están permitidas. En consecuencia, este órgano, que la constitución define como el “supremo del poder del estado…” (art. 67), está compuesto por un solo color político y, lamentablemente, en lugar de ejercer rol que la constitución le da, simplemente ratifica “de manera unánime” lo que propone el PCC o el Consejo de Estado, que siempre ha estado integrado por dirigentes del PCC.

Por estas razones, esta elección no genera mayores expectativas en muchas personas, más allá del hecho de que Raúl Castro no continuará en la presidencia del Consejo de Estado y, por tanto, del Gobierno, a partir del 19 de abril de 2018, aunque seguramente continuará como Primer Secretario del Comité Central del PCC, lo cual indicaría el inicio de una transición en el liderazgo de la generación histórica que dirigió la Revolución a otra que nació con la Revolución y que en la actualidad ronda entre los 50 y 60 años de edad. Su composición no producirá una modificación en la estructura de poder del país y todo podría ser “más de lo mismo”.

Los dirigentes cubanos no han advertido o no quieren reconocer que Cuba no es la misma y siguen actuando como si Cuba todo fuera igual.

La actual dirección del país, integrada, en su mayoría, por personas de la tercera y hasta de la cuarta edad se niega a hacer profundas reformas que conduzcan a la sostenibilidad del socialismo y ha sido incapaz de producir los cambios más importantes que requiere el país desde el punto de vista político, económico y social. Si se pudiera caracterizar la dinámica del país habría que decir que la característica fundamental es el inmovilismo. La mayor parte de los lineamientos para el desarrollo económico y social aprobados en los dos últimos congresos del PCC siguen sin cumplirse, y muchos de ellos ni siquiera han comenzado a ser abordados. Algo muy parecido ocurrió en la Unión Soviética y en los países de Europa Oriental del llamado “socialismo real” en la primera mitad de los años 80 del siglo XX. El sistema centralizado estaba agonizando y los dirigentes no eran capaces de reformarlo. Esa excesiva rigidez llevó a que fuera imposible reformarlo y por eso se hundió.

Después de más de cuarenta años y teniendo en cuenta los cambios que se han producido en el mundo e incluso en la sociedad cubana, pareciera necesario producir un cambio sustancial en el ordenamiento constitucional de Cuba.

¿Cuáles serían los elementos fundamentales de una profunda reforma a la Constitución o incluso una nueva Constitución? Aquí se adelantan algunas ideas.

  1. Supresión del Artículo 5 de la Constitución en el que se consagra que “el Partido Comunista es la fuerza dirigente de la sociedad”. Ningún partido, sea cual fuere, debe tener garantizado ese reconocimiento constitucional. La forma de ganar el derecho a ejercer la dirección de una sociedad debería ser una victoria en elecciones, en las que el pueblo soberano, de forma libre, decida quien merece ese derecho. En consecuencia, deberían suprimirse las referencias de los artículos 6 y 7 que derivan del anterior. El artículo 7 debería modificarse en el sentido de que el Estado debería garantizar la libre asociación política y la igualdad de derechos a las organizaciones sociales y políticas surgidas libremente de la voluntad popular.
  2. El artículo 8 debería ser modificado, suprimiendo el adjetivo de “socialista” del Estado. El Estado no debería tener color político, debería ser, simplemente, el Estado y, en consecuencia, debería reemplazarse cualquier referencia al “Estado socialista” por el “Estado”. Creo que una modificación de esta naturaleza bien vale una pregunta de referendo, para que sea el pueblo quien decida si a estas alturas debe mantenerse o no ese apellido.
  3. En el Capítulo 1, dedicado a los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, debería considerarse el rol social de las diversas formas de propiedad, incluyendo la privada y garantizarse la inviolabilidad de todas las formas de propiedad y su protección por parte de la ley.
  4. Debería modificarse el artículo 32 que, en su inciso a), que establece que “pierde la ciudadanía cubana quien adquiere una ciudadanía extranjera”. La realidad de hoy es que gran parte de la población cubana que se ha radicado en el exterior ha adquirido otras nacionalidades. Es más, muchos cubanos residentes en Cuba han adquirido la nacionalidad española en virtud de las leyes de nacionalidad de ese país que ha amparado a los nietos de los nacidos en España. El gobierno cubano, por su parte, exige a todos los cubanos residentes en el exterior con otras nacionalidades entren a Cuba con pasaporte cubano porque ello le reporta ingresos notables al Estado cubano, cuyo pasaporte es uno de los más caros de mundo, si no el que más. Entonces, para ser coherentes, la Constitución debería reconocer la doble nacionalidad.
  5. Reforma del artículo 34 que establece que “la Familia es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer…” Esa definición es supremamente conservadora. Muchos países democráticos han dado un paso importante hacia el progresismo en el sentido de reconocer que la Familia puede ser una unión voluntariamente concertada entre dos personas. Así de sencillo.
  6. El artículo 52 debería ser modificado. En su redacción actual, ese artículo reconoce el derecho de los ciudadanos a la libertad de palabra y prensa “conforme a los fines de la sociedad socialista” y, obviamente, no aclara quien determina esos fines. Por otra parte, define en el epígrafe 2 que “la ley regula el ejercicio de estas libertades”. Ya sabemos que le ley ha establecido unas normas que impiden el libre ejercicio de estas libertades.
  7. Es necesario que se establezcan los mecanismos para cumplir el artículo 66, especialmente en lo referente a la rendición de cuentas de los elegidos ante sus electores. Hasta ahora, los únicos que rinden cuenta son los delegados municipales que son, precisamente, los que carecen de los recursos para poder ejercer su labor. Creo muy importante que los ministros del gobierno rindan cuenta de su labor , ante la Asamblea Nacional y que el gobierno en pleno lo haga y que los electores reciban rendición directa de cuentas de sus diputados. ¿Cuántas leyes propusieron? ¿Cómo votaron frente a tal o cual proyecto de ley? ¿De qué forma las “masas populares” ejercen control sobre la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta en el sistema político cubano.
  8. La Constitución define a la Asamblea Nacional como el órgano supremo del poder del Estado pero en realidad esto no es cierto. Ni siquiera el Partido Comunista lo es. El verdadero poder reside en el Buró Político del Comité Central que “recomienda” cambios de ministros y designaciones. La Asamblea Nacional, o algún diputado de forma individual, han rechazado jamás proyecto alguno presentado por el gobierno, y salvo en algunos casos específicos, no han existido debates importantes sobre leyes ni han cuestionado decisiones del Consejo de Estado, las cuales, se supone deben ser puestas a la consideración de la Asamblea. En las últimas legislaturas, la Asamblea Nacional ha dejado en manos del Consejo de Estado una importante función constitucional, la designación del Consejo de Ministros (artículo 73, inciso ll.). En realidad, sería conveniente una reforma muy profunda del sistema de instituciones gubernamentales del país. La estructura actual es muy parecida a la que existió en los países del llamado “socialismo real” pero no necesariamente debe ser la más adecuada, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones actuales del país. En principio, podría ser conveniente que los diputados a la Asamblea Nacional fueran profesionales, es decir, dedicarse plenamente a la actividad legislativa y no, como ocurre hoy día en que estas actividades son secundarias a las otras que requieren su mayor dedicación. Esa nueva Asamblea Nacional debería ser mucho más pequeña que la actual y debería ser elegida en circunscripciones uninominales, de forma que los diputados fueran directamente responsables ante sus electores. No deberían ser diputados los que desempeñen funciones ejecutivas en el Estado, el Gobierno, las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, los gobiernos territoriales, o en empresas de cualquier tipo de propiedad. En caso de que se suprima el Consejo de Estado, el Presidente debería ser elegido por sufragio universal directo y secreto por el pueblo en elecciones libres. Debería existir una separación clara de funciones entre quienes desempeñan funciones ejecutivas, legislativas, judiciales o económicas. Por otra parte, en las Provincias y los municipios deberían separarse las funciones entre el gobierno territorial y las asambleas territoriales.
  9. La Constitución debería reconocer la realidad de que casi uno de cada cinco cubanos vive en el exterior y mantiene vínculos con su país. Debería reconocerse el derecho de los cubanos residentes en el exterior a elegir y ser elegidos para las diversas posiciones electivas del país, siempre que cumplan con las leyes y con la Constitución.

Son solo algunas ideas. El país está urgido de una nueva institucionalidad que incluya a toda la Nación.

 

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Entrevista de Cuba Posible sobre el funcionamiento de la economía cubana.

  • ¿Considera Ud. que los documentos oficiales (“Lineamientos”, “Conceptualización”, y “Plan Estratégico hasta 2030”) han incorporado sustantivamente propuestas de la sociedad civil, incluyendo las provenientes de la academia?

Debido a que resido fuera de Cuba no participé en el debate como parte de institución alguna. Muchos cubanos que residimos fuera de Cuba seguimos pensando en el desarrollo de Cuba, pero no existe un canal que permita la consideración de estos criterios en el trazado de la política económica del país. Conversando con algunos colegas, me manifestaron que algunas ideas expresadas en reuniones, sobre todo en las universidades y los centros de investigación, fueron consideradas.

  • ¿Pudiera identificar el principal problema del modelo económico y social actual que debería ser resuelto de manera prioritaria y con mayor urgencia? (Por favor, identifique solo un problema).

Considero que el mecanismo de funcionamiento de la economía continúa siendo excesivamente centralizado y rígido, limitando el desarrollo de las fuerzas productivas. Las limitaciones reales que se le imponen al desarrollo de la iniciativa empresarial constituyen un obstáculo inmenso al crecimiento económico. Se están desaprovechando muchísimas oportunidades de generación de empleo formal, de posibilidades de reajuste del sistema de precios y salarios a través del mercado, de aumento de las contribuciones a través de impuestos adecuados que estimulen el progreso y no que lo obstaculicen.

En el trazado y en la gestión de la política económica subsisten innumerables dogmas que deben ser removidos si se pretende construir un país próspero y sostenible. Es necesario que las autoridades comprendan que el emprendimiento empresarial privado no es, necesariamente, enemigo del progreso, sino que puede conducir a un juego de “ganar-ganar” en el que puede ganar el país, ganar el empresario y ganar los trabajadores. En las actuales circunstancias es necesario soltar las ataduras de la mente para que el país progrese y en este sentido, creo que vale la pena plantearse la necesidad de una Ley de Empresa que regule la actividad de las empresas, y sobre todo, otorgue garantías a todas las formas de propiedad en un proyecto de país construido colectivamente y no diseñado desde arriba.

  • ¿Cuáles preguntas sobre ese problema deberían formar parte del debate público y, sin embargo, no están haciéndose?

Lo primero que me gustaría destacar es que es necesario institucionalizar el debate público con un propósito concreto. En Cuba debatimos sobre casi todo “lo humano y lo divino”, desde las tertulias beisboleras del Parque Central, hasta el arte de los bailarines del Ballet Nacional de Cuba, y en ese amplio diapasón cabe todo. Pero esos debates que ocurren en los bancos del conocido parque habanero, o en el vestíbulo del Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”, a escasos metros, no son institucionales y, de hecho, las conclusiones a las que pueda arribarse después de ellos no afectan ni una cosa ni la otra.

Sin embargo, como Cuba se define, constitucionalmente, como un país socialista y ese socialismo ya pasa de maduro (no por la cantidad de años transcurridos, sino por el avance alcanzado), se supone que deberíamos estar en una etapa en la que el Estado es de “Todo el Pueblo” y eso debería significar una inmensa libertad en el debate público sobre las cuestiones medulares de la vida nacional, sobre el sistema de gobierno que requerimos ahora y hacia el futuro (y que no necesariamente debe ser el mismo que el que existe) y, por supuesto, requiere de un debate sobre la economía y la mejor forma de conducirla hacia el objetivo estratégico de prosperidad y sostenibilidad que se declara.

Creo que hay varias preguntas concretas que deben ser mencionadas: ¿Qué es un socialismo “próspero y sostenible”? ¿Cómo se lograrán esa prosperidad y esa sostenibilidad? Algo sumamente importante… ¿Cuándo? Porque en este proceso han pasado ya varias generaciones de cubanos que han hecho inmensos sacrificios personales para un mejor futuro que, lejos de lograrse, se ve hoy mucho más difícil de alcanzar. ¿De qué forma podremos lograr que la prosperidad beneficie a la sociedad en su conjunto y no a unos cuantos? ¿Cómo vamos a incrementar el control de la sociedad sobre el desempeño de sus dirigentes y de qué forma puede empoderarse a la sociedad para revocar a los funcionarios que no cumplan adecuadamente con sus funciones? ¿Cuáles son las acciones concretas para lograr que la democracia sea realmente participativa más allá de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular? ¿De qué forma podremos exigirle a un diputado del municipio en la Asamblea Nacional por su labor en la misma? ¿Cuáles son los mecanismos que permitirán que la Asamblea Nacional sea el verdadero poder supremo y ejerza control sobre la labor del gobierno, tal y como establece la Constitución actual?

Por supuesto que hay muchas preguntas más y entre las puramente económicas me gustaría añadir: ¿De qué forma vamos a lograr que el trabajo se convierta en el principal medio para asegurar una vida digna? ¿De qué forma los ingresos obtenidos por un trabajo legal y formal pueden asegurar las necesidades de consumo y las posibilidades de ahorro e inversión de la población? ¿De qué forma y cuándo se va a eliminar la dualidad monetaria? ¿Por qué la Oficina Nacional de Estadísticas e Información no ofrece de forma libre, abierta y en tiempo adecuado las cifras de la economía nacional? ¿Por qué razón existen cifras que se esconden del escrutinio público y especialmente de los especialistas? Yo quisiera proponerle al Gobierno, desde este espacio, que convoque a una Conferencia Nacional de Economía en la que podamos participar especialistas de diversas instituciones de dentro y fuera del país, donde podamos contar con cifras para fundamentar adecuadamente nuestros análisis, y además, podamos esbozar nuestra propuesta con la libertad a la que nos convoca nuestra honestidad.

  • ¿Cuáles temas concretos pudieran funcionar mejor en Cuba como “puntos de encuentro” para atenuar las posibles discrepancias entre los diversos actores de proceso de desarrollo nacional? (Por ejemplo, las discrepancias respecto a la propiedad, el plan, el mercado, la información, o la rendición de cuentas).

Realmente, existen pocos de estos temas que permiten ciertos puntos de encuentro para atenuar las posibles diferencias entre los diversos actores del proceso de desarrollo nacional. En primer lugar, quisiera detenerme en este último concepto de “actores del proceso de desarrollo”. ¿Quiénes son o somos? ¿Los tomadores de decisión? ¿Los empresarios, cooperativistas o trabajadores por cuenta propia? ¿La academia? ¿Incluye a los que pensamos y soñamos a Cuba viviendo en otros países? Creo que en la economía moderna existe un consenso bastante generalizado, salvo la existencia de escuelas de pensamiento ubicadas en los extremos, de que en cualquier sociedad debe existir un determinado balance entre plan y mercado. Los libros de texto de Economía reconocen que el Estado debe “corregir los fallos del mercado” y el mercado los del Estado. El mercado suele ser un mecanismo eficiente de asignación de recursos, pero en muchas ocasiones genera una serie de distorsiones (como por ejemplo, las estructuras monopólicas y oligopólicas) que resultan fenómenos indeseables en una sociedad que pretenda el bienestar general.

Así las cosas, ni el mercado debe estar regido por una “mano invisible” (que en realidad es inexistente) que se supone capaz de asegurar el equilibrio, ni el Estado debe ahogar al mercado pretendiendo reemplazarlo plenamente por un plan que, en la mayoría de los casos, resulta muy imperfecto por la imposibilidad real de planificar hasta el mínimo detalle las cuestiones microeconómicas de la economía. El plan es imprescindible para definir las líneas estratégicas del desarrollo, para concebir qué debe hacerse, cómo debe hacerse y con qué debe hacerse, pero a nivel de la sociedad en su conjunto y de los territorios. Pretender que desde el centro del gobierno se puede planificar el detalle microeconómico de la actividad empresarial es un error, probado históricamente.

Entonces, es posible ubicar un punto de encuentro entre un mercado regulado y un plan debidamente fundamentado. La información es fundamental: debe ser transparente y constituir un derecho de la sociedad. Uno de los aspectos más controversiales que se critican a las economías de mercado en la actualidad es el de las asimetrías de información que permiten a ciertos actores del mercado obtener una ventaja que les conduce a ganancias extraordinarias. ¿Es correcto que en una sociedad socialista existan asimetrías de información que enmascaren u oculten la situación económica real del país? ¿Si todos somos propietarios, lo cual nos hace “accionistas”, por igual, de esa sociedad llamada Cuba, por qué unos, muy pocos realmente, saben cuál es la magnitud de las reservas internacionales y la inmensa mayoría de la población, entre ellos los especialistas en Economía, no lo sabemos?

O, ¿por qué los anuarios estadísticos publican la Balanza de Pagos en un nivel tal de agregación y con tal nivel de desactualización que no nos permite hacer análisis sobre la posición externa del país? Esto, solo para mencionar un par de ejemplos. Yo, como cubano, no puedo aceptar que me digan que unos, los que piensan y deciden por todos nosotros, son los que deben contar con toda la información para que todos los demás aceptemos como “verdad indiscutible” lo que deciden por nosotros. Yo creo que en este punto es muy difícil el “encuentro”. Lo mismo en el tema de la propiedad. Uno de los problemas más graves que ha tenido el “socialismo realmente existente” es el de la realización de la propiedad social. La realización de la propiedad privada en el capitalismo, dice la teoría marxista, se realiza a través de la ley de la plusvalía. Los manuales de del socialismo, muchos de ellos redactados con mucha propaganda y poca cientificidad, declaraban que la ley fundamental del socialismo era la “satisfacción creciente de las necesidades de la sociedad”.

Ya todos sabemos a dónde fue a parar ese socialismo en la década de los años 90 del siglo pasado, y en lo que respecta a Cuba, es evidente que estamos muy lejos de una satisfacción creciente de las necesidades de la sociedad, sino todo lo contrario. En la práctica, en el socialismo se ha pretendido identificar propiedad social con propiedad estatal cuando la sociedad, supuestamente propietaria de todos los medios de producción, carece de mecanismo alguno, en las actuales condiciones, para el control de la gestión de dicha propiedad, ni recibe “rendición de cuentas” sobre dicha gestión.

Producir un debate abierto, libre de dogmas ideológicos, sería un buen comienzo para un encuentro porque creo que estas cuestiones son medulares y podrían orientar el debate público sobre el tipo de sociedad, insisto, que queremos y podemos construir “con todos y para el bien de todos”, como dijera Martí.

Tomado de Cuba Posible, 1 de febrero de 2018. https://cubaposible.com/mauricio-miranda-funcionamiento-la-economia-continua-siendo-excesivamente-centralizado-rigido-limitando-desarrollo-las-fuerzas-productivas/

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Entrevista de “Cuba Posible” sobre el emprendimiento y el papel de los sectores público y privado en la economía cubana actual.

¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector público” y de un “sector privado” en Cuba?  

El sector privado, como tal, no es reconocido aún con la fuerza necesaria en los principales documentos programáticos de la economía cubana. Se habla eufemísticamente del “sector no estatal”, en el que se engloban el sector privado, el sector de propiedad mixta y el cooperativo. Considero que falta un reconocimiento claro de las ventajas posibles que puede tener para la economía cubana un sector privado pujante, con responsabilidad social, y comprometido con el desarrollo económico del país. En la “Conceptualización” se define que la propiedad privada tendría un “papel complementario” y los actores económicos del sector privado se definen como un “elemento complementario, facilitador de bienestar…” Por otra parte, se establece una limitación al tamaño de las empresas de esta naturaleza a nivel de microempresa y empresas de pequeña y mediana escala. En declaraciones de varios de los principales dirigentes del país se ha dicho, insistentemente, que en Cuba se mantendría el predominio absoluto del sector estatal en la economía y, con esto, la estrategia económica oficial cubana se ha desmarcado de la que siguieron, en su momento, China y Vietnam, países en los que existe un muy pujante sector privado en la economía, con una contribución notable al empleo y al crecimiento económico. En tal sentido, es evidente que los documentos programáticos sobre el modelo económico y social cubano otorgan solo un papel complementario y subordinado al sector privado, desconociendo el rol que podría desarrollar, tanto en la generación del crecimiento económico, el empleo, así como en la generación de recursos fiscales adicionales que podrían revertirse en el bienestar de la población.

Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social? 

No cabe duda de que la existencia del sector privado genera diferenciación social. En principio, esto no tiene que ser considerado como algo negativo si no llega a niveles escandalosos; sobre todo si esta diferenciación se produce en condiciones de igualdad de oportunidades. Yo no considero negativo que el emprendimiento sea premiado con un mayor bienestar si ello también está representando un riesgo para el emprendedor. Sin embargo, la teoría económica enseña que la diferenciación social es uno de esos “fallos del mercado” que puede ser corregido por la actividad reguladora del Estado. Con una adecuada política impositiva el Estado debe captar recursos sin desestimular el emprendimiento, y al mismo tiempo, producir la redistribución de la riqueza a través de los mecanismos del gasto público, así como mediante la provisión de bienes públicos y servicios sociales. En tal sentido, una mayor dinámica del sector privado, requiere de un funcionamiento mucho más libre de diversos mercados tales como el mercado laboral, el mercado mayorista, el mercado minorista de bienes y servicios, inmobiliario, financiero, entre otros. Estos mercados pueden funcionar libremente pero con regulación estatal. Es necesario hacer distinción entre actividad reguladora y actividad controladora del Estado. Bienvenida una regulación adecuada, pero no un excesivo control que estrangule la iniciativa empresarial.

En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la equidad social? 

Recuerdo que cuando estuve en Vietnam por primera vez, en 2010, notamos la diferencia abismal en la calidad de los servicios en los hoteles privados y los que pertenecían al Estado, siendo muchísimo mejores los privados. La equidad social puede lograrse con políticas regulatorias claras. Con un sistema de impuestos eficaz que combine la necesidad de recaudación con el estímulo a la actividad económica. Así, en la medida que esta progrese, el Estado dispondría de recursos para redistribuir. Redistribuir riqueza con un criterio sensato es mucho mejor que redistribuir pobreza. Y el criterio sensato es aquel que busca evitar la pobreza crítica y reducir la pobreza en general, sin que se limite o coarte el enriquecimiento lícito. En Cuba, lamentablemente, el enriquecimiento es mal considerado y, a menudo, perseguido; no debería ser así si este es el resultado del esfuerzo, la iniciativa y el emprendimiento. La prosperidad es una aspiración humana natural y si esta es el resultado del esfuerzo, el ingenio o el emprendimiento (y no de la explotación de sus semejantes), debería ser bienvenida. Para ello, sería necesario establecer un marco legal que garantice la prosperidad en igualdad de condiciones y no uno que permita que unos lo logren con prebendas y “contactos” e incluso “vínculos familiares” y otros no tengan acceso a esa posible prosperidad por carecer de estos.

Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual “impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía‒ para asegurar que el sector privado pudiese cumplir su función en un modelo socialista “actualizado”? 

No cabe duda que el desarrollo del sector privado tendrá un impacto político en el país. Como contra-argumento podría citarse el caso de China y de Vietnam, países en los que el sector privado es pujante y esto no ha significado un reto político al control hegemónico de los respectivos Partidos Comunistas en el poder. Sin embargo, políticamente, ambas sociedades han cambiado. En el XVI Congreso del Partido Comunista Chino (2002), el entonces máximo dirigente, Jiang Zemin, lanzó la peregrina teoría de los Tres Representantes, que servía para justificar la inclusión de la naciente clase empresarial privada china, formada por hombres y mujeres de negocios, dentro del Partido Comunista, asumiendo que esta fuerza política está en capacidad de aglutinar, como partido, a todas las fuerzas sociales chinas. En el fondo, Jiang estaba actualizando la idea de Mao Zedong sobre la “Nueva Democracia”, con la cual fundamentó la composición social de las fuerzas que llevaron a cabo la revolución china. No obstante, es una realidad que la diferente posición frente a la propiedad de los medios de producción suele condicionar los intereses económicos y políticos en cualquier sociedad. Lo que ha sucedido en China y en Vietnam es que la naciente clase empresarial se ha “acomodado” a las condiciones que les ofrecen ambos gobiernos que toleran su enriquecimiento, a veces no precisamente garantizando derechos laborales, a cambio de la aceptación tranquila por parte de dicha clase de las reglas del juego y las limitaciones impuestas por el sistema político y la inamovilidad de este. ¿Es eso lo que yo desearía para Cuba? Mi respuesta es NO. De hecho, no creo que la existencia de un sistema político basado en el monopolio del poder político por parte de un partido, llámese como se llame, tenga la ideología que tenga, sea el mejor sistema político para Cuba, sobre todo si ese partido no es realmente democrático en su vida interna.

La sociedad moderna se vuelve cada vez más plural y esa pluralidad se traduce en todas las áreas de la vida humana, desde la cultura al pensamiento y a la actividad política misma. Esta realidad puede ser negada hasta un momento en el que cobra toda su dimensión y no siempre se canaliza por los cauces adecuados. Por eso, lo más inteligente es asumir las nuevas realidades políticas y actuar en consecuencia. Una sociedad en la que el sector privado tenga una presencia más dinámica en la economía se traducirá en la necesidad de reconocer la diversidad política porque el Estado (dominado hegemónicamente por una fuerza política hasta el momento) carecería de los recursos para mantener su actual control excesivo sobre la vida de los individuos. Y, con toda sinceridad, considero que esa pluralidad debería ser bienvenida, aunque ello implique una nueva correlación de fuerzas en la sociedad.

A fin de cuentas, es a la sociedad a quien le corresponde decidir qué sistema político es el mejor para cada país y, para ello, debe poderse expresar de forma libre. Respecto al tema del “modelo socialista actualizado” creo que es un tópico que aún debe ser discutido más abiertamente. En mi opinión, este no es un tema agotado. En la lógica conceptual que se nos presenta en el discurso oficial, el “socialismo” se asume como un sistema en el que predomina la propiedad social y se hace una identidad conceptual entre propiedad social y propiedad estatal, a partir de considerar al Estado “socialista” como “Estado de todo el pueblo”. Esa lógica tiene un punto débil que tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales esa propiedad social se realiza. Si no existen en la sociedad mecanismos de control y supervisión social sobre la forma en la que se administra esa propiedad social que, aparentemente, es “de todos”, la propiedad termina siendo “de nadie” y, en consecuencia, es pasto de la negligencia, el derroche, la dilapidación y la ineficiencia.

Mi idea del socialismo no es la de un socialismo “estatista”, sino de una sociedad en la que el Estado represente los intereses de todo el pueblo y este último posea los mecanismos para controlar y fiscalizar la administración de la propiedad de toda la sociedad. Y para ello, la sociedad debe contar con los mecanismos para elegir y revocar libremente a quienes van a administrar la propiedad del pueblo en su nombre. Mi idea del socialismo es la de una sociedad que encuentre el camino del progreso y de la prosperidad en libertad, en la que se reconozca el emprendimiento, la iniciativa, el esfuerzo y, al mismo tiempo, se asegure la vida digna de los desvalidos y en la que se reconozca y se respete la diferencia. Con toda sinceridad, no creo que estas ideas queden así de claras en la “conceptualización” del modelo socialista cubano. De hecho, según lo veo, estamos bastante lejos de ello. No digo que esta idea sea la “verdad absoluta”, pero me gustaría poder discutirla y argumentar mi punto de vista.

Tomado de “Cuba Posible”. https://cubaposible.com/mauricio-de-miranda-entrevista-emprendimiento/

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La Alianza del Pacífico: una ventana de oportunidades para Colombia.

La Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, México, Chile y Perú es, probablemente, el más efectivo vehículo de integración subregional en América Latina y el Caribe en la actualidad. Este grupo de países han ido avanzando en la dirección de la liberalización comercial, así como en otro tipo de acuerdos, como es el caso del uso común de embajadas y de los programas de intercambio académico, entre otros. Para los cuatro países miembros, resultaba una prioridad aunar esfuerzos para lograr una más eficaz inserción económica en la región del Asia y el Pacífico, la cual, como es sabido, es la de más rápido crecimiento económico en el mundo y crece aceleradamente su participación tanto en las corrientes de comercio como en las de inversión mundial.

Los cuatro países, en su política comercial, comparten un interés aperturista en sus relaciones económicas internacionales, buscando aprovechar las ventajas de la especialización productiva. Sin embargo, salvo México, los otros tres participan el comercio internacional en general y en el comercio con Asia, en particular, con un patrón de especialización que ilustra su menor desarrollo económico, es decir, son exportadores, fundamentalmente, de productos primarios, de escaso valor agregado y que, en la actualidad, muestran una tendencia hacia la baja en sus precios de exportación, lo cual ha deteriorado sus balanzas de pagos y en consecuencia, sus reservas internacionales y el valor relativo de sus monedas.

Desde hace algún tiempo se ha advertido que, estratégicamente, Colombia debería enfocarse más en sus relaciones con Asia. Existen inmensas oportunidades en las relaciones económicas con esta región. Colombia, junto con México, son los países con menor número de acuerdos comerciales con países de la región. En el caso mexicano esto se explica, quizás, por la altísima concentración de su comercio con Estados Unidos y Canadá, pero Colombia tiene relaciones mucho más diversificadas pero orientadas sobre todo hacia el Océano Atlántico. Perú y Chile, en cambio, han incrementado, sostenidamente, sus relaciones con Asia y en el caso chileno, incluso se observa un superávit comercial con esa región geográfica.

En los próximos días, se celebrará en Cali la cumbre de la Alianza del Pacífico y en tal sentido, la ciudad debería, a partir de ahora, asumir un liderazgo en la inserción económica de Colombia en las corrientes de inversión y comercio de esa región. Esta es una labor que requiere del trabajo conjunto y eficaz de los gobiernos nacional y locales, la academia y el sector empresarial. Es necesario avanzar en el desarrollo de la infraestructura, tanto vial como tecnológica; en la adecuada conexión del puerto de Buenaventura con los principales centros urbanos e industriales del país. Es necesario que el gobierno genere los incentivos necesarios para promover las exportaciones con valor agregado hacia el Asia. De forma especial, resulta un imperativo desarrollar a Buenaventura, no solo como un mejor puerto, sino como una mejor ciudad-puerto, tal y como ha ocurrido en los casos de Tianjín en China, Incheón en Corea del Sur, e incluso en Valparaíso y Callao en Chile y Perú, respectivamente. Un puerto desarrollado no puede ser un simple enclave en una ciudad muy subdesarrollada. La empresa privada debe entender que la región asiática, en estos momentos, ofrece mejores perspectivas como fuente de inversión extranjera directa y como mercado en crecimiento, porque muestra una mejor situación financiera externa, mayor capacidad de compra y mayor ritmo de crecimiento. La academia tiene la inmensa responsabilidad de generar conocimiento y apoyar con éste las gestiones del gobierno y la empresa privada en el acercamiento al Asia y en ello, puede actuar con sus pares de la Alianza del Pacífico. Esta debe ser una labor mancomunada. Las oportunidades están claras, solo falta andar con pie firme.

Publicado por El País, de Cali, el 25 de junio de 2017.

http://www.elpais.com.co/economia/columna-de-opinion-ventana-de-oportunidades.html

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Los mitos de la devaluación y las exportaciones de Colombia.

Entre los años 2010 y 2014 la economía colombiana se vio beneficiada en sus ingresos en divisas por el “boom” de precios del petróleo y de otras materias primas, especialmente minerales, impulsados por la demanda creciente de las economías emergentes en proceso de industrialización.

Con unos precios entre 98 y 110 dólares por barril, como promedio anual, las exportaciones colombianas crecieron de 39,7 mil millones de dólares en 2010 a un tope de 60,1 mil millones en 2012. En 2013 y 2014, comienza un descenso moderado de los precios del crudo y, en consecuencia, también se reducen las exportaciones, y posteriormente, los precios del crudo mostraron una profunda caída, que condujo a niveles de exportaciones de 35,9 mil millones en 2015 y 31,3 mil millones en 2016.

Mientras duró la bonanza petrolera aumentó el interés inversionista extranjero en el país. Estos factores, junto a un mayor dinamismo del consumo y de la inversión doméstica, contribuyeron a resultados positivos de crecimiento económico, lográndose un 4,1% promedio anual entre 2010 y 2016.

En las condiciones del sistema monetario actual, el incremento de las exportaciones y de la inversión extranjera directa (IED) favorecen a una apreciación de la moneda, siempre que no actúen factores en contravía. Así, el peso colombiano mostró una tendencia a la apreciación entre 2010 y 2012, pasando de 1.899 pesos promedio anual por dólar a 1.798 en 2012.

En 2013 y 2014, comenzó una moderada depreciación y en 2015 y 2016, se produjo una abrupta pérdida de su capacidad adquisitiva, alcanzando valores promedio de 2.741 pesos por dólar en 2015 y de 3.055 en 2016.

Se hace evidente la relación. El incremento de los precios del petróleo condujo a un incremento de las exportaciones, el país se volvió atractivo a la inversión extranjera directa, se incrementaron las reservas monetarias internacionales y todo esto fortaleció el peso.

Ante tal circunstancia, se desataron las alarmas; comenzaron las preocupaciones del sector exportador debido a que las exportaciones se encarecían en dólares y perdían competitividad internacional. Lo que no se tenía en cuenta, por entonces, era que a otros países similares a Colombia les estaba ocurriendo lo mismo.

Al producirse la violenta caída de los precios del crudo a partir de 2015, cayeron abruptamente las exportaciones colombianas, se contrajo la IED, especialmente la que se dirigía a este sector y, en consecuencia, la moneda colombiana perdió el 41% de su valor promedio anual entre 2012 y 2016.

Si nos atenemos a la teoría según la cual, una depreciación de la moneda nacional potencia la competitividad de los bienes exportables, por hacerlos más baratos en dólares, entonces las exportaciones, especialmente las no tradicionales, deberían incrementarse. Sin embargo, ha ocurrido precisamente lo contrario. No solo se han contraído las exportaciones petroleras, debido a la caída de la demanda internacional, sino que también se han reducido las exportaciones no tradicionales, que en 2012 estaban en 17,9 mil millones de dólares y en 2016 solo registraron 13,5 mil millones.

En efecto, la devaluación del peso no ha conducido a un incremento de las exportaciones ni a un mejoramiento de la competitividad en precios de la oferta exportable del país debido a que lo que ocurre, en realidad, es que los exportadores obtienen más pesos por cada dólar vendido cuando esto ocurre y en ello reside su ganancia extraordinaria.

Por otra parte, la depreciación de la moneda nacional desestimula la inversión extranjera porque las utilidades obtenidas en pesos se convertirán en menos dólares. De igual forma, las importaciones sí que se encarecen con una tasa de cambio más alta. Si la industria nacional no produce bienes que sustituyan estas importaciones entonces éstas serán más caras y los mayores costos de los bienes importados impulsan la inflación. En la misma dirección se incrementa el valor en pesos de la deuda externa, del servicio de la misma, así como de los pagos por servicios comerciales, financieros y profesionales recibidos. En resumen, se deteriora la posición financiera externa del país y ello se traduce en una pérdida en la confianza en su futuro económico.

La más importante lección de este proceso es que la verdadera competitividad de los bienes exportables no se obtiene por vía cambiaria sino mejorando la calidad y la productividad de los procesos productivos. Los ejemplos de Alemania y Japón en las décadas de los años 60’s y 70’s del siglo XX lo demuestran. Ambos países incrementaron notablemente sus exportaciones con monedas que se apreciaban debido al eficaz desempeño de sus respectivos sectores industriales y al fortalecimiento de su posición externa.

Publicado por El País, de Cali, el 14 de junio de 2017. 

http://www.elpais.com.co/economia/opinion-mitos-de-la-devaluacion-y-las-exportaciones-de-colombia.html

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Fidel: entre luces y sombras.

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Fidel Castro ha muerto. Analizar su legado, será una obra titánica que rebasa las posibilidades de este espacio. Su nombre y su obra provocan odios y pasiones, y en medio de ambos extremos, todas las posiciones posibles. Como político, supo interpretar con una habilidad innegable, su momento histórico. Enfrentó a la dictadura de Batista, con el apoyo mayoritario del pueblo. Defendió la Constitución de 1940 para luego enterrarla cuando asumió el poder. La Revolución que dirigió fue, desde sus inicios, de carácter democrático, pero ya en el poder, en la cúspide de la popularidad, dijo: “elecciones para qué” y dio comienzo a la más larga dictadura de la historia de Cuba y del mundo, la cual, por cierto, no termina con su muerte.

Bajo su gobierno, Cuba alcanzó notoriedad internacional. Fue el primer país que se enfrentó a la dominación norteamericana con un inestimable costo social y humano. Ejerció una influencia decisiva en los movimientos revolucionarios e izquierdistas en América Latina. Fue un factor decisivo en el apoyo a los movimientos de liberación nacional de África (que, luego, en el poder, derivaron en corruptas dinastías políticas). Cuba fue, sin duda, uno de los principales escenarios de la Guerra Fría.

Como gobernante, realizó importantes transformaciones sociales, pero apabulló gran parte de los derechos civiles. Así, se produjo la pérdida de una serie de derechos de los que gozaba la población cubana. Se prohibió la libertad de asociación política, se restringieron las libertades de viaje (recuperadas solo hace pocos años), se cercenaron las libertades de expresión y de pensamiento, se reprimió a homosexuales y religiosos, y se impuso el monopolio de la ideología dominante a través del gobierno de un partido único que tampoco ha sido democrático.

Fue un gobernante autoritario y autocrático. El Estado era Él. Su visión idealista condujo a múltiples errores de política económica que trajeron como consecuencia el empobrecimiento del país, al punto de que en la actualidad, si no se produce una profunda reforma económica serán insostenibles los sistemas de educación y salud, que han sido, históricamente, los puntales del régimen.

En su vida política, subordinó el desarrollo económico, las libertades públicas, e incluso el bienestar de la población a su apego al poder político. Su intolerancia y su absolutismo, produjeron una fractura imborrable en la Nación cubana. Millones de cubanos nos vimos en la necesidad de buscar otros horizontes porque nuestra hermosa isla se nos volvió imposible para vivir. En más de cinco décadas, casi todas las familias, incluida la de Él, se disgregaron por el mundo, haciendo de nuestro pueblo una especie de paria contemporáneo.

Cuba merece un nuevo amanecer en el que tomemos debida nota de nuestra historia pero seamos capaces de construir un futuro diferente, democrático, plural, en el que escojamos libremente a nuestros dirigentes y podamos hacer consensos desde enfoques distintos para bien del país y no tengamos que esperar a que ocurran los funerales para decidir nuestro propio destino.

Tomado de El País, Cali, 28 de noviembre de 2016, página 3.

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