Pareciera que la Mesa Redonda de la Televisión Cubana se ha convertido en el vehículo más adecuado para conocer los detalles de las medidas económicas que adopta el gobierno cubano, ya que la prensa oficial reproduce los comunicados oficiales, que se reducen a someras reseñas carentes de información sustancial sobre el contenido de lo que se discute y se decide en las entidades de gobierno del país.

Hoy concurrieron la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss y la ministra-presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González para explicar las medidas que se adoptarán en sus campos respectivos en el contexto de la “estrategia económica y social para la recuperación”.

Medidas de política fiscal y de regulación de precios.

La ministra de Finanzas anunció un paquete de medidas entre las que se destacan: 1) Incentivos tributarios para los productores que generen fondos exportables y que reduzcan el coeficiente importado de sus producciones respectivas, 2) incentivos tributarios para estimular el desarrollo de actividades estratégicas, tales como la alta tecnología, las producciones agropecuarias, las fuentes renovables de energía y otros sectores “estratégicos”, 3) creación de Bonos Soberanos de deuda pública que contribuyan a financiar la actividad presupuestaria, y 4) descentralización de la gestión tributaria y de la ejecución presupuestaria, incrementando el nivel de autonomía de las entidades locales.

En la intervención de la ministra se afirma que el sistema tributario tratará de forma igual a las diferentes formas de propiedad, sin embargo las empresas estatales y sociedades mercantiles cubanas productoras de bienes y prestadoras de servicios con destino a las exportaciones (incluyendo a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel) tendrían una bonificación de entre 10 y 40% en el impuesto sobre utilidades (no se aclara cuál es el criterio para aplicar uno u otro porcentaje), las empresas mixtas y los contratos de asociación económica internacional recibirán una bonificación de entre 10 y 30% en el impuesto sobre utilidades, las cooperativas tendrían una bonificación de entre 5 y 20%, y los trabajadores por cuenta propia entre 5 y 15%. Dos cuestiones saltan a la vista, la primera es que pareciera que se adoptarán bonificaciones con carácter discrecional y esto no resulta recomendable si nos atenemos a requerimientos de transparencia y la segunda es que claramente, los rangos de las bonificaciones tributarias son mucho mayores en el caso de empresas estatales y en empresas mixtas y de asociación económica internacional y menores en el caso de cooperativas y trabajadores por cuenta propia nacionales.

Para las empresas de alta tecnología se aplicará un tipo impositivo del 15% para el pago del impuesto sobre utilidades, se les eximirá del pago del impuesto sobre las ventas y del pago de aranceles por concepto de importación de equipamiento y tecnología. Cuba lleva años desarrollando el llamado “polo científico” con notables avances en biotecnología. Sin embargo, en materia de “alta tecnología” hay mucho camino por recorrer en temas tales como acceso a internet, digitalización de procesos, desarrollo de las comunicaciones y los transportes que podrían ser desarrollados por formas “no estatales” de gestión y que sería muy provechoso estimular porque los avances del Estado en esos campos son lentos, costosos e ineficaces. ¿Estarían las actividades de alta tecnología abiertas a la iniciativa de esas formas “no estatales” de gestión y contarían con los beneficios tributarios mencionados?

Para las tierras ociosas o insuficientemente explotadas se concibe la generalización del impuesto por la ociosidad de la tierra e incrementar las cuantías de pago ya existentes, lo cual resulta adecuado.

Llama la atención el anuncio del objetivo de “disminuir la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social, a partir de identificar nuevas fuentes de financiamiento”. De esto no se dice nada más. En casi todo el mundo, la financiación de la seguridad social corre por cuenta del Estado, de las empresas y de los trabajadores, de forma compartida. Tiene lógica que eso sea así en Cuba también y así era hace muchos años cuando existía un “salario bruto” que incluía la cotización del trabajador a la seguridad social y un “salario neto” que resultaba de restar al salario bruto los descuentos de ley para la seguridad social. En los años 60’s los salarios quedaron reducidos a su valor neto creando la ilusión posterior de que el trabajador no contribuía a la seguridad social. Como todos sabemos, los salarios permanecieron inamovibles o con muy escasa variación durante casi dos décadas, al tiempo que se difundió la idea de gratuidad en los servicios sociales, especialmente la educación y la salud. Sin embargo, como es sabido, no es que sean gratis porque le cuestan a la sociedad y la sociedad somos todos, por tanto se pagan con el trabajo de la sociedad y se han convertido en bienes públicos, pero de todas formas deben ser financiados y se financian con el presupuesto del Estado. Es importante restablecer la condición de contribuyentes de los ciudadanos por lo cual muy probablemente sea necesario establecer una mayor variedad de impuestos y reducir otros, y que el sistema impositivo se base en criterios de progresividad y no asfixien la iniciativa y el emprendimiento, sino que lo estimulen, pero obviamente ello debe ir de la mano de un incremento de los niveles de ingreso a partir del trabajo.

La creación de un mercado de deuda pública a partir de la emisión de los llamados “Bonos Soberanos” es una medida que han utilizado los gobiernos desde hace más de cien años y bonos similares contribuyeron a financiar ambas guerras mundiales en muchos países y en otros contribuyeron a financiar proyectos masivos de inversión en infraestructura y desarrollo en general. En la actualidad son utilizados por muchos gobiernos para financiar su actividad inversionista. Esta medida está en la dirección correcta de fomentar el ahorro y la cofinanciación de proyectos de desarrollo del país.

La descentralización de la gestión presupuestaria, elevando el nivel de autonomía de las administraciones territoriales y locales se ajusta al espíritu de la “estrategia” arriba mencionada. En este sentido, resultaría muy conveniente que se diseñen impuestos de destinación específica para los entes territoriales y locales, de forma tal que no solo se dependa de las asignaciones centrales de recursos que se distribuyen a dichos entes territoriales. Para las entidades territoriales se abre el acceso a créditos bancarios u otras opciones de financiación de corto plazo, como es el caso de las Letras del Tesoro, así como el establecimiento de fideicomisos para financiar proyectos de desarrollo local y se crea la posibilidad de que los recursos que no se ejecuten en un período puedan quedar disponibles para ser ejecutados posteriormente.

Así las cosas, se anuncia una política fiscal orientada a priorizar la sostenibilidad fiscal por una parte y por otra a asegurar el desarrollo del Fondo de Inversiones que permita financiar inversiones desde el presupuesto del Estado, además de crear mecanismos tributarios que incentiven una serie de actividades definidas como estratégicas. Sin embargo, resulta importante destacar que los incentivos mencionados no aseguran un tratamiento equitativo a las diversas formas de propiedad en la intención de promover las exportaciones de bienes y de servicios.

Finalmente, resulta necesario mencionar que una fuente fundamental de ingresos presupuestales radica en la actividad empresarial en si misma. En la medida en que prosperen las empresas, en esa misma medida podrán contribuir con mayores recursos al presupuesto de la Nación, si el sistema de impuestos adopta un carácter progresivo. En las condiciones actuales con el déficit de ahorro que caracteriza a la economía cubana, el fomento del emprendimiento doméstico  y de la inversión extranjera, sin restricciones, es no solo bueno para el crecimiento económico y para el empleo sino también para la sostenibilidad fiscal. Por tanto, eliminar las restricciones que en la actualidad existen al desarrollo de empresas en cualquier forma de propiedad es una condición necesaria para encaminar al país en la senda del desarrollo.

Se hizo un capítulo aparte a la cuestión relacionada con los precios, ratificando la facultad del Estado para intervenir el mercado en los precios de ciertos productos “sensibles” de forma tal que no se permita la actividad de los revendedores y “la especulación”. Los revendedores aparecen cuando, en condiciones de escasez, existen precios en el mercado que resultan inferiores al nivel que permitiría equiparar la oferta y la demanda. En muchos países, el Estado regula ciertos precios como las tarifas de transporte público o la gasolina, para solo mencionar dos ejemplos. Sin embargo, para que ambas actividades funcionen esos precios deben ser remunerativos pero no quiere decir que dichos precios sean únicos. En el caso de la gasolina es frecuente ver que aunque el precio sea regulado, existen variaciones dependiendo de la compañía que ofrece el servicio (y normalmente compiten empresas privadas y estatales). Conceptos tales como “precios especulativos” o “precios abusivos” resultan claramente subjetivos y muy difíciles de determinar. Entonces, la solución no es establecer precios topados que estén lejos de las realidades del mercado sino crear las condiciones para que la producción crezca al punto de que se satisfaga la demanda. Es de esperar que el fomento de los mercados mayoristas más allá del mercado dolarizado contribuya a enderezar las inmensas distorsiones de los mercados de bienes y servicios que subsisten en la economía cubana. Probablemente, alguien pueda pensar que si un individuo compra veinte cajas de cervezas en condiciones de escasez quiera “acaparar” (a menos que esté organizando una fiesta multitudinaria, como una celebración de 15 años o una boda, por ejemplo) pero si ese comprador regenta un restaurante o un hostal, esa cantidad podría estar muy por debajo de sus necesidades para pocos días de actividad. La creación de un mercado mayorista sigue siendo una necesidad no solo con el uso de moneda libremente convertible sino también para el desarrollo de actividades que atiendan los mercados en pesos cubanos y en los llamados pesos convertibles y su creación para estos mercados continúa siendo una tarea pendiente.

El tema de los precios es crucial en toda economía porque los precios reflejan las señales del mercado pero al mismo tiempo le dan señales al mercado mismo. Uno de los más graves problemas de la economía cubana es que los precios están, en general, distorsionados, no reflejan adecuadamente los costos de producción porque tampoco los costos reflejan las condiciones reales de la economía y en ello influye de manera muy importante la existencia de una tasa de cambio sobrevalorada tanto del peso cubano como del llamado peso convertible con relación al dólar estadounidense, y a partir de allí con las demás divisas internacionales. Esta es una de las razones que explica la necesidad de unificar el sistema monetario y cambiario.

La parálisis de la unificación monetaria y cambiaria.

La ministra-presidenta del Banco Central de Cuba mencionó los objetivos de la política monetaria, de la política cambiaria y de la política crediticia del país en las actuales condiciones. Como objetivo de la política monetaria definió lograr la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y el equilibrio  macroeconómico; en la política cambiaria, lograr la convertibilidad de la moneda nacional y en la política crediticia, estimular el papel del crédito y la diversificación de la actividad crediticia. No se anunciaron medidas para lograr los objetivos de política monetaria y cambiaria y mucho menos sobre la tan mencionada y dilatada unificación monetaria y cambiaria. Sobre el tema de los créditos se habló sobre todo de intenciones más que de medidas concretas y sobre lo que sería necesario lograr antes de desplegar la política crediticia. Se hizo evidente que en estos campos no existe claridad acerca de como abordar los inmensos problemas que afectan tanto al sistema monetario como al sistema financiero del país, los cuales son cruciales para conducir al país a una trayectoria económica ascendente.

Entre los retos para el ordenamiento monetario, mencionados por la ministra-presidenta, se señalaron: 1) el perfeccionamiento de las herramientas técnicas para el cálculo de la liquidez necesaria para asegurar el equilibrio monetario; 2) el desarrollo del mercado interbancario para gestionar los desequilibrios de liquidez; 3) la implementación del mercado de deuda pública; 4) el diseño de un mercado cambiario en la medida que el peso cubano gane en convertibilidad y respaldo; 5) la ya adoptada eliminación del gravamen al uso del dólar estadounidense (que como ya se ha aplicado dejaría de ser un “reto” en realidad) y 6) aumentar el acceso al crédito.

En este último aspecto se concentró su intervención, haciendo énfasis en que es necesario abrir el abanico de créditos, es decir, ampliar los productos crediticios para fomentar la producción nacional. Se mencionó nuevamente la posible creación de un banco especializado en el fomento de la actividad agropecuaria; la necesidad de fortalecer el sistema de garantías de los créditos y de la ejecución de las mismas; así como de la necesidad de un programa de capitalización de la banca.

Esto último tema es crucial. En cualquier economía el sistema financiero es el que permite que el ahorro se canalice a la inversión, pero también fomenta el consumo futuro a partir de créditos que luego deben ser devueltos con intereses. Pero ¿cómo puede un sistema financiero captar recursos si los niveles de ahorro son insuficientes porque los ingresos de la mayor parte de la población no son suficientes para asegurar las necesidades fundamentales de su subsistencia? Para potenciar el ahorro es imprescindible potenciar el crecimiento, y por tanto, el crecimiento del ingreso disponible. Entonces, en la medida que se adopten las decisiones económicas adecuadas que permitan el despliegue de la producción de bienes y servicios, con independencia de las formas de propiedad, en esa misma medida el crecimiento del ingreso permitirá incrementar el ahorro y por tanto, la capitalización del sistema financiero.

Ahora bien, el sistema financiero cubano carece de las condiciones para desplegar suficientemente créditos de fomento que permitan el despliegue de la actividad económica doméstica. Esta situación, unida al hecho de que, estructuralmente, Cuba es un país que requiere importar ahorro externo, lleva a la necesidad de estimular la inversión extranjera directa o incrementar su nivel de endeudamiento externo.

El incremento del endeudamiento externo no parece la mejor opción, a menos que se produzca en condiciones concesionarias especiales, proveniente de instituciones multilaterales a las cuales Cuba no pertenece (aunque podría intentar regresar) y en las que Estados Unidos tiene capacidad de veto, el cual seguramente usaría su actual gobierno. Ya la deuda externa actual de Cuba es lo suficientemente nociva para la salud de las finanzas externas del país como para procurar un incremento del endeudamiento con los mercados internacionales de capital.

Así las cosas, la opción es atraer capital por la vía de la inversión extranjera directa (IED) y para ello no basta la Ley 118 de 2014, sino que resulta imprescindible adoptar una posición más abierta respecto a capitales foráneos que se dirijan no solo a los grandes proyectos de la llamada “cartera de oportunidades de inversión”, definida por el gobierno, sino también a pequeños negocios de producción de bienes y de servicios, así como a permitir la inversión de la banca internacional, la cual puede canalizar recursos de capital en la forma de inversión, no de préstamos, estableciendo sus sucursales en Cuba o fundando bancos en Cuba tanto extranjeros como con capital mixto. Sin embargo, para que la IED se convierta en una opción real, Cuba debe convertirse en un destino atractivo para la inversión y ello debe estar asociado no solo a facilitar los trámites y hacerlos expeditos, o a que los inversionistas cuenten con incentivos tributarios atractivos, sino que, de una forma esencial, se requiere la existencia de un marco legal e institucional transparente y estable, que se complemente con un sistema jurídico y de arbitraje independiente del gobierno, así como de la posibilidad de aprovechar la existencia de una fuerza de trabajo relativamente bien instruida y con gran capacidad de aprendizaje y que pueda ser contratada libremente por la empresa inversionista, que a su vez pague salarios remunerativos que, también dinamizarían el mercado de trabajo. Por otra parte, resultaría muy convincente que el gobierno cubano invitara, especialmente, a la emigración cubana a invertir en el país y a ser parte de su futuro, con todos sus derechos. Este sería un golpe demoledor a las fuerzas que, dentro de la emigración, favorecen las políticas de sanciones económicas, actualmente en vigor.

En las condiciones actuales, en las que se ha decidido re-dolarizar parcialmente la economía, pareciera alejarse la implementación de la unificación monetaria y cambiaria, cuestión que resulta prioritaria para evitar que subsistan las distorsiones generadas por la circulación de diferentes monedas y la coexistencia de tipos de cambio diferenciados que, además, expresan una sobrevaloración de la moneda nacional, es decir, que ésta vale más de lo que debería valer.

Así las cosas, el tema crucial radica en la determinación de una tasa de cambio que refleje los precios relativos de la economía nacional respecto a la economía internacional y que asegure, por tanto, la convertibilidad de la moneda nacional con las monedas de otros países. ¿Cuál debe ser esa tasa de cambio? Creo que nadie lo sabe, porque la tasa de cambio, a fin de cuentas, es un precio, es el precio de la moneda nacional expresado en unidades de moneda extranjera. Y el mercado suele establecer los precios mucho mejor y de una forma mucho más efectiva que la consideración subjetiva de ciertos funcionarios.

En cualquier economía de mercado cuando escasean las divisas y aumenta su demanda, suele depreciarse la moneda nacional. En cambio, cuando hacia un país fluyen cantidades crecientes de divisas por la vía de las exportaciones de bienes y servicios, o por las inversiones extranjeras, de forma tal que se superen las divisas que es necesario emplear en importaciones o en pagos de intereses por deuda externa, la balanza de pagos del país muestra un saldo superavitario, aumentan las reservas internacionales de divisas y se fortalece la moneda nacional porque aumenta la oferta de moneda extranjera, que necesariamente debe cambiarse a la moneda nacional para poder operar en el mercado doméstico. Esto no ocurre si el país posee mercados segmentados y si se opera en diferentes monedas porque la segmentación impide la creación de un verdadero mercado cambiario unificado y no existen condiciones para que en el mercado doméstico se concrete la correspondencia entre la oferta y la demanda de moneda nacional y de moneda extranjera.

La dolarización parcial adoptada recientemente puede ser comprendida ante la urgente necesidad de divisas en un país que ha visto reducidas al mínimo sus opciones de exportación de bienes y al que en los últimos cuatro meses no han ingresado turistas, cuyos gastos constituyen una de las principales fuentes de ingresos de divisas, y que además ha debilitado su estructura productiva al punto de requerir la importación de una amplia gama de bienes industriales y agrícolas que resultan imprescindibles para el consumo doméstico. Eso es una realidad. Pero al tomarse esa decisión se están generando otros problemas que cobrarán factura como ocurrió hace treinta años. No se va a poder adoptar un sistema monetario y cambiario único con la existencia de mercados segmentados funcionando con monedas diferentes. Como quiera que no se puede lograr la unificación del mercado cambiario, será muy difícil determinar una tasa de cambio debidamente fundamentada y las distorsiones seguirán creciendo y seguirán dolarizándose los precios de ciertos bienes pero no los ingresos por el trabajo, profundizando la brecha ya demasiado grande entre el costo de la vida y los ingresos de la mayor parte de la sociedad.

A los problemas económicos mencionados se une la cuestión política. ¿Quienes pueden acceder a estos mercados dolarizados? Quienes reciben remesas desde el exterior, quienes trabajen en el servicio exterior y ahorren lo poco que pueden con sus exiguos ingresos,  quienes desempeñen funciones de cooperantes y ahorren durante sus misiones, o quienes logren ganar suficientes ingresos por sus negocios como para acceder a las divisas de manera informal (con lo cual se desatará el mercado subterráneo de divisas a unos precios más altos de las divisas extranjeras, tal y como ya se está observando). La mayor parte de la población cubana no hace parte de esos grupos de personas, pero incluso asumiendo que las remesas se potencien (algo que resulta bastante difícil en las condiciones de la actual recesión mundial) y que muchos cubanos reciban divisas a través de familiares o amigos, se hace cada vez más evidente que el mejoramiento del nivel de vida y el bienestar material no se obtienen a partir del trabajo porque los ingresos que produce el trabajo son insuficientes para vivir y la forma de acceder a ciertas condiciones materiales es emigrando o recibiendo ayuda desde el exterior. Esto es, desde el punto de vista político y social, una bomba de tiempo de graves consecuencias.

Por estas razones es que resultan imprescindibles medidas radicales que apunten a dinamizar la producción de bienes y de servicios, y ello pasa por el despliegue de la iniciativa empresarial privada y cooperativa sin restricciones, junto a una actividad empresarial estatal descentralizada y eficiente, resulta imprescindible un arduo trabajo legislativo para crear los marcos legales e institucionales que garanticen el funcionamiento de una economía sin las camisas de fuerza que hasta ahora ha impuesto el control estatal y que se beneficie de la inteligencia colectiva de toda la nación cubana con independencia de su lugar de residencia, así como una posición clara del gobierno en pos de estimular la inversión foránea sin restricciones creando condiciones especiales para la cooperación productiva de la población cubana residente en el exterior, reconociendo a esta comunidad todos sus derechos ciudadanos.

A manera de resumen.

La crisis de la economía cubana ha sido agudizada por el impacto del coronavirus pero no es una crisis coyuntural sino estructural y además de los problemas asociados al endurecimiento de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, han estado gravitando, de forma persistente, una serie de problemas internos que están relacionados con errores de política económica, así como con dogmas ideológicos que han frenado la adopción de medidas radicales que apunten a una modificación de la estructura económica y que conduzcan a un mayor bienestar de la sociedad. Todo esto, en mi opinión, requiere de un nuevo consenso social que debe ser construido colectivamente.

Foto tomada de Foto Premium