El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba ha publicado, finalmente la lista de actividades prohibidas para el desempeño del trabajo por cuenta propia. Cuando se habló de que se construiría solo este tipo de listado, permitiendo el resto, muchos economistas que veníamos sugiriendo esto desde hacía tiempo (con la consideración de que solo debía prohibirse unas pocas, entre ellas las relacionadas con el narcotráfico y otras lesivas a la dignidad humana, a las que seguramente se añadiría algunos sectores que para muchos de nosotros no debían estar en esa lista, pero que era de esperarse dadas las características que define la concepción del mundo de muchos de los dirigentes cubanos.
En la Mesa Redonda del 9 de febrero, el ministro de Economía, Alejandro Gil, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, se ufanaban de que de acuerdo con el Calificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se permitía el desempeño de más de 2.000 actividades en forma de Trabajo por Cuenta Propia (TCP). Sin embargo, se prohiben 127 actividades. Tanto Gil como Feitó insistieron en que estas medidas no eran improvisadas, sino el resultado de importantes consultas que incluyeron también a académicos. No se a quienes consultaron ni cuál fue la profundidad de la consulta, pero después de las reconsideraciones de algunas de esas medidas relacionadas con precios y tarifas (no han reconsiderado otras relacionadas con la jubilación) si parece que ha habido improvisación o al menos muchos errores en la concepción de dichas medidas.
 
Sigue imperando la lógica de no hacer reformas estructurales profundas que conduzcan a una senda de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar de la población, sino de ir abriendo poco a poco algunas cosas y apretando el control sobre otras, aparentando que hacen cambios importantes cuando en realidad son solo cambios cosméticos y en algunos casos, franco retroceso. Y sigue la lógica de mantener, por encima de todas las cosas, el control sobre la sociedad. ¿Qué queda de aquella frase de Engels en Antidühring de que el socialismo era “una asociación libre de productores”?
 
En la lista de actividades, claro que hay muchas que no pueden ser realizadas por TCP (explotación de minas y canteras o exploración petrolera, para solo mencionar dos ejemplos) debido a la magnitud de las actividades y a los requerimientos de capital, pero si podrían ser desarrolladas por empresas privadas. Y aquí está uno de los principales problemas.
 
No debería pasar inadvertido que dentro de las actividades prohibidas, están la edición y maquetación de libros, tabloides, periódicos y revistas en cualquier formato o soporte, lo cual dejaría al periodismo independiente y a los portales con formato de revistas en la ilegalidad, lo cual es inadmisible y contraviene los derechos reconocidos en la Constitución. Se prohibe la actividad de periodismo independiente. También se prohiben la producción audiovisual y cinematográfica, las grabaciones y ediciones musicales por cuenta propia, así como las actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, las artes plásticas, el cine, etc. Se prohiben las actividades inmobiliarias, se prohiben las actividades jurídicas y de contabilidad, así como las de arquitectura e ingeniería, se prohibe la investigación científica privada! (Qué diría Galileo Galilei), se prohiben las agencias de viaje y los operadores turísticos. Esta es una decisión retrógrada pero movida además por motivos políticos con la intención de callar las críticas que sistemáticamente se hacen a la gestión gubernamental desde el periodismo independiente. En estas decisiones quedan bien precisas las  camisas de fuerza que siguen frenando el desarrollo de negocios lícitos en los que podían desplegarse habilidades profesionales. Adicionalmente, y no menos importante, se condena a la ilegalidad a quienes desarrollan actividades periodísticas y culturales por fuera de las estructuras del control ideológico del partido comunista y todo ello a pesar de que hace solo dos años se proclamó una Constitución que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión (Artículo 54), la libertad de prensa (Artículo 55), entre otros. Pareciera que en Cuba no es verdad que la Constitución es la Ley Suprema de la República.
 
Muchos economistas hemos insistido en que en las medidas adoptadas por el gobierno cubano hay problemas relacionados con la secuencia y con la profundidad de las mismas, además de que algunos consideramos que ciertas medidas han sido incorrectas.
 
A pesar de que en julio de 2020 se habló del tema de pequeñas y medianas empresas (PYMES) de diversas formas de gestión (se evita hablar de “privados” que pareciera algo maldito), nada se ha hecho en torno a esto y por allí debieron comenzar. Por otra parte, si la ley de inversión extranjera permite el desarrollo de empresas privadas de capital totalmente extranjero, sin limitaciones de dimensión, ¿por qué no se permite lo mismo para el capital privado nacional? ¿Es que el “socialismo cubano” se encuentra cómodo funcionando con capitalistas foráneos y no con capitalistas nacionales? Es solo una pregunta.
 
La ministra Feitó dijo en su intervención que “la comercialización es responsabilidad del Estado”. ¿Por qué, señora ministra? Llevan 62 años haciéndolo mal. En una gran medida, la escasez generalizada de bienes en Cuba, que ya es un mal crónico en el país, se debe a que no se producen suficientemente los bienes que necesita la población para su consumo (valdría la pena abrir un amplio debate acerca de por qué ocurre esto) y entonces es necesario importar y el Estado carece de divisas para hacerlo. Pero en pocos países del mundo, el Estado es el que importa bienes de consumo, eso lo hacen las empresas, y en la mayor parte de países, se trata de empresas privadas (no me refiero a empresas de un solo dueño sino al concepto de empresa privada en su más amplia acepción).
 
No, no estoy proponiendo la restauración del capitalismo en Cuba. Hacia la restauración del capitalismo, subdesarrollado y “salvaje” nos podría llevar la metamorfosis del tipo de socialismo burocrático que los gobernantes cubanos se empeñan en conservar con reformas insuficientes y poco profundas y con  inmovilismo que condena al país a la profundización de la pobreza, a lo que se suma un sistema político totalitario esclerosado.
 
¿Qué tanto más debe ocurrir para que se adopten medidas que tengan como propósito real mejorar el bienestar de la población? Un Socialismo sin bienestar está muy lejos de la idea que inspiró a los fundadores de esa corriente de pensamiento. El derrumbe del “socialismo realmente existente” en Europa Oriental se debió a que, como sistema, no logró construir sociedades libres con bienestar económico.
 
Estas decisiones, contra las que no existen mecanismos legales para cuestionarlas de forma efectiva, más allá de la crítica pública, es que en Cuba se hace necesario, además de una profunda reforma económica, una no menos profunda reforma del sistema de gobierno y de sus instituciones, que conduzca a una verdadera democracia, porque en un sistema democrático, con un parlamento libremente elegido, no importa si se dispone de mayoría o no, se podría interpelar a un ministro o al gobierno en pleno por sus políticas erradas. En un parlamento libremente elegido se podría disponer de una iniciativa legislativa real. Y en un sistema democrático existirían los mecanismos que permitirían exigir la rendición de cuentas a quienes deben hacerlo, porque no están por encima del pueblo sino a su servicio.
 
Estamos tarde para reconocer que si el socialismo no viene acompañado de la democracia, tal y como exigía Rosa Luxemburgo, resultará falso y sobre todo, no responderá a los anhelos de emancipación que lo inspiraron.
Imagen tomada del periódico digital Diario de Cuba.