En las escenas finales del filme-poema cubano “Suite Habana” (2003), del realizador Fernando Pérez, se relatan los sueños de cada personaje, todos ellos reales. El sueño de Francisquito era “subir a las alturas”; el de su papá era “no faltarle nunca a Francisquito”; el de Norma “era encaminar a Francisquito para que no sea una carga para nadie”; el de Waldo “tener salud para vivir”; el de Ivan “actuar en un gran escenario”; el de Raquel “viajar para regresar”; el de Heriberto “ser músico en una orquesta”; el del médico Juan Carlos “ser actor”; el de Jorge Luis “reunir a su familia”; el de Julio “tener cada noche un traje distinto”; el de Ernesto “arreglar la casa para que su mamá viva cómoda y ser un gran bailarín”; mientras que Amanda, obrera textil retirada, que vendía maní para sobrevivir, ya no tenía sueños. Esa escena de Amanda con los cucuruchos de maní bajo la lluvia, parte el alma.

La reciente decisión del gobierno cubano de establecer la unificación cambiaria en medio de un proceso de re-dolarización parcial de la economía cubana, vino acompañada de una reforma de salarios y pensiones, así como de precios y de tarifas. A todo este conjunto de medidas se le ha llamado, eufemísticamente, “La Tarea Ordenamiento”.

De acuerdo con esa “Tarea Ordenamiento”, el nuevo tipo de cambio unificado se establece en 24 pesos cubanos (CUP) por dólar estadounidense (USD), mientras que los salarios aumentarían, como promedio, en 4,9 veces, y las pensiones de jubilación alrededor de 5 veces (aunque ya estaban profundamente deprimidos tanto unos como las otras, frente al coste de la vida que se ha venido incrementando sustancialmente desde la crisis de 1990-93). La canasta básica de bienes y servicios “de referencia” se ha calculado en 1.528 CUP (sería muy útil conocer en profundidad este cálculo porque sólo se ofreció una información demasiado agregada sobre el costo estimado de bienes y servicios) y a partir de esto se ha establecido el salario mínimo en 2.100 pesos (que resulta de aplicar al valor de la canasta básica un factor de multiplicación de 1,3 más un 5% de contribución a la Seguridad Social, aproximando hacia arriba) y se formuló una  escala salarial de 32 niveles, con un valor máximo de 9.510 CUP. Así las cosas, el salario mínimo sería equivalente a 87,50 USD y el máximo a 396,25 USD.

Mientras tanto, los montos de las jubilaciones se establecieron en seis niveles, entre 1.528 CUP y 1.733 CUP, los primeros cinco niveles reajustan las pensiones que estaban entre 280 CUP y 500 CUP y a quienes recibían una pensión superior a 501 CUP se les estableció un monto de 1.528 CUP más el valor anterior. Así las cosas, una persona con una pensión de 500 pesos recibirá 1.733 pesos mientras que otra con 501, recibirá 2.029 pesos. De una diferencia de 1 peso se pasa a una diferencia de 296 pesos. La inmensa mayoría de las pensiones quedan por debajo del salario mínimo, a pesar de que una parte de esos pensionados actuales, cuando trabajaban, tenían salarios en torno al salario promedio o incluso salarios altos.

Se ha informado que, como promedio, los precios en el comercio estatal subirán 1,6 veces mientras que el aumento de los precios en el sector no estatal “solo se permitiría”, como promedio, hasta 3 veces. Mientras tanto, se anunció un incremento considerable de las tarifas eléctricas, pero días después fueron rectificadas a la baja por decisión del gobierno, ante las protestas expresadas por la población.

Según el discurso oficial, la población en general se beneficia de este “ordenamiento” porque sus ingresos aumentan más que los precios o tarifas. Sin embargo, no se está tomando en cuenta que una gama importante de bienes ya se estaba comercializando en las llamadas Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD) a precios, primero en dólares estadounidenses (USD) y luego en los llamados pesos convertibles (CUC), que estaban muy lejos de las posibilidades de los consumidores cubanos con los niveles de ingresos que obtenían por sus salarios. A dichas tiendas accedían, fundamentalmente, los turistas, los cubanos residentes en el exterior, los diplomáticos y personal técnico radicado en el país y los residentes cubanos que recibían remesas de sus familias en el exterior o que tenían ingresos en CUC debidos a su actividad por cuenta propia. En la lógica de los funcionarios, estos precios no se alteran, porque al estar denominados en CUC, simplemente se multiplican por 24. Sin embargo, la realidad es que aunque no se modifiquen ya estaban a unos niveles inaccesibles para las personas que viven de sus salarios en alguna empresa estatal o unidad presupuestada, o de sus pensiones.

Por otra parte, la idea peregrina de controlar el mercado, a punta de precios topados, es ya un error de partida porque lo único que logra es reforzar la escasez.

En medio de todo esto, quienes llevan la peor parte son los jubilados. En Cuba existen alrededor de 1,7 millones de jubilados, algunos de ellos se han re-contratado para poder obtener ingresos adicionales. La mayor parte de los pensionados de hoy han realizado importantes contribuciones al país y asumieron, con estoicismo, una alta cuota de sacrificio personal. Muchos lucharon en la guerra revolucionaria o en la clandestinidad, otros se incorporaron rápidamente a las tareas que les impuso su tiempo (campaña de alfabetización; sucesivos “trabajos voluntarios” en la agricultura, zafra azucarera y construcciones, así como noches sin dormir por guardias en centros de trabajo y barrios); padecieron la escasez generalizada de bienes; se abstenían de consumir bien para mejorar el consumo de sus hijos; deterioraron su salud por una altísima consagración al trabajo; y perdieron sueños de vida pospuestos por un ideal que ya es, en la actualidad, una quimera. Ellos mismos y otros se consagraron laboralmente en la educación, la salud, la ciencia, la cultura, la defensa del país, la industria, la agricultura o los servicios, intentando construir ese país mejor que tantos hemos soñado pero que cada día se hace más lejano. Ellos son los jubilados de la Revolución.

Para cualquier economista es claro que el sistema pensional tiene que ser sostenible. Los sistemas privados en América Latina han demostrado su inviabilidad para el pensionado y son un negocio lucrativo para los fondos de pensiones y las aseguradoras. Sobre estos temas, el profesor Carmelo Mesa-Lago ha escrito muchísimo y de mucho valor para que repensemos en Cuba como estructurar un sistema pensional adecuado, que realmente le de seguridad a las personas que han dedicado su vida a trabajar y que al mismo tiempo sea sostenible financieramente. El sistema pensional cubano está muy lejos de una y otra condición. Sin embargo, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, es necesario abordar este tema de una forma distinta a como lo ha hecho el gobierno cubano. Todo ello debe hacerse partiendo de la realidad de un país subdesarrollado, pobre y cuya población envejece, como resultado de tres factores principales: 1) el aumento de la expectativa de vida, 2) la disminución de la tasa de natalidad y 3) el aumento de la emigración de la población joven.

El sistema pensional cubano tiene un desfase considerable frente al incremento sostenido del coste de la vida. Desde los años 60’s, cuando los gobernantes cubanos comenzaron a desconocer las leyes económicas, cargaron las pensiones al presupuesto del Estado. En los aquellos años, todos los trabajadores cubanos tenían asignado un salario bruto y percibían directamente un salario neto que resultaba de descontar al salario bruto el aporte a la seguridad social. Por decisión del gobierno cubano, todos los salarios quedaron establecidos en los niveles netos y con ello el sistema pensional empezó a depender del presupuesto. Cuando en aquellos años se eliminaron hasta los presupuestos, los que se pensionaban recibían su dinero, de acuerdo a las tarifas de entonces, directamente del Estado, como resultado de la emisión de papel moneda. Eran los tiempos en los que las finanzas y la contabilidad no importaban. Estas y muchas otras cosas más, fueron reconocidas como errores por Fidel Castro en su Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 1975. Posteriormente, se restablecieron los presupuestos pero no se replanteó profundamente el sistema de pensiones, hasta que nuevamente se establecieron las contribuciones empresariales a la seguridad social.

La crisis de 1990-93 no solo produjo una caída considerable del PIB, sino una gran escasez de bienes y de servicios, así como una profunda devaluación del CUP en el mercado negro (sin que se corrigiera el tipo de cambio oficial, lo cual fue un grave error de los gestores de política económica). La vida se encareció significativamente, mientras tanto, no se rectificaron los salarios ni las pensiones. En el estudio de la CEPAL sobre la economía cubana en los años 90’s se calculó que en el mercado informal (donde casi todos los cubanos debían completar sus necesidades más elementales, los precios crecieron, de forma acumulada entre 1990 y 1993, en un 458,2% (CEPAL, 1997. Cuadro III.1 y 1999: Cuadro 1), mientras tanto, los salarios y las pensiones se mantuvieron sin variación. Años después se hicieron varias reformas salariales y ajustes en las pensiones en las que, de manera general, el valor real del ingreso de las personas en lugar de crecer, descendió, como resultado de un incremento del coste de la vida superior al incremento de los ingresos.

En un interesante trabajo publicado en 2008, en la conocida revista Nueva Sociedad, Mesa-Lago, mencionaba que el costo de las pensiones, como proporción del PIB había aumentado en Cuba, entre 1986 y 2006, de un 4,6% a un 6,3% del PIB. En 2019, seguía siendo un 6,3% del PIB (ONEI, 2020). Por otra parte, en dicho artículo, afirmaba que la pensión promedio en 2005 era de 179 pesos (equivalente a 9 dólares), mientras que la pensión mínima, que era de 150 pesos (7,50 USD), la recibían la mitad de los pensionados y para entonces la suma de gastos relacionados con la canasta de bienes normados en la libreta de abastecimiento, el costo mensual promedio de electricidad, el costo del transporte, los gastos de teléfono y agua, oscilaba entre 60 y 115 pesos, y con lo restante debían acceder a adquirir los demás bienes necesarios en los mercados agrícolas o los servicios, donde los precios excedían claramente sus recursos disponibles (Mesa-Lago, 2006). A esto debe añadirse la dificultad que tienen las personas ancianas de Cuba para enfrentar las penalidades de la vida cotidiana, con fuerzas físicas mermadas.

Es evidente que la situación pensional en Cuba es insostenible, pero también es insostenible la situación económica en general del país, que entre 2010 y 2020, tuvo un crecimiento promedio anual del 0,8% en el PIB, mientras que entre 2015 y 2020 la variación fue de -0,5% promedio anual (1). La razón matemática entre trabajadores activos y pensionados, que Mesa-Lago (2008) calculaba que había descendido de 3,7% a 3,1% entre 1986 y 2006, en 2019 fue de solo 2,7% (2).

Las pensiones actuales son insuficientes e injustas. Han sido niveladas por lo bajo y calculadas a partir de un supuesto valor de la canasta básica que podría ser muy discutible si consideramos las condiciones normales de la vida moderna, que no son las que existen en Cuba. Es injusto y además, lejano al ideal del Socialismo, que su recompensa, después de trabajar en muchos casos más de tres décadas de sus vidas perciban un ingreso por debajo del salario mínimo del país. Esto sería condenarles a una condición de pobreza. De hecho, si consideramos el umbral internacional de pobreza que ha establecido el Banco Mundial en 2 USD diarios, la mayor parte de los jubilados cubanos estarían rozando esa línea (los niveles de pensión inferiores a 501 CUP en 2020, quedarían entre 2,12 y 2,40 USD diarios en las pensiones a partir de 2021). Sin embargo, la realidad es que la tasa de cambio oficial de 24 CUP por un USD ya está muy por debajo de la cotización real de la divisa estadounidense en el mercado subterráneo, lo cual, en la práctica reduce las cifras anteriores, de manera considerable.

El país está en crisis y existe una fuerte tensión en el presupuesto del Estado en el que, en 2021, los ingresos al sistema de seguridad social cubrirán solo el 65% de los gastos, generando un déficit del sistema de 11.549 millones de CUP, sin embargo, resulta necesario reconsiderar el nivel de las pensiones actuales. Tal y como se ha expresado antes, la fórmula es injusta porque en primer lugar establece los niveles de las pensiones por debajo del salario mínimo, y además, porque impone un salto considerable entre el quinto y el sexto nivel de pensiones, mientras que la diferencia es mínima entre los primeros cinco niveles. Por otra parte, también resulta injusto que quienes se han pensionado con mayor anterioridad cuando sus salarios eran mucho más bajos a los actuales y el coste de la vida también, no se beneficien de una corrección de su pensión a partir, al menos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Es injusto que profesionales y técnicos cubanos que hoy tienen 70 u 80 años o más, y que trabajaron más de 30 años con salarios que variaron muy poco en ese tiempo, tengan jubilaciones actuales en niveles mínimos cuando otros que empiezan a jubilarse ahora, lo harán con pensiones más altas por el simple hecho de haberse beneficiado de reformas salariales. Y también es injusto que esas personas que lo dieron todo por el proyecto de país que inspiró la Revolución Cubana, tengan que vivir con ingresos inferiores al salario mínimo que es el que se paga por el menor nivel de complejidad en el trabajo. Esta decisión burocrática está muy cerca del puro “economicismo” y muy lejos de la justicia social.

Esta, como muchas de las decisiones recientemente adoptadas por el gobierno cubano, a pesar de la constante alusión al profundo estudio que las precedió (en algunos casos casi diez años, aunque no estemos seguros de que el estudio haya durado todo ese tiempo, sino más bien parece que estaban durmiendo el “sueño de los justos”), muestra, al parecer, un cierto nivel de improvisación. El establecimiento de un tipo de cambio a un nivel que no refleja en realidad las condiciones de precios relativos ni de competitividad internacional, ni las condiciones del mercado doméstico de divisas y que, por tanto, parece estar lejos de su nivel de equilibrio, es una muestra de una decisión equivocada en la que no se aplicó un análisis económico debidamente fundamentado. El caso de las tarifas eléctricas en el que tras las críticas de la población, hubo que rectificar a solo unos días de haberlas establecido, está demostrando improvisación por parte de quienes han adoptado medidas económicas que afectan a millones de personas que, además, llevan décadas asumiendo una cruenta lucha por la subsistencia. Rectificar las pensiones de los Jubilados de la Revolución, es lo que, en justicia, el país y las nuevas generaciones de cubanos les deben a esas personas que están en el ocaso de sus vidas.

En tal sentido, debería producirse una reforma general del sistema de pensiones combinando la justicia social con la sostenibilidad financiera. Sin embargo, de momento, es necesario solucionar la situación crítica en la que se encuentra la mayor parte de los pensionados en las condiciones actuales y que no se solucionan con esta reforma. El sistema actual de pensiones (Ley 105 de Seguridad Social de 2008) establece un régimen general que fija la cuantía de las pensiones ordinarias en el 60% del promedio de los mejores cinco años entre los últimos 15, más un 2% por cada año trabajado sobre los 30 que establece la ley. Muy probablemente, en las condiciones actuales, muchos trabajadores cercanos a su edad de jubilación esperarían a completar cinco años con los niveles de salario actuales (que incluso podrían indexarse de acuerdo al costo de la vida), pero ese no es el caso de los pensionados que superan los 70 u 80 años y en los que cualquier promedio con los niveles anteriores de salario sería bajísimo. Por tanto, para estas personas, los jubilados de la Revolución, se podría establecer un régimen especial que determine el monto de la pensión como el 60% de lo que ganaría si estuviese trabajando, sin considerar los incrementos del 2% anual que la ley establece por cada año adicional que supere los 30 años de trabajo (como compensación al no uso de promedios con niveles muy bajos). Así por ejemplo, una maestra jubilada hace veinte años después de 35 años de servicio y con título universitario, en el nuevo sistema tendría un salario de 5.060 CUP. El 60% de esta cifra serían 3.036 CUP. Muy probablemente, la pensión de esa maestra por el sistema adoptado recientemente estaría en los más bajos niveles de pensión actuales (1.528 o 1.578), que equivalen a un nivel límite inferior del coste de la vida. Para el caso de los pensionados cuya actividad laboral estaba ubicada en los niveles más bajos de complejidad, y a quienes el cálculo del 60% del nivel actual en el que se establecería su actividad no alcanzara a los 1.528 CUP de la canasta básica, podría establecerse ese nivel mínimo. Podrá decirse que muchos pensionados en Cuba viven con otros familiares que trabajan, pero no es el caso de todos ni tampoco resulta justo con ellos que después del esfuerzo de toda una vida tengan que ser mantenidos por sus hijos o nietos.

Ahora bien, ¿cómo puede el Estado incrementar sus ingresos o reducir los gastos para acometer las medidas sociales necesarias que son de su responsabilidad? Resulta necesaria la adopción de las normas correspondientes para estimular el emprendimiento y la creación de empresas de producción y servicios, privadas y cooperativas. Esta medida, aun “en estudio”, no se ha adoptado y podría contribuir, significativamente, a la recuperación de la actividad económica, a la reorganización del mercado de trabajo y del empleo y, además, contribuiría a incrementar los ingresos del presupuesto por medio de impuestos y de contribuciones a la seguridad social. Además, sería necesario incrementar el porcentaje de descuento de los salarios brutos y de los aportes de las empresas para contribuir al fondo de la seguridad social, realizando los cálculos actuariales necesarios para establecer los niveles adecuados de contribución. Adicionalmente, la aparición de un pujante sector productivo y de servicios no estatal, debería ir acompañada de la racionalización del aparato del Estado, eliminando cargos superfluos que, además de fortalecer la densa burocracia, son una excesiva carga para el erario público. En este sentido, el Presupuesto del Estado debería dejar de asumir el pago de salarios de los funcionarios de organizaciones políticas y sociales, las cuales deberían funcionar de forma autosuficiente y ser pagados directamente por esas organizaciones, como ocurre en cualquier otro lugar del mundo que no son países con sistemas de Partido-Estado.

Los jubilados de la Revolución, mujeres y hombres que hicieron una contribución significativa a Cuba, con un inmenso sacrificio personal, pero estimulados por la esperanza de construir un mejor país para las generaciones venideras, merecen ser tratados con justicia y con dignidad, para que puedan recuperar, al menos, algunos de sus sueños.

(1) Cálculos con base a cifras de la ONEI (varios Anuarios Estadísticos de Cuba)

(2) Ibídem.

 

Referencias:

CEPAL (1997) La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa. Fondo de Cultura Económica, México.

CEPAL (1999) Cuba: evolución económica durante 1998. LC/MEX/R. 712, 31 de mayo de 1999.

Colina Hernández, Henry (2020) Sistema de pensiones de la seguridad social en Cuba: un debate presenta para el futuro. Friedrich Ebert Stiftung. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/16174.pdf

Mesa-Lago, Carmelo (2006) ¿Es viable terminar con medio siglo de racionamiento en Cuba? Revista Vitral, Año XIII, Número 74.

Mesa-Lago, Carmelo (2008) La carga creciente. Nueva Sociedad, Número 216, Julio-Agosto, 2008. https://nuso.org/articulo/la-carga-creciente/

ONEI (varios años) Anuario Estadístico de Cuba. http://www.onei.gob.cu/

Imagen de la señora Amanda Gautier, personaje del filme “Suite Habana”, del realizador Fernando Pérez. Foto: Chris Erlang. Tomada de https://www.periodismodebarrio.org/2020/02/los-anos-duros/