Entrevista de “Cuba Posible” sobre el emprendimiento y el papel de los sectores público y privado en la economía cubana actual.

¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector público” y de un “sector privado” en Cuba?  

El sector privado, como tal, no es reconocido aún con la fuerza necesaria en los principales documentos programáticos de la economía cubana. Se habla eufemísticamente del “sector no estatal”, en el que se engloban el sector privado, el sector de propiedad mixta y el cooperativo. Considero que falta un reconocimiento claro de las ventajas posibles que puede tener para la economía cubana un sector privado pujante, con responsabilidad social, y comprometido con el desarrollo económico del país. En la “Conceptualización” se define que la propiedad privada tendría un “papel complementario” y los actores económicos del sector privado se definen como un “elemento complementario, facilitador de bienestar…” Por otra parte, se establece una limitación al tamaño de las empresas de esta naturaleza a nivel de microempresa y empresas de pequeña y mediana escala. En declaraciones de varios de los principales dirigentes del país se ha dicho, insistentemente, que en Cuba se mantendría el predominio absoluto del sector estatal en la economía y, con esto, la estrategia económica oficial cubana se ha desmarcado de la que siguieron, en su momento, China y Vietnam, países en los que existe un muy pujante sector privado en la economía, con una contribución notable al empleo y al crecimiento económico. En tal sentido, es evidente que los documentos programáticos sobre el modelo económico y social cubano otorgan solo un papel complementario y subordinado al sector privado, desconociendo el rol que podría desarrollar, tanto en la generación del crecimiento económico, el empleo, así como en la generación de recursos fiscales adicionales que podrían revertirse en el bienestar de la población.

Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social? 

No cabe duda de que la existencia del sector privado genera diferenciación social. En principio, esto no tiene que ser considerado como algo negativo si no llega a niveles escandalosos; sobre todo si esta diferenciación se produce en condiciones de igualdad de oportunidades. Yo no considero negativo que el emprendimiento sea premiado con un mayor bienestar si ello también está representando un riesgo para el emprendedor. Sin embargo, la teoría económica enseña que la diferenciación social es uno de esos “fallos del mercado” que puede ser corregido por la actividad reguladora del Estado. Con una adecuada política impositiva el Estado debe captar recursos sin desestimular el emprendimiento, y al mismo tiempo, producir la redistribución de la riqueza a través de los mecanismos del gasto público, así como mediante la provisión de bienes públicos y servicios sociales. En tal sentido, una mayor dinámica del sector privado, requiere de un funcionamiento mucho más libre de diversos mercados tales como el mercado laboral, el mercado mayorista, el mercado minorista de bienes y servicios, inmobiliario, financiero, entre otros. Estos mercados pueden funcionar libremente pero con regulación estatal. Es necesario hacer distinción entre actividad reguladora y actividad controladora del Estado. Bienvenida una regulación adecuada, pero no un excesivo control que estrangule la iniciativa empresarial.

En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la equidad social? 

Recuerdo que cuando estuve en Vietnam por primera vez, en 2010, notamos la diferencia abismal en la calidad de los servicios en los hoteles privados y los que pertenecían al Estado, siendo muchísimo mejores los privados. La equidad social puede lograrse con políticas regulatorias claras. Con un sistema de impuestos eficaz que combine la necesidad de recaudación con el estímulo a la actividad económica. Así, en la medida que esta progrese, el Estado dispondría de recursos para redistribuir. Redistribuir riqueza con un criterio sensato es mucho mejor que redistribuir pobreza. Y el criterio sensato es aquel que busca evitar la pobreza crítica y reducir la pobreza en general, sin que se limite o coarte el enriquecimiento lícito. En Cuba, lamentablemente, el enriquecimiento es mal considerado y, a menudo, perseguido; no debería ser así si este es el resultado del esfuerzo, la iniciativa y el emprendimiento. La prosperidad es una aspiración humana natural y si esta es el resultado del esfuerzo, el ingenio o el emprendimiento (y no de la explotación de sus semejantes), debería ser bienvenida. Para ello, sería necesario establecer un marco legal que garantice la prosperidad en igualdad de condiciones y no uno que permita que unos lo logren con prebendas y “contactos” e incluso “vínculos familiares” y otros no tengan acceso a esa posible prosperidad por carecer de estos.

Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual “impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía‒ para asegurar que el sector privado pudiese cumplir su función en un modelo socialista “actualizado”? 

No cabe duda que el desarrollo del sector privado tendrá un impacto político en el país. Como contra-argumento podría citarse el caso de China y de Vietnam, países en los que el sector privado es pujante y esto no ha significado un reto político al control hegemónico de los respectivos Partidos Comunistas en el poder. Sin embargo, políticamente, ambas sociedades han cambiado. En el XVI Congreso del Partido Comunista Chino (2002), el entonces máximo dirigente, Jiang Zemin, lanzó la peregrina teoría de los Tres Representantes, que servía para justificar la inclusión de la naciente clase empresarial privada china, formada por hombres y mujeres de negocios, dentro del Partido Comunista, asumiendo que esta fuerza política está en capacidad de aglutinar, como partido, a todas las fuerzas sociales chinas. En el fondo, Jiang estaba actualizando la idea de Mao Zedong sobre la “Nueva Democracia”, con la cual fundamentó la composición social de las fuerzas que llevaron a cabo la revolución china. No obstante, es una realidad que la diferente posición frente a la propiedad de los medios de producción suele condicionar los intereses económicos y políticos en cualquier sociedad. Lo que ha sucedido en China y en Vietnam es que la naciente clase empresarial se ha “acomodado” a las condiciones que les ofrecen ambos gobiernos que toleran su enriquecimiento, a veces no precisamente garantizando derechos laborales, a cambio de la aceptación tranquila por parte de dicha clase de las reglas del juego y las limitaciones impuestas por el sistema político y la inamovilidad de este. ¿Es eso lo que yo desearía para Cuba? Mi respuesta es NO. De hecho, no creo que la existencia de un sistema político basado en el monopolio del poder político por parte de un partido, llámese como se llame, tenga la ideología que tenga, sea el mejor sistema político para Cuba, sobre todo si ese partido no es realmente democrático en su vida interna.

La sociedad moderna se vuelve cada vez más plural y esa pluralidad se traduce en todas las áreas de la vida humana, desde la cultura al pensamiento y a la actividad política misma. Esta realidad puede ser negada hasta un momento en el que cobra toda su dimensión y no siempre se canaliza por los cauces adecuados. Por eso, lo más inteligente es asumir las nuevas realidades políticas y actuar en consecuencia. Una sociedad en la que el sector privado tenga una presencia más dinámica en la economía se traducirá en la necesidad de reconocer la diversidad política porque el Estado (dominado hegemónicamente por una fuerza política hasta el momento) carecería de los recursos para mantener su actual control excesivo sobre la vida de los individuos. Y, con toda sinceridad, considero que esa pluralidad debería ser bienvenida, aunque ello implique una nueva correlación de fuerzas en la sociedad.

A fin de cuentas, es a la sociedad a quien le corresponde decidir qué sistema político es el mejor para cada país y, para ello, debe poderse expresar de forma libre. Respecto al tema del “modelo socialista actualizado” creo que es un tópico que aún debe ser discutido más abiertamente. En mi opinión, este no es un tema agotado. En la lógica conceptual que se nos presenta en el discurso oficial, el “socialismo” se asume como un sistema en el que predomina la propiedad social y se hace una identidad conceptual entre propiedad social y propiedad estatal, a partir de considerar al Estado “socialista” como “Estado de todo el pueblo”. Esa lógica tiene un punto débil que tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales esa propiedad social se realiza. Si no existen en la sociedad mecanismos de control y supervisión social sobre la forma en la que se administra esa propiedad social que, aparentemente, es “de todos”, la propiedad termina siendo “de nadie” y, en consecuencia, es pasto de la negligencia, el derroche, la dilapidación y la ineficiencia.

Mi idea del socialismo no es la de un socialismo “estatista”, sino de una sociedad en la que el Estado represente los intereses de todo el pueblo y este último posea los mecanismos para controlar y fiscalizar la administración de la propiedad de toda la sociedad. Y para ello, la sociedad debe contar con los mecanismos para elegir y revocar libremente a quienes van a administrar la propiedad del pueblo en su nombre. Mi idea del socialismo es la de una sociedad que encuentre el camino del progreso y de la prosperidad en libertad, en la que se reconozca el emprendimiento, la iniciativa, el esfuerzo y, al mismo tiempo, se asegure la vida digna de los desvalidos y en la que se reconozca y se respete la diferencia. Con toda sinceridad, no creo que estas ideas queden así de claras en la “conceptualización” del modelo socialista cubano. De hecho, según lo veo, estamos bastante lejos de ello. No digo que esta idea sea la “verdad absoluta”, pero me gustaría poder discutirla y argumentar mi punto de vista.

Tomado de “Cuba Posible”. https://cubaposible.com/mauricio-de-miranda-entrevista-emprendimiento/

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La Alianza del Pacífico: una ventana de oportunidades para Colombia.

La Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, México, Chile y Perú es, probablemente, el más efectivo vehículo de integración subregional en América Latina y el Caribe en la actualidad. Este grupo de países han ido avanzando en la dirección de la liberalización comercial, así como en otro tipo de acuerdos, como es el caso del uso común de embajadas y de los programas de intercambio académico, entre otros. Para los cuatro países miembros, resultaba una prioridad aunar esfuerzos para lograr una más eficaz inserción económica en la región del Asia y el Pacífico, la cual, como es sabido, es la de más rápido crecimiento económico en el mundo y crece aceleradamente su participación tanto en las corrientes de comercio como en las de inversión mundial.

Los cuatro países, en su política comercial, comparten un interés aperturista en sus relaciones económicas internacionales, buscando aprovechar las ventajas de la especialización productiva. Sin embargo, salvo México, los otros tres participan el comercio internacional en general y en el comercio con Asia, en particular, con un patrón de especialización que ilustra su menor desarrollo económico, es decir, son exportadores, fundamentalmente, de productos primarios, de escaso valor agregado y que, en la actualidad, muestran una tendencia hacia la baja en sus precios de exportación, lo cual ha deteriorado sus balanzas de pagos y en consecuencia, sus reservas internacionales y el valor relativo de sus monedas.

Desde hace algún tiempo se ha advertido que, estratégicamente, Colombia debería enfocarse más en sus relaciones con Asia. Existen inmensas oportunidades en las relaciones económicas con esta región. Colombia, junto con México, son los países con menor número de acuerdos comerciales con países de la región. En el caso mexicano esto se explica, quizás, por la altísima concentración de su comercio con Estados Unidos y Canadá, pero Colombia tiene relaciones mucho más diversificadas pero orientadas sobre todo hacia el Océano Atlántico. Perú y Chile, en cambio, han incrementado, sostenidamente, sus relaciones con Asia y en el caso chileno, incluso se observa un superávit comercial con esa región geográfica.

En los próximos días, se celebrará en Cali la cumbre de la Alianza del Pacífico y en tal sentido, la ciudad debería, a partir de ahora, asumir un liderazgo en la inserción económica de Colombia en las corrientes de inversión y comercio de esa región. Esta es una labor que requiere del trabajo conjunto y eficaz de los gobiernos nacional y locales, la academia y el sector empresarial. Es necesario avanzar en el desarrollo de la infraestructura, tanto vial como tecnológica; en la adecuada conexión del puerto de Buenaventura con los principales centros urbanos e industriales del país. Es necesario que el gobierno genere los incentivos necesarios para promover las exportaciones con valor agregado hacia el Asia. De forma especial, resulta un imperativo desarrollar a Buenaventura, no solo como un mejor puerto, sino como una mejor ciudad-puerto, tal y como ha ocurrido en los casos de Tianjín en China, Incheón en Corea del Sur, e incluso en Valparaíso y Callao en Chile y Perú, respectivamente. Un puerto desarrollado no puede ser un simple enclave en una ciudad muy subdesarrollada. La empresa privada debe entender que la región asiática, en estos momentos, ofrece mejores perspectivas como fuente de inversión extranjera directa y como mercado en crecimiento, porque muestra una mejor situación financiera externa, mayor capacidad de compra y mayor ritmo de crecimiento. La academia tiene la inmensa responsabilidad de generar conocimiento y apoyar con éste las gestiones del gobierno y la empresa privada en el acercamiento al Asia y en ello, puede actuar con sus pares de la Alianza del Pacífico. Esta debe ser una labor mancomunada. Las oportunidades están claras, solo falta andar con pie firme.

Publicado por El País, de Cali, el 25 de junio de 2017.

http://www.elpais.com.co/economia/columna-de-opinion-ventana-de-oportunidades.html

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Los mitos de la devaluación y las exportaciones de Colombia.

Entre los años 2010 y 2014 la economía colombiana se vio beneficiada en sus ingresos en divisas por el “boom” de precios del petróleo y de otras materias primas, especialmente minerales, impulsados por la demanda creciente de las economías emergentes en proceso de industrialización.

Con unos precios entre 98 y 110 dólares por barril, como promedio anual, las exportaciones colombianas crecieron de 39,7 mil millones de dólares en 2010 a un tope de 60,1 mil millones en 2012. En 2013 y 2014, comienza un descenso moderado de los precios del crudo y, en consecuencia, también se reducen las exportaciones, y posteriormente, los precios del crudo mostraron una profunda caída, que condujo a niveles de exportaciones de 35,9 mil millones en 2015 y 31,3 mil millones en 2016.

Mientras duró la bonanza petrolera aumentó el interés inversionista extranjero en el país. Estos factores, junto a un mayor dinamismo del consumo y de la inversión doméstica, contribuyeron a resultados positivos de crecimiento económico, lográndose un 4,1% promedio anual entre 2010 y 2016.

En las condiciones del sistema monetario actual, el incremento de las exportaciones y de la inversión extranjera directa (IED) favorecen a una apreciación de la moneda, siempre que no actúen factores en contravía. Así, el peso colombiano mostró una tendencia a la apreciación entre 2010 y 2012, pasando de 1.899 pesos promedio anual por dólar a 1.798 en 2012.

En 2013 y 2014, comenzó una moderada depreciación y en 2015 y 2016, se produjo una abrupta pérdida de su capacidad adquisitiva, alcanzando valores promedio de 2.741 pesos por dólar en 2015 y de 3.055 en 2016.

Se hace evidente la relación. El incremento de los precios del petróleo condujo a un incremento de las exportaciones, el país se volvió atractivo a la inversión extranjera directa, se incrementaron las reservas monetarias internacionales y todo esto fortaleció el peso.

Ante tal circunstancia, se desataron las alarmas; comenzaron las preocupaciones del sector exportador debido a que las exportaciones se encarecían en dólares y perdían competitividad internacional. Lo que no se tenía en cuenta, por entonces, era que a otros países similares a Colombia les estaba ocurriendo lo mismo.

Al producirse la violenta caída de los precios del crudo a partir de 2015, cayeron abruptamente las exportaciones colombianas, se contrajo la IED, especialmente la que se dirigía a este sector y, en consecuencia, la moneda colombiana perdió el 41% de su valor promedio anual entre 2012 y 2016.

Si nos atenemos a la teoría según la cual, una depreciación de la moneda nacional potencia la competitividad de los bienes exportables, por hacerlos más baratos en dólares, entonces las exportaciones, especialmente las no tradicionales, deberían incrementarse. Sin embargo, ha ocurrido precisamente lo contrario. No solo se han contraído las exportaciones petroleras, debido a la caída de la demanda internacional, sino que también se han reducido las exportaciones no tradicionales, que en 2012 estaban en 17,9 mil millones de dólares y en 2016 solo registraron 13,5 mil millones.

En efecto, la devaluación del peso no ha conducido a un incremento de las exportaciones ni a un mejoramiento de la competitividad en precios de la oferta exportable del país debido a que lo que ocurre, en realidad, es que los exportadores obtienen más pesos por cada dólar vendido cuando esto ocurre y en ello reside su ganancia extraordinaria.

Por otra parte, la depreciación de la moneda nacional desestimula la inversión extranjera porque las utilidades obtenidas en pesos se convertirán en menos dólares. De igual forma, las importaciones sí que se encarecen con una tasa de cambio más alta. Si la industria nacional no produce bienes que sustituyan estas importaciones entonces éstas serán más caras y los mayores costos de los bienes importados impulsan la inflación. En la misma dirección se incrementa el valor en pesos de la deuda externa, del servicio de la misma, así como de los pagos por servicios comerciales, financieros y profesionales recibidos. En resumen, se deteriora la posición financiera externa del país y ello se traduce en una pérdida en la confianza en su futuro económico.

La más importante lección de este proceso es que la verdadera competitividad de los bienes exportables no se obtiene por vía cambiaria sino mejorando la calidad y la productividad de los procesos productivos. Los ejemplos de Alemania y Japón en las décadas de los años 60’s y 70’s del siglo XX lo demuestran. Ambos países incrementaron notablemente sus exportaciones con monedas que se apreciaban debido al eficaz desempeño de sus respectivos sectores industriales y al fortalecimiento de su posición externa.

Publicado por El País, de Cali, el 14 de junio de 2017. 

http://www.elpais.com.co/economia/opinion-mitos-de-la-devaluacion-y-las-exportaciones-de-colombia.html

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Fidel: entre luces y sombras.

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Fidel Castro ha muerto. Analizar su legado, será una obra titánica que rebasa las posibilidades de este espacio. Su nombre y su obra provocan odios y pasiones, y en medio de ambos extremos, todas las posiciones posibles. Como político, supo interpretar con una habilidad innegable, su momento histórico. Enfrentó a la dictadura de Batista, con el apoyo mayoritario del pueblo. Defendió la Constitución de 1940 para luego enterrarla cuando asumió el poder. La Revolución que dirigió fue, desde sus inicios, de carácter democrático, pero ya en el poder, en la cúspide de la popularidad, dijo: “elecciones para qué” y dio comienzo a la más larga dictadura de la historia de Cuba y del mundo, la cual, por cierto, no termina con su muerte.

Bajo su gobierno, Cuba alcanzó notoriedad internacional. Fue el primer país que se enfrentó a la dominación norteamericana con un inestimable costo social y humano. Ejerció una influencia decisiva en los movimientos revolucionarios e izquierdistas en América Latina. Fue un factor decisivo en el apoyo a los movimientos de liberación nacional de África (que, luego, en el poder, derivaron en corruptas dinastías políticas). Cuba fue, sin duda, uno de los principales escenarios de la Guerra Fría.

Como gobernante, realizó importantes transformaciones sociales, pero apabulló gran parte de los derechos civiles. Así, se produjo la pérdida de una serie de derechos de los que gozaba la población cubana. Se prohibió la libertad de asociación política, se restringieron las libertades de viaje (recuperadas solo hace pocos años), se cercenaron las libertades de expresión y de pensamiento, se reprimió a homosexuales y religiosos, y se impuso el monopolio de la ideología dominante a través del gobierno de un partido único que tampoco ha sido democrático.

Fue un gobernante autoritario y autocrático. El Estado era Él. Su visión idealista condujo a múltiples errores de política económica que trajeron como consecuencia el empobrecimiento del país, al punto de que en la actualidad, si no se produce una profunda reforma económica serán insostenibles los sistemas de educación y salud, que han sido, históricamente, los puntales del régimen.

En su vida política, subordinó el desarrollo económico, las libertades públicas, e incluso el bienestar de la población a su apego al poder político. Su intolerancia y su absolutismo, produjeron una fractura imborrable en la Nación cubana. Millones de cubanos nos vimos en la necesidad de buscar otros horizontes porque nuestra hermosa isla se nos volvió imposible para vivir. En más de cinco décadas, casi todas las familias, incluida la de Él, se disgregaron por el mundo, haciendo de nuestro pueblo una especie de paria contemporáneo.

Cuba merece un nuevo amanecer en el que tomemos debida nota de nuestra historia pero seamos capaces de construir un futuro diferente, democrático, plural, en el que escojamos libremente a nuestros dirigentes y podamos hacer consensos desde enfoques distintos para bien del país y no tengamos que esperar a que ocurran los funerales para decidir nuestro propio destino.

Tomado de El País, Cali, 28 de noviembre de 2016, página 3.

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La economía cubana ante una nueva crisis económica.

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En la reciente reunión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba, anunció un sombrío panorama para la economía cubana para el segundo semestre de 2016, siguiendo a un magro crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de sólo el 1,0%, la mitad de lo que se había previsto en el plan de 2016.

Se mencionan como causas principales: i) la disminución de los ingresos por exportaciones, ii) la caída de los precios del petróleo y del níquel, iii) los incumplimientos de la industria azucarera, iv) las dificultades de algunos socios comerciales por la caída de los precios del petróleo (que, en teoría beneficiaría a Cuba como importador de combustibles), v) la reducción de los suministros petroleros por parte de Venezuela, y vi) la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores respecto al pago de la deuda externa. A estas causas, unas de carácter coyuntural y otras de carácter estructural, se suma el ya consabido efecto negativo del embargo norteamericano (llamado bloqueo en el lenguaje oficial cubano) que, ciertamente, dificulta la realización de transacciones financieras y el acceso a ciertas fuentes de financiación.

La prensa oficial cubana publicó solo el discurso del presidente cubano en el que se anuncia la complicada situación económica del país, así como fragmentos de la intervención del vicepresidente del Consejo de Ministros y hasta el pasado día 13 de julio, ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, quien afirmó que “el país afrontaba una situación tensa de liquidez que conlleva a la ejecución de medidas económicas que permitan la reducción de los gastos en la economía…” Entre las medidas se anunciaron restricciones de pagos en divisas y una estricta administración de créditos a corto y largo plazos, así como un “ajuste en el consumo de los portadores energéticos durante los seis meses restantes de 2016, sin afectar el sector residencial”. Al mismo tiempo, se anunció que se mantendría el equilibrio monetario, el programa inversionista, así como el mantenimiento de los servicios vitales a la población.

La población cubana, en cambio, curtida por casi seis decenios de escasez, agravada en los últimos 25 años, en los que no se ha recuperado la etapa de relativa estabilidad que caracterizó el segundo lustro de la década de los 70’s y los primeros años 80’s, muestra signos de incredulidad. Ya son muchos años de promesas incumplidas sobre un bienestar que ha tardado varias generaciones en llegar y que cada vez se ve más lejano en el horizonte de vida de los cubanos residentes en la Isla.

A pesar de la falta de información estadística para hacer cálculos, debido a la típica opacidad informativa de las autoridades cubanas, cualquier economista sensato podría predecir que en el segundo semestre del año la economía cubana podría terminar contrayéndose y la tasa de crecimiento anual podría ser también negativa o cercana a cero. Este pronóstico se basa en diversos hechos, a saber: i) la insuficiente producción azucarera, ii) la reducción del horario laboral en varias empresas, debido a los cortes energéticos y en consecuencia, la caída de la producción, iii) la contracción de las exportaciones, iv) las mayores dificultades para asegurar las importaciones que garantizan la adquisición de bienes intermedios para la producción, así como la disponibilidad de bienes de consumo necesarios para la población y para el turismo, v) las severas dificultades económicas y políticas del principal socio comercial cubano (Venezuela) que podrían significar una contracción de los ingresos de divisas provenientes de la exportación de servicios médicos, y vi) la necesidad de mantener el cumplimiento de las principales obligaciones financieras con los acreedores, lo cual será un elemento adicional de restricción de divisas, entre otras.

Estas dificultades económicas no son nuevas. La economía cubana ha tenido un desempeño relativamente modesto en los últimos años, después de la más grave crisis económica de su historia, cuando entre 1990 y 1993 el PIB se contrajo en más de una tercera parte. Desde esa época, denominada oficialmente como Período Especial, la población cubana ha debido enfrentar grandes penurias, que van desde la disminución sustancial del acceso a alimentos, calzado, ropa de vestir y demás enseres necesarios para la vida corriente, la reducción significativa y pauperización del sistema de transporte público, y, sobre todo, la pérdida de la capacidad de satisfacer las necesidades más elementales de la vida cotidiana, debido a la introducción de la dualidad monetaria y la incorporación cada vez mayor de bienes y servicios esenciales en el llamado mercado emergente que funciona en divisas a unos precios inalcanzables para la inmensa mayoría de la población cuyos salarios, convertidos en divisas, resultan absolutamente insuficientes para adquirir dichos bienes y servicios.  Dicho sea de paso, ninguna de estas penurias fue sufrida por la élite política del país ni por sus respectivas familias.

Como es sabido, después de esa crisis se han producido dos procesos de reformas económicas parciales, el primero, entre 1993 y 1996 que estuvo orientado a evitar el colapso económico del país y el desmoronamiento del sistema político, pero que se paralizó cuando la economía comenzó a mostrar síntomas de una escasa recuperación, pero que no logró remontar los niveles previos a 1989, y el segundo, a partir de 2006, cuando Raúl Castro asumió las principales funciones de gobierno del país. Estas nuevas medidas han estado orientadas a elevar el ritmo de crecimiento económico a partir de la dinamización de la actividad económica por cuenta propia, así como la diversificación de las formas de propiedad, y un mayor estímulo a la inversión extranjera directa, y en general, han permitido la aparición de un mercado con grandes imperfecciones, entre ellas, una marcada información asimétrica, un excesivo control por parte del Estado que, en muchas ocasiones ha asfixiado el desarrollo de la iniciativa privada, incentivando la actividad económica informal, al tiempo que ha sido fuente de repetidos casos de corrupción administrativa.

Estos anuncios recientes, sin embargo, constituyen una crónica de una crisis anunciada. En realidad, las dificultades actuales de la economía cubana no se deben, fundamentalmente, a una situación coyuntural aunque puedan estar siendo agravadas por ésta sino a factores que asumen un carácter estructural.

De forma resumida, estos factores pueden ser los siguientes: 1) una estructura económica altamente dependiente de servicios que resultan transables internacionalmente solo en las condiciones determinadas por unas relaciones políticas especiales con Venezuela y otros países que, en condiciones normales no lo serían; 2) la obsolescencia de gran parte del aparato industrial del país, aun en manos del Estado cubano, 3) una insuficiente formación bruta de capital (menos del 10% en promedio en los últimos años) que limita seriamente la actividad inversionista, 4) una crisis demográfica latente, determinada por el envejecimiento paulatino de la población y la persistente sangría migratoria de jóvenes y de población económicamente activa, 5) una débil posición financiera externa, determinada por la profundización del déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, el insuficiente flujo de inversión extranjera directa y el insuficiente nivel de las reservas internacionales y 6) una insuficiente transparencia institucional, que no ha creado las condiciones para un incremento sustancial de la afluencia de inversiones que resultan imprescindibles para sacar a la economía del estancamiento.

Es cierto que la persistencia del embargo estadounidense sigue siendo un factor de restricción sobre la economía cubana, a pesar del relajamiento del mismo a partir de las medidas ejecutivas del presidente Obama. Sin embargo, ésta es una variable exógena que, ciertamente, no es la que explica, fundamentalmente, la larga crisis que padece la economía cubana.

Resulta llamativo que en el pasado 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, los debates se hubieran centrado en la “conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” y en el “plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030” cuando no se tienen resueltas las cuestiones fundamentales del día a día de la economía cubana y cuando el país está a las puertas de una nueva crisis severa. Esta situación indica o una gran miopía política de los dirigentes cubanos o una gran irresponsabilidad o ambas cosas.

La crisis debe ser afrontada con profundas reformas económicas y políticas que difícilmente acometa la actual dirección cubana porque dichas reformas, para que sean efectivas, reducirían, significativamente, sus actuales espacios de poder, los cuales no están dispuestos a ceder. Además, en el recientemente concluido 7º Congreso del PCC se hizo evidente que existen unos límites que los dirigentes cubanos no están dispuestos a traspasar y que se refieren, entre otros, al predominio de la llamada propiedad social (en realidad, propiedad estatal) en el sistema económico y el monopolio del Partido Comunista sobre el sistema político. Y ambos límites, constituyen serios obstáculos a una profunda reforma económica y política que permita relanzar el desarrollo económico del país.

Estas reformas necesarias pasan por el establecimiento de un mercado regulado pero transparente, al cual puedan acceder los actores nacionales y extranjeros en un adecuado marco legal, así como por la democratización del sistema político, para permitir el establecimiento de un efectivo control de la sociedad sobre sus representantes y sobre el gobierno, el cual debe rendir cuentas ante dicha sociedad, con todo lo que esto implica, eliminando el privilegio de un partido político, excluyente ideológicamente y carente de democracia interna, que se ha auto-asignado el rol constitucional de “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, con el que se coloca por encima de la sociedad misma.

Esto significaría, sin dudas, un suicidio como clase que, difícilmente, cometería una élite que detenta un poder totalitario y que carece de incentivos suficientes para abandonar dicho poder. Sin embargo, la dirección cubana debe ser consciente de que ya carece del suficiente capital político para conjurar una crisis social en el caso de que, debido a nuevas carencias y a un nuevo deterioro del nivel de vida de la población, se produzca un estallido de imprevisibles y nefastas consecuencias.

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El 7º Congreso del PCC y los límites a los cambios en Cuba.

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Ha tenido lugar en La Habana el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. La fecha incluía un alto componente simbólico. Se conmemoraron los 55 años de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana y del inicio de la invasión a Playa Girón, la que, como es sabido, fue derrotada en alrededor de 72 horas.

Este nuevo Congreso del partido gobernante, y único permitido en Cuba, se ha desarrollado en un contexto histórico singular. Ha ocurrido a menos de un mes de la visita del presidente Obama a Cuba y de todo lo que ella conllevó como ruptura de una serie de imaginarios colectivos. Ha ocurrido en medio de un polémico proceso de cambios en lo que, eufemísticamente, se ha dado en llamar, oficialmente, como “actualización del modelo socialista cubano” y el cual transcurre con bastante lentitud, no pocos tropiezos y escasos resultados prácticos en cuanto a lo que debería ser el norte de dicho proceso, es decir, el mejoramiento del nivel de vida de la población cubana.

Principales temas y resultados del 7º Congreso del PCC.

A diferencia del 6º Congreso, que tuvo lugar en 2011, en el que la discusión principal se centró en el análisis y aprobación de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” que previamente habían sido publicados y analizados en las organizaciones de base del PCC, y en las diversas organizaciones sociales autorizadas por el gobierno, en el 7º Congreso no se publicó nada previo ni se convocó a análisis alguno, lo cual fue criticado en diversos espacios de la sociedad cubana y motivó la carta abierta a Raúl Castro del periodista y miembro del PCC, Francisco Rodríguez Cruz, en la que criticó que no se hubieran discutido abiertamente los documentos a analizar por el Congreso y solicitó la postergación de dicho evento. A esta carta abierta le llegó una respuesta pública (no firmada por Raúl Castro), según la cual, no se había hecho un proceso similar porque éste era la continuación de lo decidido en la reunión anterior y que con posterioridad al Congreso se someterían dichos documentos a discusión con toda la militancia y con los miembros de las demás organizaciones sociales.

Una cuestión de importancia significativa fue el hecho de que de los 313 lineamientos aprobados en el 6º Congreso, hace cinco años, sólo fueron cumplidos el 21% de los mismos, el 77% estaba en algún punto del proceso de su implementación y en un 2% de los mismos no se había iniciado su aplicación. El 7º Congreso tenía entonces la misión de aprobar cuatro documentos principales: 1) el análisis de los resultados de la implementación de los Lineamientos aprobados en 2011 y su implementación para el período 2016-2021; 2) elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030; 3) el análisis del cumplimiento de los Objetivos de Trabajo aprobados en la Primera Conferencia Nacional del PCC, efectuada en 2012, de las directrices del Primer Secretario y las proyecciones para su continuidad, y 4) el análisis del Informe Central presentado por Raúl Castro ante el pleno del Congreso. Además, el Congreso, como siempre, tenía la misión de elegir un nuevo Comité Central y éste, a su vez, en su primera sesión plenaria, elegir al Primer y Segundo Secretarios, a los demás miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central.

Llama la atención que el anunciado Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030 llegó al Congreso sin su formulación definitiva, por lo que Raúl Castro solicitó al Congreso que encargara al Comité Central de su redacción definitiva y su puesta a consideración de toda la membresía del PCC. Hasta el momento sólo han sido divulgadas las resoluciones de aprobación pero no los documentos aprobados, por tanto, aun no se conocen las bases del desarrollo estratégico que la dirección del Partido, con el “concurso de académicos” (según el Informe Central), ha concebido para dicha fecha. Sin embargo, resulta preocupante que la economía cubana adolece de una serie de problemas graves que siguen sin solución y que son del presente y resulta importante preguntarse si no sería mucho más útil adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas de hoy para de esta forma asegurar el éxito de una estrategia a más largo plazo.

La “conceptualización del modelo” y los límites a los cambios.

La discusión en torno a la conceptualización del modelo económico y social ha sido, probablemente, el aspecto más importante del Congreso. No porque fuera imprescindible sino porque trazaba la línea, aparentemente, infranqueable de los cambios. Las ideas generales fueron recogidas en el Informe Central, a saber: 1) la propiedad “de todo el pueblo” es y continuará siendo la forma de propiedad principal de la economía nacional y del sistema socio-económico; 2) no habrá privatizaciones de empresas estatales; 3) en las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y tampoco de la riqueza, por tanto la empresa privada funcionará dentro de límites bien definidos y funcionará como un complemento dentro del entramado económico del país; 4) el trabajo por cuenta propia, la mediana, pequeña y  micro-empresa no son, por su esencia, anti-socialistas ni contrarrevolucionarias; 5) se producirán cambios constitucionales pero no se eliminará la irrevocabilidad del sistema socialista ni se eliminará la previsión constitucional que le otorga al PCC el carácter de fuerza dirigente de la sociedad y por tanto, le reserva el monopolio del poder político.

Esta línea infranqueable define un tipo de socialismo que no es el único socialismo posible y, por tanto, es discutible. Sin embargo, el principal problema estriba en el contenido real de lo que se define como “propiedad del todo el pueblo” que, en realidad es propiedad estatal y que, en las condiciones de un estado totalitario y de excesiva centralización en la toma de decisiones económicas y en la gestión empresarial privan a dicha propiedad de su contenido real. Si se asume que toda la sociedad es propietaria, esos co-propietarios colectivos deberían tener algún tipo de capacidad de incidir en las decisiones económicas. En el modelo de economía centralizada establecido primero en la Unión Soviética y después en los demás países socialistas, incluida Cuba no existe mecanismo alguno para la realización real de esa propiedad social. Esto tampoco lo logró el llamado “socialismo autogestionario”, aplicado por Yugoslavia entre los años 50’s y 80’s.

La historia del socialismo “realmente existente”, ha estado marcada por el stalinismo, y por sus sucesivas variantes cosméticas, lo que llevó a que la propaganda comunista definiera ése como único modelo de socialismo real y, entre otras vulgarizaciones, llevó a la identificación automática de la propiedad estatal como la principal forma de propiedad social “de todo el pueblo”.

En el llamado “socialismo real” los propietarios colectivos sobre los medios de producción, es decir, la sociedad en su conjunto, han sido reemplazados por la élite gobernante, en calidad de usufructuarios directos de dicha propiedad porque han tomado decisiones fundamentales sobre dicha propiedad sin involucrar a los supuesto propietarios. Ello es el resultado de la ausencia de democracia en la gestión económica de las empresas e incluso en la elaboración de los planes económicos.

Ello está relacionado, directamente, con el tipo de Estado que ha caracterizado a los países del “socialismo real” y que no constituye un Estado democrático de acuerdo a los estándares internacionalmente reconocidos. Ciertamente, la mayor parte de los sistemas democráticos representativos tienen serios déficit de democracia real pero al menos permiten escogencias entre alternativas y disponen de algún tipo de mecanismo de castigo por parte de los electores frente a las ejecutorias equivocadas o irresponsables de sus gobernantes. Ello no es posible en un sistema totalitario de partido único en el que la democracia ni siquiera se practica en dicho partido gobernante porque la dirigencia del Partido no es elegida entre alternativas sino a partir de listas únicas en las que los candidatos son en igual número a puestos a elegir.

Si los supuestos propietarios colectivos de la “propiedad de todo el pueblo” carecen de la posibilidad real de influir en las decisiones que afectan su supuesta propiedad, y si, además, sus ingresos no guardan relación con el desempeño de dicha propiedad y si, también, sus ingresos no son suficientes para asegurar las condiciones elementales de vida, el resultado es el desinterés por los resultados de la producción, así como el desprecio por el trabajo productivo porque no asegura condiciones dignas y elementales de vida.

La excesiva centralización estatal de las decisiones económicas de las empresas ha cercenado la iniciativa de los directivos de las mismas, ha limitado su gestión a la de simples ejecutores de directrices y a una irresponsabilidad generalizada por los resultados de la gestión con la consecuente afectación a la productividad y la calidad de la producción.

Este modelo de socialismo ha fracasado por doquier. Su quiebra hundió a los regímenes del llamado “socialismo real” en la Unión Soviética y los demás países de Europa Central y Oriental. Mientras tanto, China y Vietnam han modificado, notoriamente, su modelo económico hasta implantar una especie de “capitalismo de Estado” (en China el modelo se define, oficialmente, como “economía socialista con orientación al mercado” y en Vietnam como “economía de mercado con orientación socialista”) con amplio margen de actuación del mercado sin que el enriquecimiento de la naciente clase empresarial privada resulte contraproducente desde el punto de vista práctico, para los líderes de ambos países, mientras que esos “nuevos ricos” se mantengan conformes con el régimen político y lo acepten. En ambos casos, las empresas estatales cuentan con márgenes considerables de autonomía en sus decisiones económicas y operan, normalmente, en un mercado en el que no siempre disponen de condiciones de monopolio.

Si en Cuba no se soluciona este problema medular, relacionado con lo que podría denominarse la realización de la propiedad “social” sobre los medios de producción, difícilmente esta forma de organización económica logre constituir una alternativa real de desarrollo y el tiempo seguirá pasando sin que se logren las transformaciones necesarias en la economía.

Por otra parte, pareciera necesario que el gobierno de Cuba estudiara la experiencia vietnamita sobre la llamada “equitización” de las empresas socialistas en las que el Estado conservó una parte decisiva de la propiedad y colocó otra parte en el naciente mercado de valores, después de que los trabajadores de dichas empresas se convirtieran en co-propietarios de las mismas. Este proceso adoptado en el país asiático ha tenido logros y problemas, pero el estudio de la experiencia no resulta ocioso.

Una de las funciones económicas que debe tener el Estado y que, ciertamente no cumple adecuadamente en la mayor parte de los países capitalistas, es la de evitar la concentración de la propiedad y la riqueza que resultan de la competencia no regulada. Sin embargo, en ese sentido, el gobierno cubano debiera crear condiciones institucionales y legales adecuadas para evitar esos niveles de concentración que de todas formas se producen con flagrantes violaciones a la legalidad pero también con las prohibiciones a cierto sector de la sociedad que ve impedido su acceso legal al emergente mercado de actividades económicas privadas. Por otra parte, no parece tener lógica impedir que se produzca el enriquecimiento de aquellos emprendedores que con su esfuerzo y su trabajo e iniciativa logran sacar adelante los negocios. Es famosa la frase de Deng Xiaoping, cuando impulsaba las reformas en China cuando exhortó “¡enriquecéos!” Si muchos se enriquecen es bueno para la sociedad porque en la misma medida su mayor contribución impositiva contribuirá a incrementar el bienestar de los menos favorecidos y de la sociedad toda. Para poder distribuir riqueza es necesario crearla.

Finalmente, la referencia constitucional a la irrevocabilidad del socialismo y al reconocimiento del monopolio del PCC en el ejercicio del poder político responden a la concepción de socialismo al que adscriben los actuales dirigentes cubanos. Imponerlo en la Constitución actual no evita que las generaciones posteriores decidan otra cosa en el ordenamiento político y social del país. Sin embargo, ése tipo de imposiciones pueden llevar a que en el futuro, se identifiquen las principales conquistas sociales de la Revolución Cubana con el conjunto de un modelo fracasado por su ineficacia económica y por tanto, desmontadas, como ocurrió, lamentablemente, en las antiguas repúblicas soviéticas y en los países de Europa Central y Oriental. No existe justificación alguna más que el ejercicio del poder para que se imponga a una sociedad, una sola visión del mundo, una sola opción de organización estatal y una sola concepción ideológica. El verdadero socialismo se vuelve hueco si carece de democracia y la democracia está asociada al pluralismo de ideas. Por otra parte, al imponerse esa sola visión del mundo, automáticamente se está marginando a la parte de la sociedad que por las razones que sea no adscriben esa visión ideológica dominante. 

La situación económica actual y los problemas fundamentales de la economía cubana.

Por lo que ha sido publicado, al parecer, el Congreso no abordó las cuestiones actuales urgentes de la economía cubana. Sin embargo, no es un secreto que el éxito de una sociedad depende, en gran medida, de los resultados de su economía, porque es la economía la que produce los recursos para el desarrollo de cualquier sociedad.

Resulta bastante difícil hacer un análisis documentado de la situación económica actual de Cuba. La Oficina Nacional de Estadística e Información emite información tardía e incompleta de la economía cubana y jamás informa públicamente acerca de pronósticos trimestrales o anuales. Hace varios años, resultaba usual que el informe del ministro de Economía y Planificación, ante la Asamblea Nacional, sobre el desempeño del año anterior y sobre el plan del año siguiente se publicara íntegramente en los medios de prensa. Sin embargo, en los años más recientes se ha vuelto una norma que la prensa oficial publique solo notas informativas con alguna que otra información de los datos más generales, como es el caso del crecimiento del PIB, no así en el caso del comportamiento del producto bruto de cada sector de la economía nacional o el comportamiento del PIB a partir de los indicadores de la demanda agregada.

El último Anuario Estadístico disponible es el de la edición de 2015 que contiene información hasta 2014. Desde hace varios años no se publica completa la Balanza de Pagos Internacionales sino solo la Cuenta Corriente y se ha vuelto una norma que lleve dos años de retraso respecto al último año informado en el anuario, lo cual no permite realizar análisis pertinentes de la situación financiera externa del país. Al no contar con esta herramienta es casi imposible analizar, con fundamento, la situación financiera externa del país. Hace muchos años no se publica el nivel de las reservas monetarias internacionales.

La información oficial sobre el desempeño de la economía cubana en 2015 se ha producido de forma parcial y oficiosa. A falta del Anuario Estadístico de 2015, tampoco se ha publicado el Panorama Económico y Social que ofrece las cifras oficiales preliminares de los indicadores más importantes. En el sitio web cubano Cubadebate (www.cubadebate.cu), el ex ministro de Economía y Planificación y actual asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), José Luis Rodríguez, ofrece cifras que afirma tomar, en lo fundamental, del programa televisivo Mesa Redonda, del 30 de diciembre de 2015.

La opacidad y el secretismo de las autoridades gubernamentales cubanas respecto a la información económica evidencia serias dificultades que tratan de mantenerse lejos de la mirada profunda de los analistas agudos. Mientras tanto, esa falta de transparencia también es un elemento desestimulante para los posibles inversionistas extranjeros, cuyos recursos resultan imprescindibles para el desarrollo económico de Cuba en las actuales condiciones.

En la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular efectuada en diciembre pasado, el ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, informó que en 2015 el crecimiento económico fue de un 4%, un resultado aceptable si tomamos en cuenta la debacle económica de la mayor parte de países de América Latina y con un crecimiento regional conjunto negativo de -0,6% (CEPAL, 2016). De acuerdo con la información publicada por Rodríguez (2016), el sector agropecuario creció un 3,1%, la industria, 9,9%, la industria azucarera un 16,9%, la construcción un 11,9%, mientras que el transporte y comunicaciones creció en 3,6%. Habría que ver cuál es el desempeño de los sectores que no se mencionan. Rodríguez (2016) anota que la producción azucarera creció en volumen de toneladas producidas en un 17,8%, “el mayor incremento físico de los últimos años”. Ello representa 1.924.000 toneladas de azúcar, que es una producción inferior a la de 1912.

Entre los datos que pudo recopilar el ex ministro y académico cubano a partir del programa de la Mesa Redonda, destaca el nuevo nivel de salario promedio que se establece en 640 pesos cubanos (25,60 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de las CADECA), el cual sigue resultando insuficiente para asegurar las condiciones de vida mínimas.

Así las cosas, de acuerdo con los datos conocidos, entre 2011 y 2015, el Producto Interior Bruto (PIB) de Cuba ha crecido a un ritmo promedio anual de 2,7%. Semejante nivel de crecimiento resulta insuficiente para impactar positivamente en el mejoramiento del bienestar de la población y en tal sentido resulta mucho más importante tener en cuenta lo que no dicen las cifras que se han publicado y sobre todo lo que podrían decir las cifras que no se han publicado.

Sin embargo, ¿cuál es la realidad de la economía cubana en lo que afecta a las familias comunes?

El primer y más grave problema es que la población cubana, en su inmensa mayoría empleada por el Estado, recibe unos salarios que no le aseguran su elemental subsistencia. En la medida en la que los bienes de consumo han pasado a comercializarse en mercados con precios determinados por la oferta y la demanda, éstos han ido subiendo precisamente porque la producción no alcanza a satisfacer las necesidades y entonces los precios suben a niveles que pueden ser pagados sólo por una parte muy reducida de la población, la cual tiene ingresos suplementarios por la vía de remesas o ingresos mayores por dedicarse a actividades económicas dentro del sector no estatal por cuyos bienes o servicios ofrecidos cobran “tarifas de mercado”. Así las cosas, se produce un círculo vicioso. Los ingresos de la mayor parte de la población obtenidos a partir del trabajo, son insuficientes para asegurar una vida digna; la producción de bienes de consumo y servicios que se comercializan en los mercados a precios libres es insuficiente pero existe una pequeña parte de la población con altos ingresos que tiene capacidad de compra y que puede comprar dichos bienes o disfrutar de dichos servicios a precios altos porque sus ingresos son altos. Y los precios son altos porque la producción es insuficiente. Adicionalmente, los precios también son altos porque en las llamadas Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), todas pertenecientes al sector estatal, los precios minoristas incluyen impuestos que oscilan entre 240 y 300%, y los precios se establecen en CUC o en su equivalente en CUP, absolutamente por fuera de la demanda efectiva del cubano común que vive de un salario estatal o de una pensión de jubilación. Estos precios, fijados por el Estado, de alguna u otra forma son referentes que impulsan hacia arriba los precios de los productos que se venden en los mercados agropecuarios para el caso de productos similares o bienes sustitutos.

Por otra parte, aún existen una serie de obstáculos estructurales que frenan el mejoramiento del nivel de vida de la población que debería ser la expresión más contundente y el objetivo central del desarrollo económico.

La excesiva centralización estatal en la toma de decisiones y el alto grado de discrecionalidad de dichas decisiones, además de constituir un clima institucional inadecuado para el desarrollo del emprendimiento económico y la iniciativa empresarial, está obstruyendo todo el proceso de cambios en la economía cubana. Como ejemplo, en una reciente entrevista para la revista Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana, el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva, mencionaba que de 400 proyectos presentados para la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, sólo habían sido aprobados once, tres de ellos nacionales (Pérez, 2016). Por otra parte, las decisiones necesarias se someten a interminables experimentos antes de aplicarse de manera general, y el tiempo avanza sin que se tomen decisiones radicales –probadas en otras experiencias internacionales- para mejorar la economía.

La tímida y lenta apertura al desarrollo del sector privado ha limitado el incremento de la producción de bienes y de servicios y el incremento del nivel de ingresos de la población. Desde hace varios años se diagnosticó que el aparato estatal estaba sobrecargado de trabajadores, buena parte de ellos improductivos, en una cifra de alrededor de un millón de personas. Sin embargo, por razones políticas no se puede, y no se debe, decretar el desempleo masivo de ese inmenso número de personas. La solución más lógica sería generando opciones de jubilación y, permitiendo, además, el autoempleo o la formación de empresas privadas de todo tipo por parte de aquellas personas que, voluntariamente, deseen hacerlo. El gobierno cubano ha permitido el auto-empleo y la formación de pequeñas empresas y micro-empresas privadas (sólo reconocidas abiertamente en el Informe Central al 7º Congreso del PCC) solo en 201 actividades económicas, las cuales dejan por fuera la mayor parte del empleo privado en ocupaciones profesionales. Esta situación ha conducido a la famosa inversión de la pirámide de ingresos que es una realidad en el país y que define que personas con una mayor calificación profesional, si se dedican a sus profesiones perciben ingresos inferiores a los que reciben quienes se dedican a actividades para las que no se requiere dicha calificación. Ello ha conducido a una sangría de profesionales cubanos, a través de la emigración, o al simple desperdicio de las calificaciones de muchos profesionales que se han desviado a las actividades de auto-empleo para las que no se requieren dichas calificaciones. De tal manera, Cuba está desperdiciando su principal activo, que es su capital humano con relativamente alto nivel de instrucción.

Para el desarrollo de actividades productivas y de servicios privadas subsisten, además, muchas limitaciones. No existe un mercado mayorista de insumos por lo que los incipientes empresarios privados deben concurrir al mercado minorista, generalmente desabastecido, y competir con los consumidores por una serie de bienes escasos. La escasez está motivada por la insuficiente producción nacional, por las insuficiencias del sistema de transporte de carga y por el control estatal sobre la actividad de comercio exterior. Es decir, los empresarios privados no pueden importar ni exportar directamente sino a través del Estado.

Por otra parte, el Estado cubano no permite la inversión extranjera en la distribución comercial minorista y mayorista, y por tanto debe asumir la importación de los bienes necesarios para mantener abastecidas las TRD y para ello debe contar con divisas, con las cuales, evidentemente, no cuenta de manera suficiente para asumir todas sus obligaciones económicas y financieras, además de las necesidades comerciales. Esta escasez crónica de divisas también está relacionada con el mantenimiento, por parte del Estado, de un control excesivo sobre la actividad económica del país y de las conexiones de éste con el resto del mundo.

Muy relacionado con lo anterior está el problema de la dualidad monetaria y la multiplicidad de tipos de cambio. Este es un problema medular en la economía cubana y es, precisamente, uno de los lineamientos, cuyo cumplimiento no se ha iniciado. La unificación monetaria y el establecimiento de un tipo de cambio económicamente fundamentado son necesidades sentidas por el sistema empresarial cubano, por las empresas mixtas y extranjeras radicadas en el país, por los empresarios privados y por la población en general y reconocido por el propio gobierno. Sin embargo, es algo que se sigue postergando por los temores políticos y las dificultades económicas que implica su solución.

La unificación monetaria permitiría expresar todos los precios de la economía nacional en términos de una sola moneda y relacionar dichos precios con los niveles reales de ingreso de las familias. Permitiría medir el costo de la vida y el nivel de vida real de la población. Por otra parte, si la moneda única que se establezca asume, al menos, una convertibilidad interna con las principales divisas internacionales, permitirá establecer relaciones directas entre los precios internacionales y los precios domésticos, lo cual es importante para determinar la competitividad internacional de la producción doméstica.

En las condiciones actuales, los salarios de los trabajadores del sector estatal están denominados en pesos cubanos (CUP) en niveles tan bajos que son insuficientes para asegurar la satisfacción de necesidades elementales de la vida cotidiana, tales como alimentación, ropa, calzado, transporte, reparación de viviendas, equipos electrodomésticos, así como reemplazo de accesorios en la vivienda. El Estado mantiene subsidios a una escasa variedad de bienes alimenticios que sigue distribuyendo a precios bajos a través de la “libreta de racionamiento” que resulta a todas luces insuficiente para asegurar una alimentación mínima. Por otra parte, si se consideraran a precios internacionales, teniendo en cuenta la tasa de cambio actual de las Casas de Cambio (Cadeca) entre el peso cubano convertible (CUC) y el CUP (de 25 CUP por 1 CUC), las tarifas de energía, agua, teléfono, estarían, evidentemente, muy por debajo de esos niveles internacionales. A esto debe añadirse el hecho de que la población no debe hacer erogación alguna por la educación y la atención médica, aunque si por los medicamentos. En general, casi toda la población, debe acudir al mercado para adquirir bienes y servicios que necesita y los adquiere a unos precios que no se corresponden con su nivel de ingresos. Esta situación ha desvalorizado el trabajo como el mecanismo a través del cual puede asegurarse la satisfacción de las necesidades de las familias. Para ello, necesitan el apoyo de familiares en el exterior que giran remesas, o que proveen recursos para el desarrollo de negocios suplementarios, o sencillamente obtienen ingresos mediante la venta de ciertos activos adquiridos anteriormente como muebles, obras de arte, automóviles, viviendas, etc.

La unificación monetaria implica una serie de temores para los gestores de política económica porque en cualquiera de las opciones el panorama podría conducir a un fuerte desequilibrio macroeconómico. El problema principal pasa por el tipo de cambio al que debe producirse la unificación, cualquiera que sea la moneda que se vaya a utilizar. En la actualidad, existen, al menos, seis tipos de cambio[1] distintos entre las dos monedas que circulan dentro del país, lo cual establece criterios discriminadores y una gran discrecionalidad que poco tiene que ver con un mercado que funcione eficazmente. Pero lo más importante es que para convertir un CUC, que supuestamente es convertible, en una divisa extranjera para una operación económica con el exterior, es necesario contar con un Certificado de Liquidez (CL) que otorga el Banco Central, el cual está manejando los recursos en divisas extranjeras como una especie de “caja chica”, precisamente debido a la escasez real de divisas duras. ¿Cuál debería ser el tipo de cambio utilizado para unificar el sistema monetario? Cualquiera que éste sea, tendrían que alinearse todos los precios y salarios al tipo establecido y si se establece en un nivel equivocado lo único que haría sería generar nuevas distorsiones en la economía nacional que probablemente desembocarían en una situación inflacionaria, porque de cualquier manera el rezago de los salarios respecto a los precios es tal que no existe otra alternativa que elevar los salarios multiplicándolos por el valor del tipo utilizado. Ello inyectaría dinero en la circulación en una economía que no produce lo suficiente para satisfacer las necesidades. Los incrementos salariales serían de tal magnitud que o los precios suben en la misma dirección o los bienes desaparecen del mercado. En su defecto, si los precios bajan al nivel actual de los salarios, implicaría un subsidio estatal insostenible o una deflación, la cual es, claramente, recesiva. Así las cosas, al parecer no existe una solución claramente viable, a menos que este proceso ocurra en el contexto de cambios fundamentales en el funcionamiento de la economía.

En tal sentido, para que la unificación monetaria pueda ser efectiva, es necesario que los mercados de bienes y servicios, de trabajo e inmobiliario funcionen adecuadamente. Sería deseable también el establecimiento de un mercado de capitales aunque ello podría no resultar urgente. El funcionamiento adecuado y relativamente libre (con las necesarias regulaciones del Estado para evitar prácticas monopolistas) permitiría el establecimiento de un sistema de precios relativamente libre que crearía las condiciones para el establecimiento de un tipo de cambio económicamente fundamentado. Y para ello es necesario permitir el establecimiento de empresas privadas nacionales y extranjeras, la libre contratación de la fuerza de trabajo (sin la intermediación del Estado para el caso de las empresas extranjeras que encarece el valor de la fuerza de trabajo al inversionista extranjero pero paga al trabajador nacional un bajo salario que no asegura la satisfacción de sus necesidades), la conversión de las actividades permitidas para el desarrollo de auto-empleo y empleo privado en una pequeña lista de actividades prohibidas, permitiendo el resto y sobre todo permitiendo que los profesionales puedan cobrar por servicios prestados de forma privada tarifas adecuadas a su nivel de calificación. Una apertura de esta naturaleza podría significar la migración de trabajadores excedentes en el sector estatal hacia otras formas no estatales de actividad económica, permitiendo elevar los salarios a los trabajadores que permanecen en el sector estatal. Por otra parte, resulta imprescindible que las llamadas “organizaciones políticas y de masas” se financien a partir de su propia membresía, sin que el Estado deba dedicar recursos públicos al sostenimiento de un aparato burocrático improductivo.

En las condiciones actuales de la economía cubana, con los recursos que actualmente tiene el país no parece posible que se produzca una unificación monetaria sin perdedores, lo cual no solo es políticamente indeseable sino humanamente irresponsable. Por ello, resulta imprescindible la adhesión de Cuba a los organismos multilaterales de crédito, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM), así como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y solicitar ante estos organismos créditos, cuya magnitud permita abordar la situación de la unificación monetaria y el establecimiento de la convertibilidad interna de la moneda, además del financiamiento de proyectos de desarrollo concretos. Estos recursos podrían constituir el respaldo inicial de la moneda nacional cubana convertible y el establecimiento de unas reservas internacionales, lo suficientemente holgadas para evitar una violenta devaluación del peso cubano, que afectaría, gravemente, el nivel de vida de la población.

A manera de resumen.

El 7º Congreso del PCC ha dejado claras algunas cuestiones conceptuales que parecería que marcarán el límite ideológico al proceso de cambios que en Cuba se ha llamado oficialmente “actualización del modelo socialista cubano”. Al mismo tiempo, continúa dejando en suspenso algunas cuestiones prácticas que el país debe resolver como parte de los cambios económicos necesarios para afrontar su proceso de desarrollo.

La composición de los órganos de dirección del Partido, parece reforzar la idea de que se ha impuesto la línea más ortodoxa, partidaria del mantenimiento del modelo de economía centralmente dirigida y de un sistema político totalitario, aunque, aparentemente se trate de dar una idea de unidad monolítica en cuanto a las concepciones estratégicas fundamentales. Por otra parte, dicha composición ha pospuesto el necesario rejuvenecimiento de la dirección del PCC, manteniendo en las posiciones claves del país a la llamada “generación histórica”, algunos de los cuales podrían no llegar con vida al siguiente congreso, con lo cual se hace evidente que no existe una transición generacional prevista de forma ordenada.

Las ideas centrales acerca de la “conceptualización del modelo” parecen definir el marco en el que pueden desarrollarse los cambios en la economía cubana, lo cual genera gran incertidumbre respecto al éxito probable de dichas medidas para encaminar a la economía cubana en una senda de desarrollo.

Por otra parte, el Congreso no avanzó sustancialmente en la definición de una estrategia de desarrollo para el país ni en la solución de los problemas económicos inmediatos m´s importantes. Los principales documentos que fueron examinados en la reunión serán sometidos a nueva discusión ante públicos más amplios, para después recibir la redacción definitiva por parte del Comité Central.

Mientras tanto, entre los aspectos positivos que se rescatan del Informe Central, se advierten: 1) el reconocimiento del papel que pueden jugar la empresa privada mediana, pequeña y la micro empresa, junto al trabajo por cuenta propia en el desarrollo económico; 2) la necesidad de dejar atrás los “prejuicios arcaicos” sobre la inversión extranjera directa; 3) la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, evitando los eufemismos; 4) el reconocimiento a la necesidad de un nuevo ordenamiento monetario que debería corregir los efectos nocivos del “igualitarismo”; 5) la necesidad de rectificar el fenómeno de la llamada “pirámide invertida” que no permite retribuir de manera justa y que el nivel de vida se corresponda con los ingresos legales de los ciudadanos; y 6) el reconocimiento de la necesidad de cambios en la organización del Estado y de las administraciones territoriales, entre otros.

Queda abierta la expectativa frente a los procesos que seguirán a partir del 7º Congreso y en el que se destacan, principalmente, el trabajo sobre la reforma constitucional y toda la actividad en torno al cumplimiento de los lineamientos y de la elaboración de la estrategia de desarrollo, pero sobre todo, ante la necesidad de dar pasos hacia la solución de los problemas económicos fundamentales del país en la actualidad.

Referencias.

Castro, Raúl (2016) Informe Central al 7º Congreso del PCC. https://www.youtube.com/watch?v=pCsw3_TBsqg

Pérez (2016) “El cubano espera la economía reflejada en su bienestar”. Entrevista concedida a Mario Vizcaíno Serrat. Palabra Nueva, febrero de 2016.

Rodríguez (2016) “Una mirada a la economía cubana: Resultados de 2015 y perspectivas de 2016. www.cubadebate.org

Una primera mirada a la economía cubana: Resultados de 2015 y perspectivas de 2016

[1] El tipo de cambio de las Casas de cambio (Cadeca) es de 24 CUP por 1 CUC en la compra y de 25 CUP por 1 CUC en la venta del CUC. Las empresas estatales funcionan con el tipo de cambio oficial de 1 CUC por 1 CUC, las empresas mixtas funcionan con un cambio de 2 CUP por 1 CUC, en la zona del Mariel funciona un tipo de 10 CUP por 1 CUC, los hoteles pagan a los campesinos a razón de 11 CUC por 1 CUC, entre otros.

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Importante renovación del liderazgo vietnamita después del XII Congreso del Partido Comunista de Vietnam

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Los congresos de los Partidos Comunistas en los países en los que éstos gobiernan bajo un régimen de partido único suelen ser acontecimientos fundamentales en la vida política de los mismos, puesto que en ellos se realiza un balance de la actividad del partido, así como del contexto nacional e internacional del período previo, se trazan las políticas fundamentales para el período siguiente, usualmente de cinco años y se elige al nuevo liderazgo, encabezado por el Secretario General, el Buró Político, el Secretariado y el Comité Central. Y en ciertas ocasiones, puntuales, incluso pueden definirse estrategias de desarrollo de más largo plazo.

Entre el 21 y el 28 de enero de 2016 sesionó el 12º Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV), siguiendo el formato tradicional que venía desde los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética, y de los demás países del sistema socialista mundial.

Este Congreso, al parecer, había generado mucha expectativa porque se esperaba una renovación considerable del liderazgo y se había apostado incluso a la posibilidad del reemplazo del secretario general, Nguyen Phu Trong, (71 años). Algunos medios de prensa y expertos consideraban que el más firme candidato para dicho puesto era el saliente Primer Ministro Nguyen Tan Dung (66 años), quien en mayo de 2016 debe terminar sus dos períodos posibles de cinco años en la jefatura del gobierno y, aparentemente, era el dirigente más poderoso del equipo dirigente de Vietnam. Otros analistas, mencionaban a su rival, el Presidente Truong Tan Sang (67). Sin embargo, las cábalas no resultaron. Trong fue reelegido secretario general para un segundo mandato y Dung y Sang quedaron por fuera del Buró Político e incluso del Comité Central. Mientras tanto, en el nuevo Buró Político, de sus 19 miembros, 12 son nuevos y sólo siete han sido reelegidos del anterior congreso. Y en el nuevo organismo han sido excluidos cuatro de los cinco principales cargos del país, pues además del Presidente y al Primer Ministro, se excluyó al Presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Sinh Hung, y al, hasta entonces, secretario ejecutivo del Comité Central, Le Hong Anh, que hace las veces de segundo secretario del Partido.

El contexto político.

En el 6th Congreso del PCV, efectuado en diciembre de 1986, se lanzó el “Doi Moi” (proceso de reestructuración en idioma vietnamita) y se inició un profundo proceso de reformas económicas, en la línea de la llamada “perestroika” que había promovido el entonces líder soviético Mijaíl Gorbachov, después de asumir el poder en 1985, y de las reformas de Deng Xiaoping, iniciadas en China a partir de 1978. Este proceso, significó la transformación de un modelo de economía centralmente dirigida hacia una “economía de mercado con orientación socialista”.

El “Doi Moi” se produjo en medio de un contexto político determinado por el fallecimiento, en ese mismo año, del entonces máximo dirigente del PCV Le Duan, considerado, entonces, como el principal representante de la llamada “línea dura” dentro del Partido, a favor del mantenimiento del llamado modelo de economía centralizada y del sistema político caracterizado por su fuerte ideologización “marxista-leninista”. Por otra parte, Vietnam sufría el agravamiento de sus condiciones económicas ante la disminución de la ayuda económica proveniente de la Unión Soviética, debido a los problemas económicos que ya enfrentaba este país.

Desde el punto de vista económico, Vietnam ha vivido una profunda transformación. En los 30 años desde el inicio de las reformas, se ha permitido y se protege, constitucionalmente, la propiedad privada en empresas productivas y de servicios, el mercado ha reemplazado a la planificación centralizada como mecanismo de asignación de recursos, se ha desarrollado un cuerpo de leyes orientado a regular el funcionamiento del mercado. El país ha atraído una significativa inversión extranjera. Su nivel de inserción económica internacional ha mejorado ostensiblemente. Vietnam es una de las economías con mayor ritmo de crecimiento en el mundo y, a pesar de que aun existe un considerable nivel de pobreza, y de que en términos de ingreso per cápita, aun sigue distante de los niveles alcanzados por otras economías dinámicas de Asia, este indicador ha mejorado considerablemente en los últimos años, reflejándose en un sustancial mejoramiento del nivel de vida de la población, en general.

Como simple dato, vale la pena mencionar que el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, a precios constantes de 2005, se incrementó de 237 dólares estadounidenses (USD) en 1986 a 1.003 en 2014, mientras que la tasa de crecimiento promedio anual del PIB ha sido de 6,6% y la del PIB per cápita, 5,1%, durante el período mencionado (UNCTAD, 2015).

Desde el punto de vista político, sin embargo, no se ha planteado una reforma sustancial. En 1992 se aprobó una nueva Constitución (reformada en 2013), la cual realizó cambios en la estructura del poder del Estado, pero no modificó aspectos esenciales del sistema político, tales como el liderazgo del PCV en el Estado y la sociedad, monopolizando el poder político. Aun se mantiene la ausencia de democracia en la elección de los diputados al parlamento y en la práctica, la elección de los principales funcionarios estatales por éste, no ocurre como resultado de la competencia de varios candidatos sino mediante la ratificación de quienes han sido designados por el Comité Central del PCV para ocupar dichas funciones. Por otra parte, la oposición sigue sin ser reconocida en el país y carece de legitimidad.

No obstante, se han producido algunos cambios positivos en la dirección del establecimiento de cierto equilibrio de poderes y una mayor separación de las funciones del Partido y del Gobierno. Se ha incrementado el rol de la Asamblea Nacional en el control de la actividad del gobierno. En 2012 se estableció el “voto de confianza” de los diputados sobre los principales funcionarios del Estado y el Gobierno, aunque solo es un voto de confianza alta, media y baja y en ningún caso un voto de no confianza.

Adicionalmente, entre los 500 miembros de la 13ª Asamblea Nacional, 42 no son miembros del PCV, si bien ninguno de ellos se identifica como oposición.

Por otra parte, para evitar que los máximos dirigentes políticos ocuparan sus cargos por largos períodos de tiempo, hasta envejecer o fallecer en ellos, desde el 6º Congreso del PCV se decidió, al igual que ya lo había hecho China, que ningún dirigente ocupe una de las máximas posiciones del Partido o el Estado por más de dos períodos (diez años). Esta disposición, significó el paso a retiro de varios de los líderes que habían dirigido el país desde la década de los años 50’s, entre ellos, Truong Chinh, Pham Van Dong, Le Duc Tho, Van Tien Dung, To Huu y Chu Hui Manh, entre otros, y ha traído como consecuencia la renovación paulatina del liderazgo vietnamita, a partir de entonces.

Así, desde esa época, se han desempeñado cinco secretarios generales del PCV (Nguyen Van Linh, Do Muoi, Le Ka Phieu, Nguyen Duc Manh y el actual Nguyen Phu Trong). Por otra parte, desde el establecimiento de la nueva Constitución, la Asamblea Nacional ha elegido a cuatro Presidentes del Estado (Le Duc Anh, Tran Duc Luong, Nguyen Minh Triet y Truong Tan Sang) y a tres Primeros Ministros (Vo Van Kiet, Pham Van Kai y Nguyen Tan Dun).

Por lo general, los regímenes comunistas se han caracterizado por aparentar una unidad monolítica de sus equipos dirigentes. Sin embargo, esta situación ha estado muy lejos de ser real, sobre todo en los períodos de cambios profundos en los que se enfrentan corrientes reformistas con grupos conservadores, interesados en el mantenimiento del status quo.

El liderazgo vietnamita, elegido en el 11º Congreso del PCV y en la 13ª Legislatura de la Asamblea Nacional (ambos en 2011), mostró fracturas aparentes desde el mismo momento de su elección. Diversos expertos en la realidad política vietnamita mencionaban las diferencias políticas entre las distintas facciones dentro del equipo dirigente, especialmente entre el Secretario General de PCV y el Presidente del Estado, de una parte, y el Primer Ministro, de otra. En ese momento, se comentaba en los corrillos políticos de Hanoi que el Presidente Truong Tan San y el Primer Ministro Nguyen Tan Dun rivalizaron por esta última posición, la cual, de facto, tiene más poder real que la jefatura del Estado porque implica la dirección del gobierno y del poderoso entramado estatal que contola  a las empresas estatales y a los gobiernos regionales, mientras que la Presidencia, tiene un poder principalmente ceremonial y de representación internacional.

En efecto, al conversar con académicos y empresarios, e incluso con algunos funcionarios estatales, en mi último viaje a Hanoi (2014), todos coincidían en que, aparentemente, el Primer Ministro era el político con mayor poder real en el grupo de dirigentes vietnamitas por su relación con las empresas estatales y con los gobiernos provinciales, y al mismo tiempo, era identificado con los altos niveles de corrupción que afectan al funcionamiento del aparato estatal en Vietnam, lo cual lo volvía vulnerable en la estructura del PCV.

Durante todo el período entre el 11º y el 12º congresos y la 13ª y 14ª Legislatura de la Asamblea Nacional, que se efectuó entre los últimos días de marzo y los primeros de abril de 2016, ha sido evidente el enfrentamiento entre las dos facciones dentro del liderazgo vietnamita. La que está encabezada por el secretario general del PCV Nguyen Phu Trong y el presidente Truong Tan Sang, es identificada por algunos analistas como la facción conservadora “pro-china”, interesada en mantener el curso de las reformas económicas pero fortaleciendo la labor ideológica del Partido y el control político que éste ejerce en la sociedad. La otra, liderada por el Primer Ministro Nguyen Tan Dung, es considerada por algunos como la facción “reformista”, más orientada a una mejor relación con los países occidentales, especialmente Estados Unidos, y a profundizar las reformas económicas. Sin embargo, la realidad es que en ningún caso se identifica a un grupo dentro de la dirección de este país dispuesto a democratizar el sistema político. Por otra parte, resulta dudoso identificar una “facción pro-China” cuando es conocido el persistente conflicto entre Vietnam y China por las islas Spratley y Paracelso, el cual se ha agudizado recientemente, debido a la construcción, por parte de China, de islas artificiales en la zona de conflicto.

Por otra parte, en varias sesiones de la anterior legislatura de la Asamblea Nacional se produjeron cuestionamientos sobre la efectiviad del gobierno en el manejo de la economía, y se produjeron críticas abiertas al Primer Ministro por cuestiones relacionadas con la economía. Esta situación se ha hecho evidente en los resultados de los votos de confianza en los que el premier no salió muy bien librado, en comparación con otros dirigentes.

Entre marzo y mayo de 2012 se produjo uno de los más sonados juicios por corrupción, cuando varios ejecutivos de la empresa estatal Vietnam National Shipbuilding Industry Group (Vinashin) fueron juzgados por el Tribunal Popular debido a inversiones ineficientes que llevaron a pérdidas por 900 mil millones de dong (VND), aproximadamente 43 millones de USD al cambio actual. Al mismo tiempo, los principales responsables de otra gran corporación estatal, Vietnam National Shipping Lines (Vinaline) fueron acusados de despilfarro y corrupción por pérdidas cercanas a los 81 millones de dólares en el solo ejercicio de 2009-2010.

Por otra parte, en agosto de 2012, se produjo el arresto de Nguyen Duc Kien, cofundador del Asia Commercial Bank y presidente del Club de Fútbol Hanoi ACB, de quien se decía tenía relaciones de amistad muy cercana con el Primer Ministro y su hija. Kien fue conenado a 30 años de cárcel por “violaciones económicas” en un sonado proceso en el que también fueron juzgados y condenados otros importantes ejecutivos de dicho banco.

En noviembre de ese mismo año, en una inusual sesión televisada del parlamento, el Primer Ministro fue directamente atacado por el diputado Duong Truc Quoc, y conminado a renunciar debido a errores en el manejo de la economía, así como debido a los escándalos de corrupción descubiertos que involucraban a empresas públicas, cuyo desempeño no había sido adecuadamente monitoreado por el gobierno. Debido a lo extraño de la situación, muchos analistas concluyeron entonces que, muy probablemente, estas críticas fueron orquestadas desde el más alto nivel de dirección del PCV.

Sus críticos, acusaban al Premier de haber construido una importante red de favores políticos y económicos a través de sus lazos con empresarios extranjeros y vietnamitas, de favorecer el enriquecimiento de su familia, así como de ser el responsable de la bancarrota de muchas empresas vietnamitas, así como de haber elevado excesivamente, la deuda pública vietnamita.

Sin embargo, en 2014, fue identificado como el principal impulsor de las reformas económicas, la privatización de empresas estatales, la incorporación al Acuerdo de Asociación Transpacífico (Trans-Pacific Partnership), así como ha sido el principal crítico de la exploración petrolera que China ha desarrollado en las islas Paracelso. Por estas razones, en el voto de confianza de ese año recibió un 64% de “alta confianza” y sólo un 14% de “baja confianza”. Sin embargo, entre los principales líderes estatales del país (el secretario general del PCV no se somete a este tipo de voto), el Presidente Sang ha sido quien históricamente ha recibido el mayor número de votos de “alta confianza”.

En el período previo al 12º Congreso del PCV, muchos analistas especularon acerca de la renovación del liderazgo y algunos (Chánh Công Phan, 2015) coincidían en que Nguyen Tan Dung sería el candidato más opcionado al cargo de Secretario General del PCV, debido a que no podría continuar como Primer Ministro por haber cumplido los dos períodos máximos en el cargo, tal y como establece la Constitución, y debido a que su popularidad en el país había aumentado en los últimos tiempos, y a que Nguyen Phu Trong probablemente no sería reelegido por su edad. Otros, (Jonathan London, 2015) veían en Truong Tan Sang, como el más firme candidato a la Secretaría General del PCV, debido a su alta popularidad en el país (fue el miembro del Buró Político electo con la mayor cantidad de votos en el 11º Congreso y ha sido el más votado con “alta confianza” en todas las votaciones llevadas a cabo en el parlamento del país).

Sin embargo, los resultados de la elección del Comité Central y del Buró Político echaron por tierra las suposiciones de los analistas. El 12º Congreso fortaleció la posición del Secretario General, Nguyen Phu Trong, quien no sólo fue reelegido en su cargo, sino que logró la exclusión de los otros cuatro principales dirigentes del país en el nuevo Buró Político, con lo que su posición como principal líder del país queda fortalecida y restablecida la tradición de que el secretario general, si bien no es ya el líder absoluto que antes era, al menos es el “primero entre iguales”.

La conformación del nuevo liderazgo.

En el nuevo Buró Político fueron ratificados sólo siete de los 16 miembros del anterior equipo. Los dirigentes ratificados fueron: el secretario general Nguyen Phu Trong, el ex-ministro de Seguridad y actual Presidente del Estado, general Tran Dai Quang, el anterior vice primer ministro y actual Primer Ministro, Nguyen Xuan Phuc, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la 13ª Legislatura y recientemente elegida Presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngang, el presidente del Frente Patriótico Nguyen Thien Nhan, el nuevo secretario ejecutivo del Secretariado Dinh The Huynh y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Tong Thi Phong. Los nuevos 12 miembros son: Vo Van Thuong, nuevo jefe de la Comisión Ideológica del CC; Tran Quoc Vuong, secretario de la Comisión Central de Inspección; Pham Binh Minh, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Hoang Trung Hai, actual secretario del PCV en Hanoi; Dinh Le Thang, actual secretario del PCV en Ciudad Ho Chi Minh (Saigón); el general Ngo Xuan Lich, jefe del Departamento Político de las Fuerzas Armadas; To Lam, viceministro de Seguridad; Pham Minh Chinh, nuevo jefe de la Comisión de Organización del Comité Central (CC); Vuong Dinh He, jefe de la Comisión Económica del CC; Truong Thi Mai, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional de la 13ª Legislatura; Truong Hoa Binh, presidente de la Corte Suprema de Justicia; y Nguyen Van Binh, presidente del Banco Estatal de Vietnam.

El pasado 9 de febrero, se anunció la conformación del nuevo aparato operativo del Comité Central del PCV formado por el Secretariado y las Comisiones del Comité Central.

Dinh The Huynh (62), antiguo Jefe de la Comisión Ideológica del Comité Central ha pasado a la importante posición de secretario ejecutivo del Secretariado, lo cual lo convierte, de facto, en el segundo secretario del CC del PCV y en quien lleve los asuntos cotidianos del PCV. Si bien, esta posición no lo coloca necesariamente en la línea de sucesión, sin dudas lo convierte en uno de los cinco principales dirigentes del país, en términos de poder real, después del Secretario General, el Presidente, el Primer Ministro y el Presidente de la Asamblea Nacional.

Vo Van Thuong, miembro del Buró Político y antiguo secretario del PCV en Ciudad Ho Chi Minh, pasó a la jefatura de la importante comisión de propaganda y educación del CC, la cual aiende los asuntos ideológicos. Mientras tanto, Truong Thi Mai quedó a cargo de la comisión de mobilización de masas. Hoang Trung Hai (actual viceprimer ministro) y Dinh La Thanh (actual ministro de Transporte), ambos elegidos nuevos miembros del Buró Político, fueron designados secretarios del PCV en las dos más importantes ciudades, Hanoi y Ho Chi Minh, respectivamente.  Nguyen Van Nem, estará a cargo de la oficina administrativa del CC.

Así mismo, se conformó el Secretariado del Comité Central, integrado por el Secretario General Nguyen Phu Trong, el secretario ejecutivo, Dinh The Huynh; el jefe de la Comisión Central del Inspección, Tran Quoc Vuong; el jefe de la Comisión de Organización del CC Pham Minh Chinh, el jefe de la Comisión de Popularización y Educación del CC Vo Van Thuong; y la jefe de la comisión de Mobilización de Masas del CC Truong Thi Mai; así como por Luong Cuong, Nguyen Van Nem y Nguyen Hoa Binh.

Finalmente, desde el 31 de marzo,  se está realizando la primera sesión de la 14ª Legislatura de la Asamblea Nacional, en la cual se elige al Presidente y al Vicepresidente del Estado, al Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros y los ministros del Gobierno y presidentes de los Comités Estatales, al Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea Nacional, así como a los Magistrados del Tribunal Supremo y al Fiscal General.

La nueva Asamblea Nacional eligió recientemente a los principales líderes del Estado siguiendo las recomendaciones del Comité Central del PCV, como ha ocurrido desde que se estableció el sistema comunista en este país. Como Presidente del Estado fue elegido el anterior ministro de Seguridad, general Tran Dai Quang (60), como Primer Ministro al hasta entonces viceprimer ministro Nguyen Xuan Phuc (62), y como Presidenta de la Asamblea Nacional a Nguyen Thi Kim Ngang (62), anterior vicepresidenta, la primera mujer en desempeñar esta función en este país. Todos ellos hacen parte del Buró Político del CC. Como nueva vicepresidenta fue elegida Dang Thi Ngoc Thinh (57), miembro del Comité Central del PCV. También fueron elgidos Nguyen Hoa Binh, miembro del secretariado del CC, como Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y Le Minh Tri como Fiscal General.

El secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, ha tenido una larga carrera en el aparato político del Partido y en diversas posiciones estatales. Nació en el seno de una familia de campesinos pobres en el distrito de Dong Anh, en la zona rural de Hanoi, pero estudió Filología en la Universidad Nacional de Vietnam. Durante muchos años fue editor de la revista teórica del PCV, Tap chi Congg San (Revista Comunista). Obtuvo un doctorado en Historia en la Academia de Ciencias Sociales de la URSS y posteriormente se convirtió en uno de los principales teóricos del PCV, ingresando en el Consejo Teórico del CC. Miembro del CC del PCV desde 1994 y del Buró Político desde 1997. Ha sido diputado en la Asamblea Nacional desde 2002. Entre 2000 y 2006 fue secretario del PCV en Hanoi. Entre 2006 y 2011 fue Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam y desde 2011 es el Secretario General del PCV.

El Presidente Tran Dai Quang, estudió en la Escuela de la Policía Popular y en la Escuela de Lenguas Extranjeras del Departamento de Asuntos Culturales del Ministerio de Seguridad Pública. Durante varios años fue oficial del departamento de Protección Política del dicho ministerio. Toda su carrera se ha desarrollado en este ministerio en el que ha desempeñado funciones directivas. En 2003 fue ascendido a General Mayor, en 2007 a Teniente General y en 2011 a Coronel General. Entre 2006 y 2011 fue viceministro de seguridad Pública y entre 2011 y 2016 se desmepeñó como Ministro. Estudió en la Universidad de Leyes de Hanoi.

El nuevo Primer Ministro, Nguyen Xuan Phuc, se graduó en Economía en la Universidad Nacional de Economía de Hanoi y en gestión administrativa en la Academia administrativa de Vietnam y estudió administración económica en la Universidad Nacional de Singapur. Desempeñó diversas funciones administrativas y de gestiópn económica en su provincia natal de Quang Nam, en la cual fue vicepresidente del Comité Popular Provincial. Entre 1994 y 2002 fue presidente de dicho comité. Entre 2007 y 2011 fue ministro del Gobierno y entre 2011 y 2016 se desempeñó como Primer Viceprimer Ministro.

La nueva Presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, estudió Ciencias Políticas y obtuvo un master en Administración Financiera y Crediticia. Fue ministra de Trabajo, Asuntos Sociales e Inválidos. Entre 2011 y 2016 fue vicepresidenta de la Asamblea Nacional y desde 2011 es miembro del Buró Político del CC del PCV.

En el nuevo Gabinete propuesto por el Primer Ministro todos los viceprimeros ministros y ministros son miembros del Comité Central y cinco de ellos hacen parte del Buró Político, lo cual demuestra el nivel de relación entre las estructuras del Partido y del Gobierno. De los cuatro Viceprimeros ministros, tres son miembros del Buró Político, lo que hace suponer que alguno de ellos sería el próximo jefe del Gobierno. Los nuevos viceprimeros ministros son: Pham Binh Minh (ministro de Relaciones Exteriores), Truong Hoa Binh, Vuong Din Hue (jefe de la Comisión Económica del CC del PCV), y Trinh Dinh Dung (miembro del CC del PCV). Otros miembros del Buró Político designados para el nuevo gobierno son el nuevo ministro de Defensa, general Ngo Xuan Lich y el nuevo ministro de Seguridad Pública, general To Lam.

A manera de resumen.

A falta de la información suficiente sobre las características y posibles inclinaciones en la dicotomía reformistas-conservadores que suele catacterizar la dirigencia de países totalitarios comunistas, se pueden realizar algunas consideraciones generales.

  1. Se ha fortalecido, al menos temporalmente, la posición del Secretario General Nguyen Phu Trong, quien es el miembro de más edad del nuevo Buró Político, y al lograr la salida de los otros cuatro principales dirigentes de la anterior legislatura, refuerza su senioridad dentro del nuevo equipo dirigente. Es posible, sin embargo, que pudiera ser reemplazado antes de concluir su nuevo mandato de cinco años, en razón de su edad, cuando se hubiera consolidado este nuevo liderazgo. Trong es identificado como el principal líder “conservador”, lo cual, sin embargo, no debe sugerir que sea partidario de revertir las reformas, sino más bien en la línea de reforzar el control político e ideológico del PCV sobre la vida cotidiana del país e incluso, sobre la administración estatal, debido a la erosión de prestigio sufrida por las sistemáticas críticas a la corrupción que aparecen en los periódicos nacionales y que son abiertamente mencionadas tanto por inversionistas extranjeros como por empresarios nacionales.
  2. El predominio de esa línea “conservadora” se ratifica por el ascenso a la segunda posición, dentro del PCV, del general Tran Dai Quang, elegido recientemente para el cargo de Presidente del Estado. En algún momento anterior al Congreso se le consideró como un posible un candidato de compromiso a la Secretaría General del PCV, ante la eventualidad de que todos los principales dirigentes fueran reemplazados. Desde su puesto como anterior ministro de Seguridad, Quang ha sido considerado muy poco tolerante respecto a los activistas vietnamitas en favor de la democracia. Como Presidente, podrá adquirir experiencia en los asuntos de política internacional, los que sumará a su experiencia en las cuestiones de seguridad y tendrá la perspectiva global de la política doméstica e internacional, incluyendo la política económica y esto, junto a su edad, lo convertiría en un fuerte candidato futuro a la secretaría general del Partido.
  3. Otro elemento que fortalece la idea de un leve giro hacia una tendencia “conservadora” es la designación de Dinh The Huynh, como secretario ejecutivo del secretariado, puesto que su anterior cargo era el de Jefe de la Comisión Ideológica y de Educación del CC, que suele ser el guardián de la ortodoxia ideológica en el Partido.
  4. Habrá que esperar cuál será la posición del nuevo Primer Ministro en relación con las reformas necesarias para la economía vietnamita, lo cual queda bajo su directa responsabilidad como jefe del gabinete. El mantenimiento de los altos ritmos de crecimiento económico y el mejoramiento del nivel de vida de la población son elementos clave en el mantenimiento del actual “contrato social”.
  5. En el nuevo equipo se establece una suerte de cierto desequilibrio de procedencia entre las tres grandes zonas geográficas en las que se divide el país (norte, centro y sur), lo cual suele resultar importante, debido a las diferencias históricas entre las mismas. Entre los cinco principales dirigentes del país, tres proceden del norte: Nguyen Phu Trong (zona rural de Hanoi), Tran Dai Quang (Ninh Binh) y Dinh The Huynh (Nam Dinh), mientras que el Primer Ministro Nguyen Xuan Phuc procede de la provincia de Quang Nam en el centro y la Presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngang, procede de la provincia de Ben Tré en el sur. En anteriores equipos dirigentes se había tratado de mantener un cierto equilibrio entre norte, centro y sur, al menos en las tres principales posiciones del país.
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