El 7º Congreso del PCC y los límites a los cambios en Cuba.

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Ha tenido lugar en La Habana el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. La fecha incluía un alto componente simbólico. Se conmemoraron los 55 años de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana y del inicio de la invasión a Playa Girón, la que, como es sabido, fue derrotada en alrededor de 72 horas.

Este nuevo Congreso del partido gobernante, y único permitido en Cuba, se ha desarrollado en un contexto histórico singular. Ha ocurrido a menos de un mes de la visita del presidente Obama a Cuba y de todo lo que ella conllevó como ruptura de una serie de imaginarios colectivos. Ha ocurrido en medio de un polémico proceso de cambios en lo que, eufemísticamente, se ha dado en llamar, oficialmente, como “actualización del modelo socialista cubano” y el cual transcurre con bastante lentitud, no pocos tropiezos y escasos resultados prácticos en cuanto a lo que debería ser el norte de dicho proceso, es decir, el mejoramiento del nivel de vida de la población cubana.

Principales temas y resultados del 7º Congreso del PCC.

A diferencia del 6º Congreso, que tuvo lugar en 2011, en el que la discusión principal se centró en el análisis y aprobación de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” que previamente habían sido publicados y analizados en las organizaciones de base del PCC, y en las diversas organizaciones sociales autorizadas por el gobierno, en el 7º Congreso no se publicó nada previo ni se convocó a análisis alguno, lo cual fue criticado en diversos espacios de la sociedad cubana y motivó la carta abierta a Raúl Castro del periodista y miembro del PCC, Francisco Rodríguez Cruz, en la que criticó que no se hubieran discutido abiertamente los documentos a analizar por el Congreso y solicitó la postergación de dicho evento. A esta carta abierta le llegó una respuesta pública (no firmada por Raúl Castro), según la cual, no se había hecho un proceso similar porque éste era la continuación de lo decidido en la reunión anterior y que con posterioridad al Congreso se someterían dichos documentos a discusión con toda la militancia y con los miembros de las demás organizaciones sociales.

Una cuestión de importancia significativa fue el hecho de que de los 313 lineamientos aprobados en el 6º Congreso, hace cinco años, sólo fueron cumplidos el 21% de los mismos, el 77% estaba en algún punto del proceso de su implementación y en un 2% de los mismos no se había iniciado su aplicación. El 7º Congreso tenía entonces la misión de aprobar cuatro documentos principales: 1) el análisis de los resultados de la implementación de los Lineamientos aprobados en 2011 y su implementación para el período 2016-2021; 2) elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030; 3) el análisis del cumplimiento de los Objetivos de Trabajo aprobados en la Primera Conferencia Nacional del PCC, efectuada en 2012, de las directrices del Primer Secretario y las proyecciones para su continuidad, y 4) el análisis del Informe Central presentado por Raúl Castro ante el pleno del Congreso. Además, el Congreso, como siempre, tenía la misión de elegir un nuevo Comité Central y éste, a su vez, en su primera sesión plenaria, elegir al Primer y Segundo Secretarios, a los demás miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central.

Llama la atención que el anunciado Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030 llegó al Congreso sin su formulación definitiva, por lo que Raúl Castro solicitó al Congreso que encargara al Comité Central de su redacción definitiva y su puesta a consideración de toda la membresía del PCC. Hasta el momento sólo han sido divulgadas las resoluciones de aprobación pero no los documentos aprobados, por tanto, aun no se conocen las bases del desarrollo estratégico que la dirección del Partido, con el “concurso de académicos” (según el Informe Central), ha concebido para dicha fecha. Sin embargo, resulta preocupante que la economía cubana adolece de una serie de problemas graves que siguen sin solución y que son del presente y resulta importante preguntarse si no sería mucho más útil adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas de hoy para de esta forma asegurar el éxito de una estrategia a más largo plazo.

La “conceptualización del modelo” y los límites a los cambios.

La discusión en torno a la conceptualización del modelo económico y social ha sido, probablemente, el aspecto más importante del Congreso. No porque fuera imprescindible sino porque trazaba la línea, aparentemente, infranqueable de los cambios. Las ideas generales fueron recogidas en el Informe Central, a saber: 1) la propiedad “de todo el pueblo” es y continuará siendo la forma de propiedad principal de la economía nacional y del sistema socio-económico; 2) no habrá privatizaciones de empresas estatales; 3) en las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y tampoco de la riqueza, por tanto la empresa privada funcionará dentro de límites bien definidos y funcionará como un complemento dentro del entramado económico del país; 4) el trabajo por cuenta propia, la mediana, pequeña y  micro-empresa no son, por su esencia, anti-socialistas ni contrarrevolucionarias; 5) se producirán cambios constitucionales pero no se eliminará la irrevocabilidad del sistema socialista ni se eliminará la previsión constitucional que le otorga al PCC el carácter de fuerza dirigente de la sociedad y por tanto, le reserva el monopolio del poder político.

Esta línea infranqueable define un tipo de socialismo que no es el único socialismo posible y, por tanto, es discutible. Sin embargo, el principal problema estriba en el contenido real de lo que se define como “propiedad del todo el pueblo” que, en realidad es propiedad estatal y que, en las condiciones de un estado totalitario y de excesiva centralización en la toma de decisiones económicas y en la gestión empresarial privan a dicha propiedad de su contenido real. Si se asume que toda la sociedad es propietaria, esos co-propietarios colectivos deberían tener algún tipo de capacidad de incidir en las decisiones económicas. En el modelo de economía centralizada establecido primero en la Unión Soviética y después en los demás países socialistas, incluida Cuba no existe mecanismo alguno para la realización real de esa propiedad social. Esto tampoco lo logró el llamado “socialismo autogestionario”, aplicado por Yugoslavia entre los años 50’s y 80’s.

La historia del socialismo “realmente existente”, ha estado marcada por el stalinismo, y por sus sucesivas variantes cosméticas, lo que llevó a que la propaganda comunista definiera ése como único modelo de socialismo real y, entre otras vulgarizaciones, llevó a la identificación automática de la propiedad estatal como la principal forma de propiedad social “de todo el pueblo”.

En el llamado “socialismo real” los propietarios colectivos sobre los medios de producción, es decir, la sociedad en su conjunto, han sido reemplazados por la élite gobernante, en calidad de usufructuarios directos de dicha propiedad porque han tomado decisiones fundamentales sobre dicha propiedad sin involucrar a los supuesto propietarios. Ello es el resultado de la ausencia de democracia en la gestión económica de las empresas e incluso en la elaboración de los planes económicos.

Ello está relacionado, directamente, con el tipo de Estado que ha caracterizado a los países del “socialismo real” y que no constituye un Estado democrático de acuerdo a los estándares internacionalmente reconocidos. Ciertamente, la mayor parte de los sistemas democráticos representativos tienen serios déficit de democracia real pero al menos permiten escogencias entre alternativas y disponen de algún tipo de mecanismo de castigo por parte de los electores frente a las ejecutorias equivocadas o irresponsables de sus gobernantes. Ello no es posible en un sistema totalitario de partido único en el que la democracia ni siquiera se practica en dicho partido gobernante porque la dirigencia del Partido no es elegida entre alternativas sino a partir de listas únicas en las que los candidatos son en igual número a puestos a elegir.

Si los supuestos propietarios colectivos de la “propiedad de todo el pueblo” carecen de la posibilidad real de influir en las decisiones que afectan su supuesta propiedad, y si, además, sus ingresos no guardan relación con el desempeño de dicha propiedad y si, también, sus ingresos no son suficientes para asegurar las condiciones elementales de vida, el resultado es el desinterés por los resultados de la producción, así como el desprecio por el trabajo productivo porque no asegura condiciones dignas y elementales de vida.

La excesiva centralización estatal de las decisiones económicas de las empresas ha cercenado la iniciativa de los directivos de las mismas, ha limitado su gestión a la de simples ejecutores de directrices y a una irresponsabilidad generalizada por los resultados de la gestión con la consecuente afectación a la productividad y la calidad de la producción.

Este modelo de socialismo ha fracasado por doquier. Su quiebra hundió a los regímenes del llamado “socialismo real” en la Unión Soviética y los demás países de Europa Central y Oriental. Mientras tanto, China y Vietnam han modificado, notoriamente, su modelo económico hasta implantar una especie de “capitalismo de Estado” (en China el modelo se define, oficialmente, como “economía socialista con orientación al mercado” y en Vietnam como “economía de mercado con orientación socialista”) con amplio margen de actuación del mercado sin que el enriquecimiento de la naciente clase empresarial privada resulte contraproducente desde el punto de vista práctico, para los líderes de ambos países, mientras que esos “nuevos ricos” se mantengan conformes con el régimen político y lo acepten. En ambos casos, las empresas estatales cuentan con márgenes considerables de autonomía en sus decisiones económicas y operan, normalmente, en un mercado en el que no siempre disponen de condiciones de monopolio.

Si en Cuba no se soluciona este problema medular, relacionado con lo que podría denominarse la realización de la propiedad “social” sobre los medios de producción, difícilmente esta forma de organización económica logre constituir una alternativa real de desarrollo y el tiempo seguirá pasando sin que se logren las transformaciones necesarias en la economía.

Por otra parte, pareciera necesario que el gobierno de Cuba estudiara la experiencia vietnamita sobre la llamada “equitización” de las empresas socialistas en las que el Estado conservó una parte decisiva de la propiedad y colocó otra parte en el naciente mercado de valores, después de que los trabajadores de dichas empresas se convirtieran en co-propietarios de las mismas. Este proceso adoptado en el país asiático ha tenido logros y problemas, pero el estudio de la experiencia no resulta ocioso.

Una de las funciones económicas que debe tener el Estado y que, ciertamente no cumple adecuadamente en la mayor parte de los países capitalistas, es la de evitar la concentración de la propiedad y la riqueza que resultan de la competencia no regulada. Sin embargo, en ese sentido, el gobierno cubano debiera crear condiciones institucionales y legales adecuadas para evitar esos niveles de concentración que de todas formas se producen con flagrantes violaciones a la legalidad pero también con las prohibiciones a cierto sector de la sociedad que ve impedido su acceso legal al emergente mercado de actividades económicas privadas. Por otra parte, no parece tener lógica impedir que se produzca el enriquecimiento de aquellos emprendedores que con su esfuerzo y su trabajo e iniciativa logran sacar adelante los negocios. Es famosa la frase de Deng Xiaoping, cuando impulsaba las reformas en China cuando exhortó “¡enriquecéos!” Si muchos se enriquecen es bueno para la sociedad porque en la misma medida su mayor contribución impositiva contribuirá a incrementar el bienestar de los menos favorecidos y de la sociedad toda. Para poder distribuir riqueza es necesario crearla.

Finalmente, la referencia constitucional a la irrevocabilidad del socialismo y al reconocimiento del monopolio del PCC en el ejercicio del poder político responden a la concepción de socialismo al que adscriben los actuales dirigentes cubanos. Imponerlo en la Constitución actual no evita que las generaciones posteriores decidan otra cosa en el ordenamiento político y social del país. Sin embargo, ése tipo de imposiciones pueden llevar a que en el futuro, se identifiquen las principales conquistas sociales de la Revolución Cubana con el conjunto de un modelo fracasado por su ineficacia económica y por tanto, desmontadas, como ocurrió, lamentablemente, en las antiguas repúblicas soviéticas y en los países de Europa Central y Oriental. No existe justificación alguna más que el ejercicio del poder para que se imponga a una sociedad, una sola visión del mundo, una sola opción de organización estatal y una sola concepción ideológica. El verdadero socialismo se vuelve hueco si carece de democracia y la democracia está asociada al pluralismo de ideas. Por otra parte, al imponerse esa sola visión del mundo, automáticamente se está marginando a la parte de la sociedad que por las razones que sea no adscriben esa visión ideológica dominante. 

La situación económica actual y los problemas fundamentales de la economía cubana.

Por lo que ha sido publicado, al parecer, el Congreso no abordó las cuestiones actuales urgentes de la economía cubana. Sin embargo, no es un secreto que el éxito de una sociedad depende, en gran medida, de los resultados de su economía, porque es la economía la que produce los recursos para el desarrollo de cualquier sociedad.

Resulta bastante difícil hacer un análisis documentado de la situación económica actual de Cuba. La Oficina Nacional de Estadística e Información emite información tardía e incompleta de la economía cubana y jamás informa públicamente acerca de pronósticos trimestrales o anuales. Hace varios años, resultaba usual que el informe del ministro de Economía y Planificación, ante la Asamblea Nacional, sobre el desempeño del año anterior y sobre el plan del año siguiente se publicara íntegramente en los medios de prensa. Sin embargo, en los años más recientes se ha vuelto una norma que la prensa oficial publique solo notas informativas con alguna que otra información de los datos más generales, como es el caso del crecimiento del PIB, no así en el caso del comportamiento del producto bruto de cada sector de la economía nacional o el comportamiento del PIB a partir de los indicadores de la demanda agregada.

El último Anuario Estadístico disponible es el de la edición de 2015 que contiene información hasta 2014. Desde hace varios años no se publica completa la Balanza de Pagos Internacionales sino solo la Cuenta Corriente y se ha vuelto una norma que lleve dos años de retraso respecto al último año informado en el anuario, lo cual no permite realizar análisis pertinentes de la situación financiera externa del país. Al no contar con esta herramienta es casi imposible analizar, con fundamento, la situación financiera externa del país. Hace muchos años no se publica el nivel de las reservas monetarias internacionales.

La información oficial sobre el desempeño de la economía cubana en 2015 se ha producido de forma parcial y oficiosa. A falta del Anuario Estadístico de 2015, tampoco se ha publicado el Panorama Económico y Social que ofrece las cifras oficiales preliminares de los indicadores más importantes. En el sitio web cubano Cubadebate (www.cubadebate.cu), el ex ministro de Economía y Planificación y actual asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), José Luis Rodríguez, ofrece cifras que afirma tomar, en lo fundamental, del programa televisivo Mesa Redonda, del 30 de diciembre de 2015.

La opacidad y el secretismo de las autoridades gubernamentales cubanas respecto a la información económica evidencia serias dificultades que tratan de mantenerse lejos de la mirada profunda de los analistas agudos. Mientras tanto, esa falta de transparencia también es un elemento desestimulante para los posibles inversionistas extranjeros, cuyos recursos resultan imprescindibles para el desarrollo económico de Cuba en las actuales condiciones.

En la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular efectuada en diciembre pasado, el ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, informó que en 2015 el crecimiento económico fue de un 4%, un resultado aceptable si tomamos en cuenta la debacle económica de la mayor parte de países de América Latina y con un crecimiento regional conjunto negativo de -0,6% (CEPAL, 2016). De acuerdo con la información publicada por Rodríguez (2016), el sector agropecuario creció un 3,1%, la industria, 9,9%, la industria azucarera un 16,9%, la construcción un 11,9%, mientras que el transporte y comunicaciones creció en 3,6%. Habría que ver cuál es el desempeño de los sectores que no se mencionan. Rodríguez (2016) anota que la producción azucarera creció en volumen de toneladas producidas en un 17,8%, “el mayor incremento físico de los últimos años”. Ello representa 1.924.000 toneladas de azúcar, que es una producción inferior a la de 1912.

Entre los datos que pudo recopilar el ex ministro y académico cubano a partir del programa de la Mesa Redonda, destaca el nuevo nivel de salario promedio que se establece en 640 pesos cubanos (25,60 dólares estadounidenses según el tipo de cambio de las CADECA), el cual sigue resultando insuficiente para asegurar las condiciones de vida mínimas.

Así las cosas, de acuerdo con los datos conocidos, entre 2011 y 2015, el Producto Interior Bruto (PIB) de Cuba ha crecido a un ritmo promedio anual de 2,7%. Semejante nivel de crecimiento resulta insuficiente para impactar positivamente en el mejoramiento del bienestar de la población y en tal sentido resulta mucho más importante tener en cuenta lo que no dicen las cifras que se han publicado y sobre todo lo que podrían decir las cifras que no se han publicado.

Sin embargo, ¿cuál es la realidad de la economía cubana en lo que afecta a las familias comunes?

El primer y más grave problema es que la población cubana, en su inmensa mayoría empleada por el Estado, recibe unos salarios que no le aseguran su elemental subsistencia. En la medida en la que los bienes de consumo han pasado a comercializarse en mercados con precios determinados por la oferta y la demanda, éstos han ido subiendo precisamente porque la producción no alcanza a satisfacer las necesidades y entonces los precios suben a niveles que pueden ser pagados sólo por una parte muy reducida de la población, la cual tiene ingresos suplementarios por la vía de remesas o ingresos mayores por dedicarse a actividades económicas dentro del sector no estatal por cuyos bienes o servicios ofrecidos cobran “tarifas de mercado”. Así las cosas, se produce un círculo vicioso. Los ingresos de la mayor parte de la población obtenidos a partir del trabajo, son insuficientes para asegurar una vida digna; la producción de bienes de consumo y servicios que se comercializan en los mercados a precios libres es insuficiente pero existe una pequeña parte de la población con altos ingresos que tiene capacidad de compra y que puede comprar dichos bienes o disfrutar de dichos servicios a precios altos porque sus ingresos son altos. Y los precios son altos porque la producción es insuficiente. Adicionalmente, los precios también son altos porque en las llamadas Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), todas pertenecientes al sector estatal, los precios minoristas incluyen impuestos que oscilan entre 240 y 300%, y los precios se establecen en CUC o en su equivalente en CUP, absolutamente por fuera de la demanda efectiva del cubano común que vive de un salario estatal o de una pensión de jubilación. Estos precios, fijados por el Estado, de alguna u otra forma son referentes que impulsan hacia arriba los precios de los productos que se venden en los mercados agropecuarios para el caso de productos similares o bienes sustitutos.

Por otra parte, aún existen una serie de obstáculos estructurales que frenan el mejoramiento del nivel de vida de la población que debería ser la expresión más contundente y el objetivo central del desarrollo económico.

La excesiva centralización estatal en la toma de decisiones y el alto grado de discrecionalidad de dichas decisiones, además de constituir un clima institucional inadecuado para el desarrollo del emprendimiento económico y la iniciativa empresarial, está obstruyendo todo el proceso de cambios en la economía cubana. Como ejemplo, en una reciente entrevista para la revista Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana, el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva, mencionaba que de 400 proyectos presentados para la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, sólo habían sido aprobados once, tres de ellos nacionales (Pérez, 2016). Por otra parte, las decisiones necesarias se someten a interminables experimentos antes de aplicarse de manera general, y el tiempo avanza sin que se tomen decisiones radicales –probadas en otras experiencias internacionales- para mejorar la economía.

La tímida y lenta apertura al desarrollo del sector privado ha limitado el incremento de la producción de bienes y de servicios y el incremento del nivel de ingresos de la población. Desde hace varios años se diagnosticó que el aparato estatal estaba sobrecargado de trabajadores, buena parte de ellos improductivos, en una cifra de alrededor de un millón de personas. Sin embargo, por razones políticas no se puede, y no se debe, decretar el desempleo masivo de ese inmenso número de personas. La solución más lógica sería generando opciones de jubilación y, permitiendo, además, el autoempleo o la formación de empresas privadas de todo tipo por parte de aquellas personas que, voluntariamente, deseen hacerlo. El gobierno cubano ha permitido el auto-empleo y la formación de pequeñas empresas y micro-empresas privadas (sólo reconocidas abiertamente en el Informe Central al 7º Congreso del PCC) solo en 201 actividades económicas, las cuales dejan por fuera la mayor parte del empleo privado en ocupaciones profesionales. Esta situación ha conducido a la famosa inversión de la pirámide de ingresos que es una realidad en el país y que define que personas con una mayor calificación profesional, si se dedican a sus profesiones perciben ingresos inferiores a los que reciben quienes se dedican a actividades para las que no se requiere dicha calificación. Ello ha conducido a una sangría de profesionales cubanos, a través de la emigración, o al simple desperdicio de las calificaciones de muchos profesionales que se han desviado a las actividades de auto-empleo para las que no se requieren dichas calificaciones. De tal manera, Cuba está desperdiciando su principal activo, que es su capital humano con relativamente alto nivel de instrucción.

Para el desarrollo de actividades productivas y de servicios privadas subsisten, además, muchas limitaciones. No existe un mercado mayorista de insumos por lo que los incipientes empresarios privados deben concurrir al mercado minorista, generalmente desabastecido, y competir con los consumidores por una serie de bienes escasos. La escasez está motivada por la insuficiente producción nacional, por las insuficiencias del sistema de transporte de carga y por el control estatal sobre la actividad de comercio exterior. Es decir, los empresarios privados no pueden importar ni exportar directamente sino a través del Estado.

Por otra parte, el Estado cubano no permite la inversión extranjera en la distribución comercial minorista y mayorista, y por tanto debe asumir la importación de los bienes necesarios para mantener abastecidas las TRD y para ello debe contar con divisas, con las cuales, evidentemente, no cuenta de manera suficiente para asumir todas sus obligaciones económicas y financieras, además de las necesidades comerciales. Esta escasez crónica de divisas también está relacionada con el mantenimiento, por parte del Estado, de un control excesivo sobre la actividad económica del país y de las conexiones de éste con el resto del mundo.

Muy relacionado con lo anterior está el problema de la dualidad monetaria y la multiplicidad de tipos de cambio. Este es un problema medular en la economía cubana y es, precisamente, uno de los lineamientos, cuyo cumplimiento no se ha iniciado. La unificación monetaria y el establecimiento de un tipo de cambio económicamente fundamentado son necesidades sentidas por el sistema empresarial cubano, por las empresas mixtas y extranjeras radicadas en el país, por los empresarios privados y por la población en general y reconocido por el propio gobierno. Sin embargo, es algo que se sigue postergando por los temores políticos y las dificultades económicas que implica su solución.

La unificación monetaria permitiría expresar todos los precios de la economía nacional en términos de una sola moneda y relacionar dichos precios con los niveles reales de ingreso de las familias. Permitiría medir el costo de la vida y el nivel de vida real de la población. Por otra parte, si la moneda única que se establezca asume, al menos, una convertibilidad interna con las principales divisas internacionales, permitirá establecer relaciones directas entre los precios internacionales y los precios domésticos, lo cual es importante para determinar la competitividad internacional de la producción doméstica.

En las condiciones actuales, los salarios de los trabajadores del sector estatal están denominados en pesos cubanos (CUP) en niveles tan bajos que son insuficientes para asegurar la satisfacción de necesidades elementales de la vida cotidiana, tales como alimentación, ropa, calzado, transporte, reparación de viviendas, equipos electrodomésticos, así como reemplazo de accesorios en la vivienda. El Estado mantiene subsidios a una escasa variedad de bienes alimenticios que sigue distribuyendo a precios bajos a través de la “libreta de racionamiento” que resulta a todas luces insuficiente para asegurar una alimentación mínima. Por otra parte, si se consideraran a precios internacionales, teniendo en cuenta la tasa de cambio actual de las Casas de Cambio (Cadeca) entre el peso cubano convertible (CUC) y el CUP (de 25 CUP por 1 CUC), las tarifas de energía, agua, teléfono, estarían, evidentemente, muy por debajo de esos niveles internacionales. A esto debe añadirse el hecho de que la población no debe hacer erogación alguna por la educación y la atención médica, aunque si por los medicamentos. En general, casi toda la población, debe acudir al mercado para adquirir bienes y servicios que necesita y los adquiere a unos precios que no se corresponden con su nivel de ingresos. Esta situación ha desvalorizado el trabajo como el mecanismo a través del cual puede asegurarse la satisfacción de las necesidades de las familias. Para ello, necesitan el apoyo de familiares en el exterior que giran remesas, o que proveen recursos para el desarrollo de negocios suplementarios, o sencillamente obtienen ingresos mediante la venta de ciertos activos adquiridos anteriormente como muebles, obras de arte, automóviles, viviendas, etc.

La unificación monetaria implica una serie de temores para los gestores de política económica porque en cualquiera de las opciones el panorama podría conducir a un fuerte desequilibrio macroeconómico. El problema principal pasa por el tipo de cambio al que debe producirse la unificación, cualquiera que sea la moneda que se vaya a utilizar. En la actualidad, existen, al menos, seis tipos de cambio[1] distintos entre las dos monedas que circulan dentro del país, lo cual establece criterios discriminadores y una gran discrecionalidad que poco tiene que ver con un mercado que funcione eficazmente. Pero lo más importante es que para convertir un CUC, que supuestamente es convertible, en una divisa extranjera para una operación económica con el exterior, es necesario contar con un Certificado de Liquidez (CL) que otorga el Banco Central, el cual está manejando los recursos en divisas extranjeras como una especie de “caja chica”, precisamente debido a la escasez real de divisas duras. ¿Cuál debería ser el tipo de cambio utilizado para unificar el sistema monetario? Cualquiera que éste sea, tendrían que alinearse todos los precios y salarios al tipo establecido y si se establece en un nivel equivocado lo único que haría sería generar nuevas distorsiones en la economía nacional que probablemente desembocarían en una situación inflacionaria, porque de cualquier manera el rezago de los salarios respecto a los precios es tal que no existe otra alternativa que elevar los salarios multiplicándolos por el valor del tipo utilizado. Ello inyectaría dinero en la circulación en una economía que no produce lo suficiente para satisfacer las necesidades. Los incrementos salariales serían de tal magnitud que o los precios suben en la misma dirección o los bienes desaparecen del mercado. En su defecto, si los precios bajan al nivel actual de los salarios, implicaría un subsidio estatal insostenible o una deflación, la cual es, claramente, recesiva. Así las cosas, al parecer no existe una solución claramente viable, a menos que este proceso ocurra en el contexto de cambios fundamentales en el funcionamiento de la economía.

En tal sentido, para que la unificación monetaria pueda ser efectiva, es necesario que los mercados de bienes y servicios, de trabajo e inmobiliario funcionen adecuadamente. Sería deseable también el establecimiento de un mercado de capitales aunque ello podría no resultar urgente. El funcionamiento adecuado y relativamente libre (con las necesarias regulaciones del Estado para evitar prácticas monopolistas) permitiría el establecimiento de un sistema de precios relativamente libre que crearía las condiciones para el establecimiento de un tipo de cambio económicamente fundamentado. Y para ello es necesario permitir el establecimiento de empresas privadas nacionales y extranjeras, la libre contratación de la fuerza de trabajo (sin la intermediación del Estado para el caso de las empresas extranjeras que encarece el valor de la fuerza de trabajo al inversionista extranjero pero paga al trabajador nacional un bajo salario que no asegura la satisfacción de sus necesidades), la conversión de las actividades permitidas para el desarrollo de auto-empleo y empleo privado en una pequeña lista de actividades prohibidas, permitiendo el resto y sobre todo permitiendo que los profesionales puedan cobrar por servicios prestados de forma privada tarifas adecuadas a su nivel de calificación. Una apertura de esta naturaleza podría significar la migración de trabajadores excedentes en el sector estatal hacia otras formas no estatales de actividad económica, permitiendo elevar los salarios a los trabajadores que permanecen en el sector estatal. Por otra parte, resulta imprescindible que las llamadas “organizaciones políticas y de masas” se financien a partir de su propia membresía, sin que el Estado deba dedicar recursos públicos al sostenimiento de un aparato burocrático improductivo.

En las condiciones actuales de la economía cubana, con los recursos que actualmente tiene el país no parece posible que se produzca una unificación monetaria sin perdedores, lo cual no solo es políticamente indeseable sino humanamente irresponsable. Por ello, resulta imprescindible la adhesión de Cuba a los organismos multilaterales de crédito, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM), así como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y solicitar ante estos organismos créditos, cuya magnitud permita abordar la situación de la unificación monetaria y el establecimiento de la convertibilidad interna de la moneda, además del financiamiento de proyectos de desarrollo concretos. Estos recursos podrían constituir el respaldo inicial de la moneda nacional cubana convertible y el establecimiento de unas reservas internacionales, lo suficientemente holgadas para evitar una violenta devaluación del peso cubano, que afectaría, gravemente, el nivel de vida de la población.

A manera de resumen.

El 7º Congreso del PCC ha dejado claras algunas cuestiones conceptuales que parecería que marcarán el límite ideológico al proceso de cambios que en Cuba se ha llamado oficialmente “actualización del modelo socialista cubano”. Al mismo tiempo, continúa dejando en suspenso algunas cuestiones prácticas que el país debe resolver como parte de los cambios económicos necesarios para afrontar su proceso de desarrollo.

La composición de los órganos de dirección del Partido, parece reforzar la idea de que se ha impuesto la línea más ortodoxa, partidaria del mantenimiento del modelo de economía centralmente dirigida y de un sistema político totalitario, aunque, aparentemente se trate de dar una idea de unidad monolítica en cuanto a las concepciones estratégicas fundamentales. Por otra parte, dicha composición ha pospuesto el necesario rejuvenecimiento de la dirección del PCC, manteniendo en las posiciones claves del país a la llamada “generación histórica”, algunos de los cuales podrían no llegar con vida al siguiente congreso, con lo cual se hace evidente que no existe una transición generacional prevista de forma ordenada.

Las ideas centrales acerca de la “conceptualización del modelo” parecen definir el marco en el que pueden desarrollarse los cambios en la economía cubana, lo cual genera gran incertidumbre respecto al éxito probable de dichas medidas para encaminar a la economía cubana en una senda de desarrollo.

Por otra parte, el Congreso no avanzó sustancialmente en la definición de una estrategia de desarrollo para el país ni en la solución de los problemas económicos inmediatos m´s importantes. Los principales documentos que fueron examinados en la reunión serán sometidos a nueva discusión ante públicos más amplios, para después recibir la redacción definitiva por parte del Comité Central.

Mientras tanto, entre los aspectos positivos que se rescatan del Informe Central, se advierten: 1) el reconocimiento del papel que pueden jugar la empresa privada mediana, pequeña y la micro empresa, junto al trabajo por cuenta propia en el desarrollo económico; 2) la necesidad de dejar atrás los “prejuicios arcaicos” sobre la inversión extranjera directa; 3) la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, evitando los eufemismos; 4) el reconocimiento a la necesidad de un nuevo ordenamiento monetario que debería corregir los efectos nocivos del “igualitarismo”; 5) la necesidad de rectificar el fenómeno de la llamada “pirámide invertida” que no permite retribuir de manera justa y que el nivel de vida se corresponda con los ingresos legales de los ciudadanos; y 6) el reconocimiento de la necesidad de cambios en la organización del Estado y de las administraciones territoriales, entre otros.

Queda abierta la expectativa frente a los procesos que seguirán a partir del 7º Congreso y en el que se destacan, principalmente, el trabajo sobre la reforma constitucional y toda la actividad en torno al cumplimiento de los lineamientos y de la elaboración de la estrategia de desarrollo, pero sobre todo, ante la necesidad de dar pasos hacia la solución de los problemas económicos fundamentales del país en la actualidad.

Referencias.

Castro, Raúl (2016) Informe Central al 7º Congreso del PCC. https://www.youtube.com/watch?v=pCsw3_TBsqg

Pérez (2016) “El cubano espera la economía reflejada en su bienestar”. Entrevista concedida a Mario Vizcaíno Serrat. Palabra Nueva, febrero de 2016.

Rodríguez (2016) “Una mirada a la economía cubana: Resultados de 2015 y perspectivas de 2016. www.cubadebate.org

Una primera mirada a la economía cubana: Resultados de 2015 y perspectivas de 2016

[1] El tipo de cambio de las Casas de cambio (Cadeca) es de 24 CUP por 1 CUC en la compra y de 25 CUP por 1 CUC en la venta del CUC. Las empresas estatales funcionan con el tipo de cambio oficial de 1 CUC por 1 CUC, las empresas mixtas funcionan con un cambio de 2 CUP por 1 CUC, en la zona del Mariel funciona un tipo de 10 CUP por 1 CUC, los hoteles pagan a los campesinos a razón de 11 CUC por 1 CUC, entre otros.

About mauriciodemiranda

La Habana, 1 de abril de 1958. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciado en Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Profesor Titular del Departamento de Economía y Director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia.
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