La economía cubana ante una nueva crisis económica.

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En la reciente reunión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba, anunció un sombrío panorama para la economía cubana para el segundo semestre de 2016, siguiendo a un magro crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de sólo el 1,0%, la mitad de lo que se había previsto en el plan de 2016.

Se mencionan como causas principales: i) la disminución de los ingresos por exportaciones, ii) la caída de los precios del petróleo y del níquel, iii) los incumplimientos de la industria azucarera, iv) las dificultades de algunos socios comerciales por la caída de los precios del petróleo (que, en teoría beneficiaría a Cuba como importador de combustibles), v) la reducción de los suministros petroleros por parte de Venezuela, y vi) la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores respecto al pago de la deuda externa. A estas causas, unas de carácter coyuntural y otras de carácter estructural, se suma el ya consabido efecto negativo del embargo norteamericano (llamado bloqueo en el lenguaje oficial cubano) que, ciertamente, dificulta la realización de transacciones financieras y el acceso a ciertas fuentes de financiación.

La prensa oficial cubana publicó solo el discurso del presidente cubano en el que se anuncia la complicada situación económica del país, así como fragmentos de la intervención del vicepresidente del Consejo de Ministros y hasta el pasado día 13 de julio, ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, quien afirmó que “el país afrontaba una situación tensa de liquidez que conlleva a la ejecución de medidas económicas que permitan la reducción de los gastos en la economía…” Entre las medidas se anunciaron restricciones de pagos en divisas y una estricta administración de créditos a corto y largo plazos, así como un “ajuste en el consumo de los portadores energéticos durante los seis meses restantes de 2016, sin afectar el sector residencial”. Al mismo tiempo, se anunció que se mantendría el equilibrio monetario, el programa inversionista, así como el mantenimiento de los servicios vitales a la población.

La población cubana, en cambio, curtida por casi seis decenios de escasez, agravada en los últimos 25 años, en los que no se ha recuperado la etapa de relativa estabilidad que caracterizó el segundo lustro de la década de los 70’s y los primeros años 80’s, muestra signos de incredulidad. Ya son muchos años de promesas incumplidas sobre un bienestar que ha tardado varias generaciones en llegar y que cada vez se ve más lejano en el horizonte de vida de los cubanos residentes en la Isla.

A pesar de la falta de información estadística para hacer cálculos, debido a la típica opacidad informativa de las autoridades cubanas, cualquier economista sensato podría predecir que en el segundo semestre del año la economía cubana podría terminar contrayéndose y la tasa de crecimiento anual podría ser también negativa o cercana a cero. Este pronóstico se basa en diversos hechos, a saber: i) la insuficiente producción azucarera, ii) la reducción del horario laboral en varias empresas, debido a los cortes energéticos y en consecuencia, la caída de la producción, iii) la contracción de las exportaciones, iv) las mayores dificultades para asegurar las importaciones que garantizan la adquisición de bienes intermedios para la producción, así como la disponibilidad de bienes de consumo necesarios para la población y para el turismo, v) las severas dificultades económicas y políticas del principal socio comercial cubano (Venezuela) que podrían significar una contracción de los ingresos de divisas provenientes de la exportación de servicios médicos, y vi) la necesidad de mantener el cumplimiento de las principales obligaciones financieras con los acreedores, lo cual será un elemento adicional de restricción de divisas, entre otras.

Estas dificultades económicas no son nuevas. La economía cubana ha tenido un desempeño relativamente modesto en los últimos años, después de la más grave crisis económica de su historia, cuando entre 1990 y 1993 el PIB se contrajo en más de una tercera parte. Desde esa época, denominada oficialmente como Período Especial, la población cubana ha debido enfrentar grandes penurias, que van desde la disminución sustancial del acceso a alimentos, calzado, ropa de vestir y demás enseres necesarios para la vida corriente, la reducción significativa y pauperización del sistema de transporte público, y, sobre todo, la pérdida de la capacidad de satisfacer las necesidades más elementales de la vida cotidiana, debido a la introducción de la dualidad monetaria y la incorporación cada vez mayor de bienes y servicios esenciales en el llamado mercado emergente que funciona en divisas a unos precios inalcanzables para la inmensa mayoría de la población cuyos salarios, convertidos en divisas, resultan absolutamente insuficientes para adquirir dichos bienes y servicios.  Dicho sea de paso, ninguna de estas penurias fue sufrida por la élite política del país ni por sus respectivas familias.

Como es sabido, después de esa crisis se han producido dos procesos de reformas económicas parciales, el primero, entre 1993 y 1996 que estuvo orientado a evitar el colapso económico del país y el desmoronamiento del sistema político, pero que se paralizó cuando la economía comenzó a mostrar síntomas de una escasa recuperación, pero que no logró remontar los niveles previos a 1989, y el segundo, a partir de 2006, cuando Raúl Castro asumió las principales funciones de gobierno del país. Estas nuevas medidas han estado orientadas a elevar el ritmo de crecimiento económico a partir de la dinamización de la actividad económica por cuenta propia, así como la diversificación de las formas de propiedad, y un mayor estímulo a la inversión extranjera directa, y en general, han permitido la aparición de un mercado con grandes imperfecciones, entre ellas, una marcada información asimétrica, un excesivo control por parte del Estado que, en muchas ocasiones ha asfixiado el desarrollo de la iniciativa privada, incentivando la actividad económica informal, al tiempo que ha sido fuente de repetidos casos de corrupción administrativa.

Estos anuncios recientes, sin embargo, constituyen una crónica de una crisis anunciada. En realidad, las dificultades actuales de la economía cubana no se deben, fundamentalmente, a una situación coyuntural aunque puedan estar siendo agravadas por ésta sino a factores que asumen un carácter estructural.

De forma resumida, estos factores pueden ser los siguientes: 1) una estructura económica altamente dependiente de servicios que resultan transables internacionalmente solo en las condiciones determinadas por unas relaciones políticas especiales con Venezuela y otros países que, en condiciones normales no lo serían; 2) la obsolescencia de gran parte del aparato industrial del país, aun en manos del Estado cubano, 3) una insuficiente formación bruta de capital (menos del 10% en promedio en los últimos años) que limita seriamente la actividad inversionista, 4) una crisis demográfica latente, determinada por el envejecimiento paulatino de la población y la persistente sangría migratoria de jóvenes y de población económicamente activa, 5) una débil posición financiera externa, determinada por la profundización del déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, el insuficiente flujo de inversión extranjera directa y el insuficiente nivel de las reservas internacionales y 6) una insuficiente transparencia institucional, que no ha creado las condiciones para un incremento sustancial de la afluencia de inversiones que resultan imprescindibles para sacar a la economía del estancamiento.

Es cierto que la persistencia del embargo estadounidense sigue siendo un factor de restricción sobre la economía cubana, a pesar del relajamiento del mismo a partir de las medidas ejecutivas del presidente Obama. Sin embargo, ésta es una variable exógena que, ciertamente, no es la que explica, fundamentalmente, la larga crisis que padece la economía cubana.

Resulta llamativo que en el pasado 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, los debates se hubieran centrado en la “conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” y en el “plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030” cuando no se tienen resueltas las cuestiones fundamentales del día a día de la economía cubana y cuando el país está a las puertas de una nueva crisis severa. Esta situación indica o una gran miopía política de los dirigentes cubanos o una gran irresponsabilidad o ambas cosas.

La crisis debe ser afrontada con profundas reformas económicas y políticas que difícilmente acometa la actual dirección cubana porque dichas reformas, para que sean efectivas, reducirían, significativamente, sus actuales espacios de poder, los cuales no están dispuestos a ceder. Además, en el recientemente concluido 7º Congreso del PCC se hizo evidente que existen unos límites que los dirigentes cubanos no están dispuestos a traspasar y que se refieren, entre otros, al predominio de la llamada propiedad social (en realidad, propiedad estatal) en el sistema económico y el monopolio del Partido Comunista sobre el sistema político. Y ambos límites, constituyen serios obstáculos a una profunda reforma económica y política que permita relanzar el desarrollo económico del país.

Estas reformas necesarias pasan por el establecimiento de un mercado regulado pero transparente, al cual puedan acceder los actores nacionales y extranjeros en un adecuado marco legal, así como por la democratización del sistema político, para permitir el establecimiento de un efectivo control de la sociedad sobre sus representantes y sobre el gobierno, el cual debe rendir cuentas ante dicha sociedad, con todo lo que esto implica, eliminando el privilegio de un partido político, excluyente ideológicamente y carente de democracia interna, que se ha auto-asignado el rol constitucional de “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, con el que se coloca por encima de la sociedad misma.

Esto significaría, sin dudas, un suicidio como clase que, difícilmente, cometería una élite que detenta un poder totalitario y que carece de incentivos suficientes para abandonar dicho poder. Sin embargo, la dirección cubana debe ser consciente de que ya carece del suficiente capital político para conjurar una crisis social en el caso de que, debido a nuevas carencias y a un nuevo deterioro del nivel de vida de la población, se produzca un estallido de imprevisibles y nefastas consecuencias.

About mauriciodemiranda

La Habana, 1 de abril de 1958. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciado en Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Profesor Titular del Departamento de Economía y Director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia.
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